El futuro de la Asociación Público-Privada (APP) en Olmos está a contrarreloj. El 28 de septiembre vence la concesión de Novonor, antes Odebrecht, y el Estado peruano ya tomó la decisión de tomar transitoriamente su operación, aunque hacía falta hacerlo viable legalmente. Ahora ese camino ya existe, pero no se queda solo en el proyecto de irrigación.
Previo a Fiestas Patrias, el pasado viernes 25 de julio, el Congreso de la República aprobó el último crédito suplementario que había solicitado el Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad de obras. Lo interesante es que este propósito incluye a Olmos y otras APP en situación similar.
La ahora ley N° 32416, incluye dos artículos que “responden” a la situación del proyecto en Lambayeque de cierta forma. Uno empodera al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y el otro resuelve un vacío legal en la ley APP actual.
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Facilidades legales dadas al PEOT
La Sexagésima Quinta Disposición Complementaria Final de la autógrafa del crédito suplementario crea un régimen especial para garantizar la continuidad del proyecto Olmos, una vez venza el contrato de Novonor a finales de septiembre.
Esto ya había sido adelantado por el ministro Ángel Manero a mediados de junio, cuando hizo público que el PEOT era el escogido para administrar, luego del ex Odebrecht, el proyecto de irrigación.
“Como Midagri estamos muy de acuerdo en que el PEOT asuma ello. Tendrán las facilidades legales para que tomen el proyecto”, dijo a medios regionales tras reunirse con Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque.
Con la disposición, ya están dadas. El PEOT ahora podrá contratar el personal técnico y administrativo necesario, bajo el régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728) para que hagan labores de operación y mantenimiento en Olmos.
Según la disposición del crédito suplementario, lo anterior se hará con asistencia técnica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Aparte, el PEOT tendrá la obligación de remitir informes financieros y técnicos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto a sus contrataciones.
Inicialmente, Novonor le había propuesto al Estado peruano extender nuevamente su concesión, pero el Gobierno decidió no tomar este camino. Fuente: Andina.
Para Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), es positivo que se haya dado este fortalecimiento al PEOT, pero recalcó que la única razón por la hubo esta necesidad es por dejadez del Estado peruano.
“La solución inicial, que debió hacerse hace al menos tres años es buscar un nuevo operador internacional. Ahora estamos en una situación complicada, quedan dos meses para que venza el contrato (actual)”, lamentó.
En ese sentido, Amaro sostuvo que su gremio respeta la decisión del Estado de que el PEOT tome Olmos, pero remarcó que estarán vigilantes de cómo se traducen a la práctica estas alternativas legales que le han otorgado para contratar.
“Si se colmata la toma por donde entra el agua, el PEOT deberá contratar inmediatamente lo necesario para solucionarlo rápidamente. Eso, bajo la Ley de Contrataciones, podía tardar mucho tiempo”, comentó.
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¿Un “parche” para otros Olmos?
La autógrafa de la ley del crédito suplementario no se queda allí con las APP. La Quinta Disposición Complementaria las aborda también y mejora la ley que regula esta modalidad.
Bajo el título “Intervención del Gobierno nacional para asegurar la prestación continua del servicio público bajo contratos de APP en casos de caducidad”, se toca un tema poco claro hasta hoy: qué decisiones debe tomar el Estado frente a un contrato APP por vencer.
Lo anterior, si bien toma de base al caso Olmos, alcanzaría, por ejemplo, hasta a 8 APP de tipo viales que están por vencer en los próximos 5 años, como contó Gestión en enero. Entre ellas, hay 2 que también tiene Novonor: IIRSA Sur y Norte.
Para ello, se dan facilidades a las entidades públicas titulares, como sus órganos o entidades adscritas, a realizar actos preparatorios para hacer contrataciones que garanticen la continuidad del servicio antes que venza la APP.
Lo llamativo es que se retiró en el debate legislativo un límite temporal para esta toma de control. El dictamen de la Comisión de Presupuesto planteaba que “se ejerza de manera transitoria el rol de interventor por un periodo de hasta 5 años” y la autógrafa aprobada lo retiró. Ahora no hay referencia a ninguna temporalidad.
Mejorar las condiciones actuales de la Presa Limón, componente clave del proyecto de irrigación Olmos, será una de los compromisos clave que tendrá que asumir el siguiente operador.
Ronald Fernández Dávila, socio del Área de Infraestructura y Proyectos en PPU, agregó que, de hecho, hace falta también otro plazo, que no estaba presente ni en el dictamen ni la autógrafa.
A lo que refiere es que no se indica cuándo, años antes que venza la concesión, el Estado deberá tomar la decisión de qué hacer con la APP: asumirla, licitar de nuevo a otro operador o extender la concesión actual vía una adenda.
“Eso estaba en la propuesta de nueva ley APP que ojalá algún día pueda aprobarse. Se establecía un plazo de tres años, que es bastante amplio, para que el Estado haga esa evaluación”, recordó sobre la reforma impulsada por el exministro del MEF José Salardi y que hoy aguarda un nuevo impulso en el Legislativo.
El abogado explicó también que la disposición del crédito suplementario, si bien responde al vacío legal, no es la verdadera salida al problema, ya que aplicará cuando el Estado tarde en tomar esa decisión, como ha pasado con Olmos.
“Te da mecanismos para atender problemas en la caducidad de un contrato, pero la terminación de concesiones por vencimiento de plazo no debe ser un riesgo. La conviertes en eso si faltan tres meses y no sabes qué hacer. Es un parche para contratar cuando no sabes quién operará después”, advirtió.
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En Olmos hay mucho en juego
Sobre esta disposición general, que también alcanzaría la labor del PEOT en Olmos, Amaro manifestó confiar en que ProInversión podrá encaminar el proceso de licitación internacional para buscar a un nuevo operador y así no perpetuar la labor del programa estatal.
“Han firmado un convenio para ello. Confiamos en AGAP que ProInversión y el gobierno regional acelerarán los procesos para hacerlo todo en el menor tiempo posible”, indicó.
A pesar de esa fe, Amaro reconoció que le preocupa cómo el cambio de Gobierno pueda afectar a Olmos y, en general, la promoción de otras APP vinculadas al sector agro.
“Si este proyecto sale mal están en riesgo no solo las APP del sector si no, y sería grave, la atracción de inversiones a todo proyecto agrícola. Muchos inversionistas, locales y extranjeros, trabajan en el proyecto Olmos y están viviendo su inestabilidad”, dijo.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes fui parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
