Demanda de amparo contra venta de Telefónica: ¿reclamo legítimo o presión negociadora?

“Estamos ante una demanda de amparo, y cuando se trata de este tipo de procesos, lo fundamental es la protección de un derecho constitucional, en este caso, el derecho a la propiedad”, señaló Pierino Stucchi, socio del estudio Stucchi Abogados. Así explicó que, en el contexto de los tenedores de los bonos de Telefónica de 2019, lo que está en juego son derechos de cobro, por lo tanto, cualquier acción que los afecte podría constituir una vulneración a ese derecho constitucional. “No me pronunciaré sobre lo que dice o no dice la ley en este caso, porque el amparo está por encima de cualquier norma específica: se trata de la defensa de un derecho fundamental”, subrayó.

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Si bien aclaró que no ha tenido acceso al contenido completo de la demanda, indicó que ha revisado la resolución de admisión, en la cual el Poder Judicial acepta evaluar si la transferencia de acciones de Telefónica a otro accionista (Integra Tec) podría afectar indebidamente los derechos de propiedad de los tenedores de bonos. “Desde esa perspectiva, la demanda ha sido correctamente admitida. Es importante que el fuero constitucional analice este asunto, porque si una transferencia de acciones puede afectar el derecho de cobro de los bonistas, estamos ante un tema de relevancia constitucional que debe resolverse en todas las instancias”, apuntó.

Asimismo, comentó que una acción de amparo, incluso sin una medida cautelar en curso, puede llevar a que el juez ordene la suspensión de los efectos de una operación como la transferencia de acciones. “Por ahora debemos ser prudentes y esperar lo que resuelva el juzgado. Aún no se ha presentado la contestación de Telefónica Hispanoamérica, y la demanda recién ha sido admitida”, afirmó.

Reiteró que, ya sea través de una medida cautelar como en una sentencia definitiva (producto de la demanda de amparo admitida), el juez constitucional podría declarar ineficaz la transferencia si concluye que vulnera el derecho a la propiedad que sustenta el derecho al cobro de los bonistas. “Esta discusión recién comienza, aún faltan etapas procesales importantes. Hay que ver qué se ha demandado exactamente, cómo responderá la empresa, y esperar el análisis del Poder Judicial”, indicó.

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Sobre si es viable revertir los efectos de una operación ya concretada, precisó: “Si el juez constitucional concluye que la transferencia afecta indebidamente derechos patrimoniales de los bonistas, podría declarar su ineficacia. Pero, insisto, estamos en una fase muy inicial del proceso”.

Francisco Barrón: la demanda tiene una motivación más estratégica que jurídica

Una visión más crítica presenta Francisco Barrón, socio del estudio DPP Abogados, quien considera que la demanda de amparo no está debidamente sustentada desde el punto de vista jurídico. “El abogado de los bonistas no parece conocer bien el derecho concursal. No hay aún una junta de acreedores porque no se ha admitido el procedimiento concursal presentado inicialmente por Telefónica, por tanto, no había obligación de consultar respecto a la venta a su venta a la argentina Integra Tec”, sostuvo.

Para el especialista, el amparo es un mecanismo residual que solo debe utilizarse cuando no hay otra vía para proteger un derecho fundamental. En este caso, consideró que pudo haberse recurrido a la vía civil por abuso del derecho, sin necesidad de acudir a la jurisdicción constitucional.

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A su juicio, la demanda tiene una motivación más estratégica que jurídica. “Lo veo como un mecanismo de presión para mejorar la posición negociadora de estos bonistas”, alegó.

En cuanto a la posibilidad de revertir la venta de Telefónica a Integra Tec, Barrón fue tajante: “Si la transferencia ya se consumó, no puede detenerse. Lo que buscan es suspender sus efectos, pero jurídicamente eso es muy difícil de lograr, especialmente considerando que las acciones no son parte del activo de Telefónica del Perú, sino de Telefónica Hispanoamérica (antiguo dueño de la telco)”.