La última vez que Pemex produjo tan poco petróleo crudo, Jimmy Carter era presidente de Estados Unidos y el Walkman aún no existía.
En diciembre, la petrolera estatal mexicana extrajo 1.35 millones de barriles diarios de sus campos, una baja del 13% año a año y la menor cifra desde noviembre de 1978. Incluso sumando la producción de condensados y participaciones en asociaciones, los resultados llevan a la misma conclusión: es una empresa en crisis que está lejos de haber sido salvada, a pesar de los dichos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, quien se jactó repetidamente de haber “rescatado” a Pemex.
Su sucesora Claudia Sheinbaum está trabajando en los últimos detalles de su estrategia energética, y la tentación de continuar con un enfoque de mano blanda es comprensible: el gobierno de AMLO fijó límites políticos claros para la empresa, como limitar los aumentos de precio de los combustibles, formar parte del estado de bienestar de México y seguir en manos estatales. El nacionalismo energético fue un pilar del gobierno anterior; cambiar eso impondría a Sheinbaum costos políticos demasiado elevados.
Sin embargo, por desgracia para Petróleos Mexicanos, el nombre formal de Pemex, uno que otro ajuste incremental y mejoras de gestión no son suficientes. Si México quiere arreglar su campeón nacional de una vez por todas, necesita cambios drásticos. Por nombrar algunos: vender activos, cerrar refinerías, dar espacio al sector privado en la exploración petrolera, reducir la planilla y que el gobierno federal absorba una parte significativa de su deuda de casi US$ 100,000 millones.
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Esto puede parecer políticamente inviable, pero considere la alternativa: tirar miles de millones de dólares que México no tiene bajo la ilusión de que, por arte de magia, los cambios cosméticos arreglarán las cosas.
AMLO derrochó unos US$ 80,000 millones apoyando a Pemex durante sus seis años en el poder a través de exenciones fiscales e inyecciones de capital, y sin embargo la empresa no sale del agujero. ¿Qué mejor prueba de que Pemex le urge desesperadamente una nueva estrategia?
Para ser justos, la llegada de Sheinbaum en octubre trajo aire fresco y un equipo más competente encabezado por la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez. Son operadores serios que conocen bien la industria, aunque formados dentro del nacionalismo del partido gobernante Morena.
Observadores cercanos a Pemex me han hablado de sus esfuerzos por racionalizar las operaciones y solucionar los numerosos problemas que dejó el gobierno de AMLO, entre ellos unos US$ 20,000 millones en facturas impagas a proveedores.
Pero los retos son enormes: en 2023, Pemex tenía 128,616 empleados, incluidas sus empresas filiales, alrededor de un 7% más que el año anterior y la mayor plantilla desde 2016. En comparación, la brasileña Petróleo Brasileiro SA reportó menos de 47,000.
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Las siete refinerías de la empresa mexicana en el país procesaron 905,600 barriles de petróleo crudo por día en 2024, la mayor cantidad desde 2016, pero usando menos de la mitad de su capacidad. La tasa de utilización anual de las refinerías de Petrobras fue ligeramente superior al 93% el año pasado. Son solo algunas de las comparaciones que muestran las abrumadoras ventajas del modelo mixto de propiedad de Petrobras sobre la 100% estatal Pemex.
Entre las nuevas propuestas del gobierno, la empresa buscará empresas conjuntas con el sector privado para ayudar en la extracción de petróleo y la producción de energía limpia, petroquímicos y fertilizantes. Este paso es probablemente lo más lejos que puede llegar políticamente Sheinbaum sin generar rechazo dentro de Morena.
Pero, ¿qué interés tendrán las empresas petroleras privadas en asociarse con Pemex cuando el Estado mantiene la ventaja en los contratos y la empresa tiene problemas para pagar a sus proveedores? Si a eso le sumamos la eliminación de los reguladores autónomos, que dejará las decisiones técnicas vulnerables a la política, es poco probable que México se enfrente a un repentino aumento del interés de los inversionistas.
“No está claro cuán atractivo sería esto”, dice Oscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente en el centro de estudios Instituto Mexicano para la Competitividad en Ciudad de México. “Las asociaciones pueden ser políticamente viables, pero no resuelven el gran problema de Pemex”.
Para impulsar la producción y estabilizar su situación financiera, la industria petrolera requiere enormes inversiones y tiempo para desarrollar proyectos, dos cosas que Pemex no tiene. Mientras tanto, la bomba de la deuda avanza: Pemex debe enfrentar pagos de bonos por casi US$ 30,000 millones entre 2025 y 2027, mientras sigue perdiendo dinero. Y eso sin considerar la amenaza de los aranceles del 25% sobre las exportaciones de crudo a Estados Unidos del presidente Donald Trump.
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“Las métricas operativas de la empresa siguen deteriorándose, por lo que podría requerir más apoyo del gobierno”, escribió Alejandra Andrade, analista de crédito de JPMorgan Chase & Co., en una nota la semana pasada en la cual rebajó su recomendación para los bonos de la empresa a neutral. “Reconocemos el respaldo gubernamental de Pemex, pero también reconocemos el empeoramiento de la situación y la falta de una respuesta tangible”.
Por eso se acabó el momento de los analgésicos. Pemex necesita una cirugía mayor para dejar de ser una amenaza para el futuro de México. Que el gobierno federal absorba parte de su deuda es una idea controversial: puede contaminar las cuentas fiscales del país y provocando nuevas rebajas en la calificación soberana. Pero es el camino a seguir si, y solo si, el gobierno está finalmente dispuesto a pagar los costos políticos de una postura más agresiva.
Las pésimas cifras de producción de Pemex ofrecen un rayo de esperanza: le dan a Sheinbaum pruebas concretas de que la situación de la empresa es crítica. ¿Convertirá la presidenta estos resultados perjudiciales en una oportunidad política para hacer algo drástico? Una respuesta positiva sería tan grande como la deuda de Pemex.
Por Juan Pablo Spinetto, columnista de opinión de Bloomberg que cubre temas de negocios, economía y política de América Latina. Anteriormente fue editor jefe de Bloomberg News para economía y gobierno en la región.
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