La trata de personas crece en el país y, con ella, aumenta el riesgo de operaciones de lavado de activos que pretenden hacer parecer como legítimos los fondos obtenidos por esta actividad.
Entre el 2017 y 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 105 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) cuyo delito precedente es la trata de personas, en el primer año se registraon solo ocho mientras que en los dos últimos ascendieron a 22 y 19, respectivamente. Dicho número de reportes involucraron alrededor de US$ 40 millones.
Las principales causas que influyen en un bajo nivel de detección de los flujos financieros ilícitos provenientes de la trata de personas es el constante uso de efectivo y la extensión de los pagos mediante aplicativos móviles que no llegan al umbral de alerta ordinario de la UIF, dijo Carlos Romero, de CHS Alternativo citando un estudio realizado por Scotiabank.
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“El uso de cash dificulta la identificación y reporte de de las operaciones, y la recurrencia a aplicativos virtuales está permitiendo el denominado pitufeo, el movimiento de múltiples montos muy reducidos entre S/ 100 y S/ 200, por debajo del umbral de alerta de la UIF”, explicó.
Si bien este delito se está expandiendo y es visible en la ciudad, por ejemplo a través de la explotación sexual, no se ve totalmente reflejado en las operaciones sospechosas registradas pues apenas equivale a 0.12% del número y 0.02% del monto total de ROS en el periodo analizado, comentó Romero.
Rentabilidad
Segun la asociación CHS, que se basa en datos de un informe de Konrad Adenauer, las economías criminales representan un total de US$ 9,805 millones en el Perú, siendo lideradas por la minería ilegal de oro (US$ 4,000 millones), seguidas por la trata de personas (US$ 1,300 millones) y el narcotráfico (US$ 1,208 millones).
Así, calificó el caso del Tren de Aragua como la economía criminal más rentable de lavado de activos vinculada a la trata de personas en el país. “Ante la desorganización en las calles, ellos tienen la capacidad de entrar a una plaza y dominarla, sin dudar en ejercer poder para hacerse respetar”, indicó.
Sostuvo que no solo perjudica a las personas víctimas de trata sino a quienes trabajan en otras actividades cerca de sus zonas de dominio como bodegas, pollerías, chifas u obras de construcción civil. Además, están asociadas con otras figuras delictivas como minería o tala ilegal y el narcotráfico, acotó.
También refirió que las ganancias ilícitas se reinvierten en nuevos negocios fachada para desarrollar actividades de explotación sexual, así como en la compra de vehículos e inmuebles.
Además, las organizaciones criminales internacionales envían remesas a su país de origen; una hipótesis que se maneja con el Tren de Aragua es que derivan dinero a la frontera de Colombia para ser llevado finalmente a Venezuela, comentó Romero durante su participación en la Semana de Prevención del Lavado de Activos organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Para Romero,el bajo riesgo de aplicación de la ley penal y escaso costo de operaciones de las organizaciones dedicadas a la trata de personas explican la elevada rentabilidad del lavado de activos vinculado a este delito.
“Hay mucha corrupción y una amplia impunidad, solo el 7% de las denuncias de trata de personas conllevan una condena, porcentaje que apenas llegaba al 4% en el 2019″, expresó.
Bancos
Romero anotó que los sujetos obligados que comunicaron el mayor monto de operaciones sospechosas de lavado de activos relacionadas con trata de personas fueron los bancos con US$ 35 millones (88%), aunque las que lideran el ranking en número de ROS son las empresas de transferencias de fondos (ETF).
Por regiones, Piura concentró un cuarto de los montos denunciados, seguida por la capital limeña y Lima provincias con la quinta parte y, algo lejos, Arequipa con 6%, enumeró.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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