En la vigésima sexta sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, la gestión del hotel Sanctuary Lodge, ubicado a pasos de Machu Picchu y operado por la empresa Belmond, volvió a la discusión. A pesar de que la firma continuará con su operación tras una medida cautelar, la controversia por la renovación de la adenda (2013) de la concesión y que le permitió prolongar la administración hasta mayo de 2025 ha generado nuevas reacciones en el parlamento.
La sesión puso en evidencia los desacuerdos sobre la legalidad de la referida adenda y derivó en la propuesta de crear una comisión investigadora para fiscalizar los términos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco) y la empresa hotelera en ese año.
Dicha adenda, que permitió que Belmond siga operando hasta mayo de 2025, fue suscrito pese a los cuestionamientos legales y políticos. Actualmente, tanto el GORE Cusco como la empresa hotelera están en un proceso de arbitraje. En tanto, Belmond sigue en la administración.
¿Por qué se cuestiona la legalidad del contrato?
La congresista cusqueña Katy Ugarte Mamani denunció que la adenda firmada en 2013 para extender la concesión fue suscrita por el exgobernador Jorge Acurio, quien ya se encontraba inhabilitado tras recibir una sentencia condenatoria. Dicha situación —según explicó— haría nulo el acuerdo desde su origen.
Ugarte citó el artículo 1156 del Código Civil, que establece que cuando una obligación no puede cumplirse sin culpa de las partes, ésta queda resuelta y se debe restituir lo recibido.
“Se ha incurrido en un proceso de nulidad, el cual no ha tenido efecto. El Gobierno Regional necesita una mejor defensa”, advirtió.
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¿Qué pasó con el gobernador regional Werner Salcedo?
El gobernador regional del Cusco, Werner Máximo Salcedo Álvarez, no asistió a la sesión del Congreso, lo cual generó malestar entre los legisladores. Su ausencia obligó a reprogramar su intervención para una próxima fecha, impidiendo conocer de primera mano los puntos de vista de la autoridad regional sobre el acuerdo con Belmond.
Además, consejeros regionales exigieron que se investigue si existieron comunicaciones privadas entre el gobernador y representantes de Belmond, que aún no han sido transparentadas.
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¿Qué se acordó en el Congreso?
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, anunció que se presentará una moción de facultades para que el Congreso conforme una comisión investigadora especial que analice todos los aspectos del caso Sanctuary Lodge: desde la firma de la adenda, hasta los ingresos reales de la empresa durante la pandemia.
“Todo lo mencionado estará en las actas. Haremos la moción de facultades de comisión investigadora para el tema del hotel Sanctuary Lodge”, señaló Burgos.
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¿Qué implicaría una comisión investigadora?
De aprobarse la moción, la comisión tendría capacidad para citar a funcionarios, levantar información financiera y revisar documentos oficiales que hasta ahora no se han hecho públicos. El objetivo, según los legisladores, es sincerar los ingresos que Belmond obtuvo en la última década, especialmente durante los años de baja actividad turística por la pandemia (motivo por el cual Belmond exige la prórroga de la adenda).
Los consejeros aseguran que solo con esta comisión se podrá determinar si hubo perjuicio económico al Estado y si la continuidad del contrato fue legalmente válida.
