En el Perú existe un fenómeno que puede describirse como “mercantilismo tributario”. Esto sucede cuando el Estado concede exoneraciones, beneficios, regímenes especiales o tratos fiscales preferenciales a determinados sectores o intereses económicos. Estas medidas no siempre se justifican por el bien común, sino por presiones políticas o lobbies empresariales. Así lo refleja un análisis elaborado por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, compartido en exclusiva con Gestión.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Perú pierde más del 2.5% del PBI anual en exoneraciones y beneficios tributarios (casi S/ 30,000 millones al año), y el gran responsable de estas perforaciones es el Congreso de la República. Peor aún, hemos visto mermada la capacidad de contención del MEF, incluso apoyando algunas iniciativas que socavan sus fuentes de ingresos sin una sólida justificación técnica.
El Congreso estaría significativamente capturado por intereses mercantilistas en materia tributaria, especialmente en lo que se refiere a la defensa de beneficios fiscales para sectores específicos, la aprobación de leyes con motivaciones clientelistas o corporativas, y la obstrucción sistemática de reformas tributarias estructurales. Esta captura no es total ni homogénea, pero sí sistemática, profunda y transversal a todas las bancadas.
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Análisis de las medidas del Congreso
Recientemente, el propio MEF elaboró un informe, a solicitud de una parlamentaria, donde analiza los proyectos de ley con propuestas de medidas tributarias presentados o iniciados por el actual Congreso entre agosto del 2021 y el 1 de julio último.
Concluye que el costo fiscal anual total potencial estimado correspondiente a estos proyectos ascendería a S/ 406,462 millones. Es decir, el equivalente al 35.2% del Producto Bruto Interno (PBI). De hecho, el Congreso ha aprobado el 17% de dichos proyectos.
Todo lo anterior pone en evidencia que actualmente hay un riesgo enorme de proyectos legislativos con altísimos costos fiscales.
Si desmenuzamos qué partidos políticos han mostrado mayor activismo en materia tributaria en los últimos cuatro años, destacan Acción Popular, Somos Perú, Fuerza Popular, Perú Libre y Podemos Perú. Conjuntamente han presentado proyectos que mermarían los ingresos tributarios por más de S/ 320,000 millones o alrededor de 80% del costo fiscal en juego.
Estado de los proyectos en el Parlamento
Estas iniciativas legislativas están prosperando progresivamente. Basta observar que 25 leyes ya han sido aprobadas por un costo total anual cercano a los S/ 26,000 millones y existen tres autógrafas en camino.
La contingencia es más grande cuando vemos que 34 proyectos ya están dictaminados por un costo de S/ 152,893 millones, y que 79 proyectos ya han sido presentados a la Comisión de Economía por la friolera suma de S/ 211,221 millones.
Será crucial saber en qué bancada recaerá la conducción de la principal comisión dictaminadora en la materia. Recordemos que en lo que va de la legislatura, tanto Acción Popular como Fuerza Popular ejercieron la presidencia en dos ocasiones.
Más allá de debilitar las fuentes de ingresos públicos permanentes, esta situación es sumamente problemática porque desincentiva el cumplimiento tributario de los pequeños contribuyentes y la clase media, que sí pagan; reduce el financiamiento para sectores como salud, educación, infraestructura; fomenta la informalidad y la elusión; y distorsiona la competencia al favorecer a quienes tienen más poder político –y no necesariamente a los más productivos o innovadores–.
Resulta alarmante que en nuestro país el mercantilismo tributario nos esté conduciendo a un sistema fiscal que no responde plenamente al principio de equidad ni al interés nacional. En lugar de contar con un régimen donde todos contribuyen según su capacidad, existe una red de privilegios y favores tributarios otorgados bajo presiones políticas. Este problema no es sólo técnico, sino profundamente institucional y político.
Entrando a la última legislatura, el riesgo de que el Congreso continúe convertido en un espacio funcional al mercantilismo tributario es muy grande. La defensa del interés fiscal y la búsqueda de una reforma tributaria progresiva son la excepción, no la regla. Mientras tanto, el sistema sigue siendo regresivo, frágil y clientelista, la carga tributaria está mal distribuida y la voluntad política para reformar el sistema es inexistente.
