Un aspecto poco conocido hasta ahora son las acciones que vienen emprendiendo los bonistas de Telefónica del Perú (Movistar) para recuperar el capital invertido. Como informó Gestión hace dos meses, entre los principales acreedores de la empresa —además de la Sunat— se encuentran las AFP, que son los mayores tenedores de los bonos corporativos emitidos por Telefónica en 2019 por un total de S/1,700 millones en el mercado internacional. ¿Qué están haciendo al respecto? Gestión conversó con el abogado Adrián Simons, representante de las AFP y compañías de seguros acreedoras, sobre las medidas legales en curso.
Simons indicó que los sorprendió el anuncio del 13 de abril, cuando se comunicó al mercado que Telefónica Hispanoamérica —propietaria de las acciones de Telefónica del Perú (TdP)— transfirió la totalidad de su participación a la empresa Integra TecInternational (vinculado al fondo argentino Integra Capital) por apenas US$ 1 millón. Según señaló, esta operación se realizó sin informar previamente a los acreedores, a pesar de que cualquier decisión sobre el futuro de la compañía debía ser evaluada por la Junta de Acreedores de TdP.
“No hubo transparencia mínima. Si se inicia un procedimiento concursal (antes de la venta, Telefónica presentó ante el Indecopi una solicitud para acogerse a un Procedimiento Concursal Ordinario) lo primero que debe hacer un deudor es conversar con los acreedores principales. Si se presenta esa solicitud ante Indecopi, significa que el destino de la empresa estará sujeto a la decisión de los acreedores. Sin embargo, Telefónica Hispanoamérica actuó de manera contraria ya que los acreedores esperaban la admisión (del procedimiento concursal ordinario por parte de Indecopi y la convocatoria de la Junta de Acreedores para decidir el futuro de la empresa. Sin embargo, en medio de este proceso, vendió su participación completa a Integra Tec sin ser comunicada ni antes ni después a los acreedores”, aseveró.
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A raíz de esta situación es que, los bonistas decidieron, “en resguardo del valor real de la compañía”, acudir al Poder Judicial con una demanda de amparo, presentada el 16 de abril ante el Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima, la cual fue admitida a trámite el pasado 5 de mayo. Con esta medida judicial, explicó Simons, se busca que Telefónica Hispanoamérica se abstenga de transferir las acciones de TdP a Integra TecInternational y que se deje sin efecto el proceso de venta que se concretó, en opinión del representante legal de los acreedores, por un precio irrisorio, de manera irregular y constituyendo un abuso del derecho de transferencia de acciones.
“(¿Ello es posible tomando en cuenta que la venta ya se concretó?) Ese es el riesgo que asumieron tanto el vendedor como el comprador al concretar la transferencia a espaldas de los acreedores. Esto puede tener consecuencias judiciales. El juez podría determinar que hubo un ejercicio abusivo del derecho y, en consecuencia, permitir que la Junta de Acreedores se pronuncie sobre la transferencia, decidiendo si la aprueban o no. Los acreedores tienen ese derecho, ya que adquirieron bonos de Telefónica del Perú mientras Telefónica Hispanoamérica era su único accionista”, remarcó.
En esa línea, subrayó que el proceso judicial iniciado por los acreedores “no constituye un acto de hostigamiento, sino una defensa legítima de sus derechos ya que no fueron escuchados y fueron sorprendidos de la noche a la mañana con una transferencia de esta magnitud. Este es el mínimo ejercicio de su derecho para preservar el valor de la compañía”.
¿Qué alegan los bonista en su demanda judicial?
Al respecto, el jurista subrayó que la demanda de amparo busca proteger diversos derechos que “han sido vulnerados con la transferencia de acciones de la empresa”. En primer lugar, se solicita al juzgado constitucional que declare que Telefónica Hispanoamérica ejerció de forma abusiva su derecho de transferir acciones. Si bien este derecho le asiste como accionista mayoritario, el representante legal de los acreedores alega que dicho ejercicio fue desproporcionado y perjudicial para terceros, específicamente para los tenedores de bonos corporativos emitidos en 2019.
El cuestionamiento principal recae sobre la empresa compradora, Integra TecInternational. “Esta fue constituida apenas un mes antes de la transacción en Panamá, con un capital social de solo US$ 10,000 y dos ciudadanos panameños como accionistas. Además, su objeto social no está vinculado a las telecomunicaciones, sino a actividades financieras, lo que genera dudas sobre su capacidad para operar una empresa del tamaño e importancia de Telefónica del Perú”, argumentó.
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Según el abogado, Telefónica Hispanoamérica aprovechó un vacío temporal generado entre la comunicación del inicio del procedimiento concursal ordinario (inicialmente presentado) y su admisión formal por parte del Indecopi, para concretar la venta de forma sorpresiva. La operación fue comunicada al mercado el domingo 13 de abril, en lo que calificó como “un intento de eludir la formación de una junta de acreedores”.
El segundo eje de la demanda, acotó, es la protección del derecho de propiedad, ya que la transferencia podría poner en riesgo la posibilidad de recuperar los bonos adquiridos. Finalmente, el recurso está solicitando la intervención de la justicia constitucional en protección de los consumidores “al advertir que la empresa compradora no tiene la capacidad técnica ni operativa para gestionar una empresa de telecomunicaciones”.
En concreto: el objetivo principal del amparo es evitar que se afecten los derechos de los acreedores y asegurar que cualquier decisión sobre el futuro de Telefónica del Perú sea tomada por una Junta de Acreedores debidamente conformada. Para ello, se ha solicitado al juez que la transferencia de acciones no tenga efectos hasta que dicha junta sea instalada. También se ha pedido que Telefónica Hispanoamérica se abstenga de perfeccionar la operación, y que se suspenda la formalización de la venta en resguardo de los más de 13 millones de usuarios que dependen del servicio de la empresa.
El jurista consideró que la sentencia de primera instancia podría tardar hasta un año, dado que se debe respetar el derecho a la defensa de las partes involucradas. También advirtió que si el Indecopi llegara a admitir el procedimiento concursal preventivo —para lo cual tiene plazo hasta septiembre— no se conformaría una Junta de Acreedores, lo que dejaría a los principales bonistas, como las AFP, fuera de las decisiones clave sobre el futuro de la empresa. “Lo que buscan es mantener el control sin pagar, desplazando a los acreedores”, afirmó.
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Ante ese escenario, adelantó que se opondrán legalmente al proceso ante Indecopi, aunque evitó detallar la estrategia jurídica que emplearán en caso de que se admita. “El cambio de un procedimiento concursal ordinario a uno preventivo es absolutamente cuestionable. Consideramos que este giro es improcedente y lo vamos a argumentar ante Indecopi. No es serio iniciar un concurso ordinario y, pocos días después, pasarse a uno preventivo. El objetivo, como se puede advertir, es claro: evitar la conformación de la Junta de Acreedores”, sostuvo.
Clave
- Los bonitas involucrados: La demanda de amparo contra Telefónica Hispanoamérica fue presentada por un grupo de acreedores institucionales, entre ellos Profuturo AFP, AFP Integra, Prima AFP, Moneda Administradora General de Fondos, Rimac Seguros y Reaseguros, Interseguro Compañía de Seguros, Pacífico Seguros y La Positiva Seguros y Reaseguros. Todas estas entidades son tenedoras de bonos emitidos por Telefónica del Perú.
- Fecha de audiencia: Se ha fijado audiencia única para el 26 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m., la cual se realizará de forma virtual.
- Descargos: El juzgado ordenó correr traslado de la demanda y sus anexos a la parte demandada, Telefónica Hispanoamérica, otorgándole un plazo de diez días hábiles para responder.
