Las principales compañías españolas con operaciones en Perú están afrontando una compleja coyuntura marcada por disputas legales, demandas fiscales y problemas económicos de gran escala. Según un reportaje publicado por el medio español Economía Digital, firmas como ACS, Telefónica, Repsol y Mapfre se encuentran en el centro de controversias que han escalado hasta instancias internacionales, como el Ciadi, y que han motivado incluso la salida del país en algunos casos.
El grupo constructor ACS y su filial Iridium, por ejemplo, reclaman más de US$ 1,100 millones al Estado peruano por incumplimientos relacionados con la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima. La disputa, incluso, llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en la que se han iniciado tres arbitrajes.
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Uno de los laudos arbitrales, emitido en octubre de 2024, obliga al Estado peruano a pagar más de US$ 456 millones. De esa cifra, solo se han abonado US$ 106 millones, por lo que ACS ha iniciado acciones legales para embargar activos del Estado en Luxemburgo por los US$ 315 millones restantes.
Telefónica se fue de Perú
Telefónica, que llevaba años enfrentando demandas fiscales en Perú, vendió recientemente su filial local a la empresa argentina Integra Tec Internacional (vinculada al fondo Integra Capital) por apenas 900,000 euros (cerca de US$ 1 millón). La operación incluyó la transferencia de una deuda acumulada cercana a los 1,200 millones de euros.
La compañía reportó pérdidas netas superiores a los 872 millones de euros en 2024, lo que representa más de cinco veces el monto registrado el año anterior. Antes de concretarse su venta, la operadora española inició un proceso concursal ante el Indecopi, y pese al cambio de propietario, aún mantiene abiertos varios litigios fiscales con la Sunat, algunos de ellos por montos que superan los 1,000 millones de euros. Estas obligaciones han sido asumidas por la nueva empresa dueña de la filial.
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Repsol y Mapfre enfrentan demanda
Repsol y la aseguradora Mapfre están involucradas en un proceso judicial iniciado por el Estado peruano debido al derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022 por la Refinería La Pampilla, considerado por la ONU como el peor desastre ecológico en la historia del país.
La demanda, interpuesta por el Indecopi, exige una compensación de 4,300 millones de euros, dividida entre daños directos (3,000 millones) y daños morales (1,500 millones). Ambas compañías han presentado sus defensas y contraatacado con demandas por más de 450 millones de euros contra la naviera Fratelli D’Amico y otras aseguradoras, buscando recuperar costos de limpieza y reparación, refirió el medio español
