En un contexto económico desafiante, un número creciente de empresas peruanas ha optado por reducir salarios como estrategia para enfrentar la presión financiera. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica, cuando se realiza sin sustento legal, puede constituir una infracción laboral o incluso un despido encubierto.
De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el empleador no puede modificar unilateralmente las condiciones esenciales del contrato, incluido el salario. El principio de intangibilidad remunerativa protege al trabajador frente a recortes arbitrarios o impuestos sin su consentimiento.
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“Si el empleador decide bajar el sueldo sin acuerdo del trabajador, este puede considerarlo un despido indirecto y reclamar una indemnización”, explica Cristian Navarrete, gerente comercial de Defontana Perú.
Para el ejecutivo, muchas de estas situaciones se originan en una deficiente gestión administrativa.
“Las empresas que cuentan con herramientas tecnológicas como los sistemas ERP pueden visualizar en tiempo real sus costos, presupuestos y proyecciones. Esto les permite anticiparse a posibles crisis financieras, optimizar recursos y tomar decisiones responsables sin afectar la estabilidad de su personal. La tecnología es clave para evitar medidas drásticas como la reducción de sueldos”, sostiene.
Aunque el sueldo no puede modificarse unilateralmente, existen situaciones específicas en las que un ajuste sí resulta legal. Entre ellas:
- Por mutuo acuerdo: El trabajador y la empresa pueden pactar por escrito una reducción temporal del sueldo si la compañía atraviesa dificultades financieras.
- Por cambio de funciones o jornada: Si el trabajador acepta pasar a un cargo distinto o trabajar menos horas, el sueldo puede ajustarse proporcionalmente.
- Por medidas excepcionales autorizadas por ley: En casos de crisis o emergencia económica, el Estado puede aprobar mecanismos que permitan ajustes salariales para preservar el empleo.
De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en el primer semestre de 2025 se atendieron 56,837 denuncias laborales a nivel nacional, de las cuales 13,092 correspondieron a remuneraciones. Estas cifras evidencian que los temas salariales siguen siendo una de las principales fuentes de conflicto entre trabajadores y empleadores.
Navarrete advierte que gran parte de estos conflictos surge por falta de planificación y control interno. “Cuando las decisiones se toman sin información actualizada ni soporte tecnológico, es más fácil caer en errores que afectan la confianza del personal y la sostenibilidad del negocio. La digitalización ayuda a prevenir esos escenarios”, advierte.
Los sistemas ERP permiten a las compañías monitorear sus gastos, flujo de caja y productividad del personal en tiempo real, integrando áreas como finanzas, recursos humanos y operaciones. Esto no solo reduce errores administrativos, sino que también fortalece la transparencia y la comunicación dentro de la organización.
Por su parte, Jimmy Quispe, product manager del Software de Gestión de Personas de Defontana, recomienda que los trabajadores actúen con prudencia ante una propuesta de reducción salarial.
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Sostiene que es fundamental mantener un diálogo transparente con el empleador, solicitar por escrito la justificación del cambio y buscar asesoría especializada antes de firmar cualquier documento. En caso de duda sobre la legalidad de la medida, el trabajador puede acudir a las entidades competentes, como Sunafil, para recibir orientación y proteger sus derechos laborales.
“En tiempos de inestabilidad, la transparencia y la gestión responsable son fundamentales para mantener la confianza dentro de las empresas y es aquí donde las herramientas tecnológicas permiten a las áreas de Recursos Humanos monitorear indicadores clave de productividad, controlar horas efectivas de trabajo y evaluar escenarios financieros antes de tomar decisiones que afecten al personal”, concluye el ejecutivo.
