La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) informó, respecto a la estrategia reciente del gobierno de José Jerí de declarar un estado de emergencia en Lima y Callao, que esta medida golpea a determinados sectores económicos y no ha demostrado efectividad en oportunidades pasadas.
Según REDES, se trata del quinto estado de emergencia declarado en la capital en poco más de tres años. Si bien el instituto reconoce que la criminalidad ha crecido fuertemente en los últimos meses, duda de su efectividad.
“Contiene la violencia de forma temporal, pero no resuelve las causas estructurales de la delincuencia. Las extorsiones y homicidios se originan en redes que requieren estrategias sostenidas de inteligencia, investigación y seguimiento financiero para rastrear y cortar el flujo de dinero ilícito que las sostiene. Sin fortalecer la capacidad de la Policía y la Fiscalía para investigar y sancionar estos delitos, el impacto de la medida resulta pasajero y la violencia reaparecerá apenas se levante”, indicó Gustavo Meza, economista de REDES.
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Menor actividad genera pérdidas altas
Solo hasta septiembre de 2025, recordó REDES, ya se han registrado más de 20 mil denuncias de extorsión y cerca de 1,700 homicidios. En solo cinco años, los homicidios casi se duplicaron respecto a 2019, mientras que las extorsiones se multiplicaron por seis. Lima, La Libertad y Piura son las regiones más golpeadas.
Meza añadió que la delincuencia se adapta con rapidez: cambia de métodos o se traslada a otras zonas, sin que ello implique una mejora real en la seguridad ni en el control del territorio. Esto evidencia que la medida, por sí sola, no basta para enfrentar el problema y, por el contrario, puede traducirse en un uso ineficiente de fuerzas y recursos, además de generar un impacto económico negativo en los ingresos y la productividad de los negocios.
Si bien un estado de emergencia no obliga a cerrar los negocios, sí modifica el clima en las calles: los controles, la presencia militar y el temor reducen el movimiento de personas y alejan a los clientes. Este efecto golpea con fuerza a restaurantes, locales nocturnos y al sector entretenimiento en general, que dependen del flujo constante de público. Los ingresos pueden caer hasta en un 40%, según estimaciones de los propios empresarios.
“Menos movimiento en las calles significa menos ingresos, menos empleo y más incertidumbre para miles de familias. Al finalizar el estado de emergencia, la sensación de inseguridad suele mantenerse, y con ella la desconfianza, que frena la inversión, debilita la economía local y limita las oportunidades de crecimiento”, apuntó Meza.
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Alternativas y ejemplos regionales
REDES comentó que países vecinos de la región han apostado por la inteligencia, la tecnología y la coordinación institucional como estrategias para combatir la delincuencia.
En Colombia, una política de inteligencia permitió desarticular 322 bandas y reducir los homicidios vinculados al crimen organizado en más del 50%. En Honduras, una reforma policial mejoró la formación y el reclutamiento, reduciendo la tasa de homicidios y aumentando la confianza ciudadana.
El fortalecimiento de los sistemas de justicia y el uso de tecnología también marcaron diferencias. Colombia aplica inteligencia artificial para detectar patrones delictivos, mientras que Costa Rica y Brasil modernizaron su administración judicial, agilizando procesos y reduciendo costos. En Chile, el patrullaje focalizado en zonas críticas logró duplicar la reducción de denuncias frente al modelo tradicional.
“El país necesita reformas profundas: una policía moderna, una justicia eficiente y presencia constante en los barrios más golpeados. Para avanzar, el Estado debe invertir en inteligencia y en estrategias basadas en datos que permitan anticipar el delito. La inseguridad afecta vidas, desalienta la inversión privada, reduce el empleo y limita el desarrollo. Enfrentarla con continuidad y resultados es la única forma de recuperar el crecimiento”, finalizó Meza.
