
Ha pasado más de un año desde que Primax, la cadena de estaciones de servicio del Grupo Romero, firmó un contrato de compraventa para adquirir las estaciones de servicio y tiendas de conveniencia de la empresa colombiana Terpel en Perú. Uno de los pasos clave para concretar esta operación era obtener la aprobación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). En esa línea, ¿cómo ha avanzado este proceso hasta hoy?
En detalle, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi aprobó, con condiciones, la operación de concentración empresarial mediante la cual Corporación Primax y Coesti —ambas del Grupo Romero— adquirirán los activos de Terpel Perú y Terpel Comercial del Perú.
LEA TAMBIÉN: Bonus, el programa de acumulación de puntos en Perú, da un giro con nuevos servicios
¿Qué condiciones impuso el Indecopi?
La autorización fue otorgada por el Indecopi tras un análisis técnico que detectó riesgos para la competencia en algunas zonas de Lima Metropolitana, donde la operación generaría una concentración en el mercado de venta minorista de combustibles.
Por ello, la entidad dispuso que Primax deberá desinvertir en cuatro estaciones de servicio, ubicadas en los distritos limeños de Chorrillos, San Miguel, Rímac y Comas. Es decir, la empresa estará obligada a vender todos los activos necesarios, —como edificaciones, tiendas de conveniencia, equipos, dispensadores y títulos habilitantes— que permitan a un nuevo operador ingresar y competir de manera efectiva en dichas zonas.
LEA TAMBIÉN: Venta de Primax a Aramco: La versión del Grupo Romero sobre la operación
Además, durante los próximos 10 años, Primax no podrá adquirir, arrendar, abanderar ni suministrar combustible de forma exclusiva en estos puntos. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, se designará un oficial de cumplimiento que reportará directamente al Indecopi.
De acuerdo con la Comisión, estas medidas buscan preservar las condiciones actuales de competencia y evitar efectos negativos para los consumidores, como posibles alzas en los precios o limitaciones en la oferta.
La intervención, en concreto, apunta a impedir que la empresa fusionada incremente su poder de mercado en áreas donde ya existe poca competencia.