Durante el último mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley para el fortalecimiento de las boticas públicas “FarmaMinsa”, mediante la creación de un Fondo Rotatorio. Con eso, se busca brindar sostenibilidad y hacer más accesibles los medicamentos, en medio de los constantes problemas de disponibilidad de medicinas en los centros de salud y hospitales del Estado.
Ya con el texto en manos del Congreso, una de las justificaciones de este proyecto de boticas públicas es el impacto económico que causa en la población los denominados “gastos de bolsillo en medicamento”. Como se recuerda, un estudio de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) indicaba que, al 2019, los peruanos gastaban alrededor de S/ 11,296 millones en salud, de los cuales cerca del 40% correspondían a la compra de medicamentos.
Incluso, un estudio más reciente denominado “Gasto de bolsillo y equidad financiera en el acceso a medicamentos en América Latina”, mostraba que, cada año, las familias peruanas desembolsan alrededor de S/ 1,500 en productos farmacéuticos. Regularmente, este mayor gasto se produce debido a que los asegurados no encuentran en los hospitales y postas las medicinas que les recetan, pero ¿el proyecto solucionaría este problema de disponibilidad de medicamentos?
El exministro de Salud, Óscar Ugarte, precisó que la medida contempla un fondo que permite financiar los medicamentos que se van a vender en las boticas públicas a precios más bajos. Pero, indica, sería una alternativa complementaria y no cambia el mecanismo con el cual se abastecen los medicamentos en el Estado, que está a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).
“Es beneficioso, pero no puede ser que la solución sea que la gente vaya a comprar y que pague su bolsillo porque está fallando el abastecimiento público. La principal solución es que las farmacias públicas estén abastecidas de tal manera que el usuario no necesite ir a comprar en la farmacia privada. Lo que hay que garantizar es que las compras de Cenares se hagan oportunamente, que los hospitales estén abastecidos”, dijo en diálogo con Gestión.
Ugarte precisa que, medido en unidades de venta, entre el 80% a 85% del abastecimiento de medicamentos en el Perú corresponde al sector público, en instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud.
Sin embargo, advierte que, actualmente, la cobertura de las “FarmaMinsa” “son limitadas debido a que el abastecimiento público ha estado fallando”. Para lograr que se adecúen y estén totalmente abastecidas, se requiere un reajuste en el funcionamiento de las boticas públicas, que tardaría entre tres o cuatro meses.
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Para César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores y especialista en medicamentos, la propuesta significa un retroceso y podría considerarse obsoleta, teniendo en cuenta que hay una experiencia similar en los años 90 con el Programa de Administración Compartida de Farmacias (PACFARM).
Amaro recuerda que el modelo, que se aplicó con éxito hasta 1997, fue útil porque en ese momento no había una estrategia de aseguramiento universal en salud, lo que justificaba que hubiera un gasto de bolsillo en los peruanos pobres para acceder a medicamentos genéricos.
“Es absurdo que, en el año 2024, repitamos un modelo anacrónico porque tenemos hoy en día un aseguramiento de más del 90% de la población. Si queremos dar un paso adelante, tenemos que cautelar que el Cenares, las redes integradas, el financiamiento, la logística funcionen, se modernicen y usen, inclusive, al sector privado en lo necesario para que los asegurados accedan a los medicamentos de manera oportuna y con calidad”, sostiene.
El especialista añade que este modelo de fondo rotatorio que plantean es muy peligroso porque en la exposición de motivos del proyecto de ley no se tienen cifras de sustento en lo referente a la sostenibilidad de la estrategia de “FarmaMinsa”.
Amaro considera que falta precisar quién va a financiar costos como el personal farmacéutico, la infraestructura, los servicios y la logística, pues los S/ 15 millones que están planteados se orientan, principalmente, para medicamentos y configuran un monto bastante pequeño.
“Solo indican que se financian con S/ 15 millones con una fuente de financiamiento del Minsa y pone una población beneficiaria de 1.5 millones. Entonces, digamos que están asignando S/ 10 por cada peruano, pero no están haciendo ningún cálculo en relación a cómo se organizarían esas farmacias públicas, cuánto costarían y cuál es el punto de equilibrio para darle una sostenibilidad a la estrategia”, indica.
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Disponibilidad de medicamentos
El mes pasado, el Colegio Médico del Perú (CMP) advertía un problema en el abastecimiento de medicamentos en los hospitales que pertenecen al Minsa. Entonces, al Estado le quedaba pendiente la ejecución de más del 60% de recursos destinados a la compra de medicamentos.
Al 5 de agosto, el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indica que solo se ha usado el 45.3% del presupuesto destinado a la compra de medicamentos, es decir, queda pendiente el uso de más de la mitad de los S/ 1,188 millones asignados para esta tarea.
En tanto, el observatorio de Videnza, con datos del Minsa y los gobiernos regionales, muestra que, al cierre de junio, el 76.9% de los establecimientos de salud contaba con una disponibilidad de medicamentos esenciales mayor al 80%. Si bien, la cifra es mejor que hace unos meses, Amaro de Videnza apunta que es un indicador débil.
“No refleja las recetas médicas entregadas de manera completa y oportuna a los peruanos que van a atenderse en la oferta pública. Es un error grueso en nuestro sistema que debe ser superado con un nuevo indicador de nivel de servicio”, señala.
Por ello, el especialista considera que se necesita cambiar el modelo de gestión que, actualmente, está orientado a la disponibilidad y al inventario, midiendo cuánto de stock hay en los almacenes de la farmacia y no cuánto se está entregando por cada receta emitida.
“No se están asegurando que esos medicamentos realmente sean entregados completos a cada asegurado. Lo que se propone en este caso es cambiar el enfoque a la demanda. Al hacer ese cambio, se obliga a hacer una buena distribución, una buena gestión de inventarios, una buena compra, una buena programación y un buen financiamiento y presupuesto”, explica.
Amaro recuerda que las regiones con más brecha de acceso a medicamentos en los establecimientos de salud pública son Ucayali, Loreto y San Martín, regiones de la Selva en las que también se puede identificar que hay más uso de farmacias privadas o gasto de bolsillo para medicinas debido a la débil gestión, baja ejecución presupuestal e informalidad.
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