En el imaginario de los peruanos, los últimos resabios de terrorismo se circunscriben a la zona del Vraem, pero tal creencia podría ser desterrada a partir de un reciente estudio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El informe, que recopila datos entre los años 2010 y 2023, da cuenta de que, en ese periodo, los reportes de operaciones sospechosas de financiamiento al terrorismo en el país ascienden a US$ 1,802 millones.
Incluso hay un apunte inquietante de la UIF: “Se observa que, entre enero del 2010 y diciembre de 2023, la tendencia en el número de operaciones sospechosas reportadas ha sido variable en el tiempo; sin embargo, genera preocupación que a partir del año 2020 la tendencia viene siendo creciente”.
Desde el 2010, la UIF recibió un total de 529 reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el delito de financiamiento del terrorismo.
En el mapa de calor de las transacciones bajo sospecha de financiamiento, hay más intensidad en la zona centro del país, en la que operan remanentes de Sendero Luminoso.
Pero también en regiones como Ica, “se han encontrado operaciones de ese grupo, con las que han tratado de filtrar el dinero proveniente de sus actividades ilegales del Vraem”, afirmó el jefe de la UIF, Sergio Espinosa.
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Las amenazas que el Perú enfrenta por el terrorismo
Esa unidad detecta que el país enfrenta amenazas relacionadas con el terrorismo: alianzas entre terroristas y narcotraficantes, existencia de simpatizantes con organizaciones terroristas debido a un creciente descontento por parte de la población local, que se traduce en actos de violencia, y el tráfico de armas no controladas.
“Lo que se está empezando a aprender es que ese fenómeno terrorista tiene un lado económico, pues mueve dinero y hace negocios, por lo que también hay que atacarlo por ese lado, para cortarle la habilidad de producir y utilizar ese dinero para finalmente vencerlo”, señaló a gestion.pe el funcionario, cuya labor central es la detección y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Sugirió, incluso, no descuidar le eventualidad de que el Perú puede ser víctima de esquemas de financiamiento para atentados en el extranjero o embajadas, como antes sucedió, por ejemplo, en Argentina.
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¿Está hezbolá en Perú?
Ligada también al ámbito internacional, la UIF advierte la posible presencia, actual o futura, de grupos como Hizbollah, remanentes de las FARC en la zona de Putumayo (Loreto), Talibanes, ISIS y combatientes terroristas extranjeros.
Pero el terrorismo no opera con recursos propios, pues generalmente es provisto por economías ilegales.
El rol de la minería ilegal en el financiamiento al terrorismo
De hecho, esas actividades violentistas tienen como mayores fuentes de financiamiento al narcotráfico y la minería ilegal.
A la UIF esto no le causa extrañeza, pues la minería ilegal se ha convertido en la principal fuente del dinero negro en el país, al liderar, de lejos, los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos.
“Esta actividad es el fenómeno delictivo más grande del Perú, la que genera más ingresos y más daña al país aunque lamentablemente las medidas para combatirlo se han derogado”, sostuvo Espinoza.
A la vez, este delito arrastra a otros, como corrupción para los permisos, tráfico de drogas, trata de personas y ahora también ejecuta actos violentos que califican como terrorismo, alertó.
Además, hay vinculación de organizaciones criminales extranjeras con la minería ilegal, con lo que esta se convierte en una amenaza directa para la seguridad pública y la estabilidad del Perú, dijo al mencionar a India y otros países de Asia, como destinos de los metales.
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Minería ilegal ahora es un problema de seguridad pública
“Eso es lo que estamos viviendo ahora. Ya no solo existe la minería informal, en la que hablamos del pequeño minero, sino de organizaciones criminales que hacen uso de las armas para apoyar sus actividades, incluso dentro de zonas que corresponden a denuncios mineros formales”, refirió.
“Esto es un daño para el Perú, para la estabilidad jurídica, consecuencias negativas que debemos de afrontar de manera más seria. Ya no puede ser visto como un problema de informalidad, sino de seguridad pública. En tal sentido debe ser afrontado. Todos los estudios, no solo el nuestro, revelan la presencia de organizaciones extranjeras con las que opera (la minería ilegal)”, enfatizó Espinoza.
Lamentó que el marco legal vigente permita estas actividades irregulares, y que incluso se abuse del mismo para evadir controles.
“Ya no es un problema de contaminación ambiental, de los ríos; ahora no. Ya es un problema directo de voladura de torres, contra la seguridad pública y del Estado; y la reacción debe ser proporcional, y poner en profunda revisión y hasta la suspensión del proceso de formalización minera (Reinfo), porque eso es lo que permite que todas esas actividades se den”, planteó al aludir el reciente ataque contra las torres de electricidad de Minera La Poderosa, en Pataz.
“Es un cáncer que cruza toda la sociedad y toda la economía peruana, al que hay que poner fin de una vez, y el primer paso es mejorar la legislación”, insistió.
Ante estos graves problemas, la UIF propone dotar de estabilidad a entidades públicas en las que el nivel de rotación de funcionarios es muy alto, lo que impide el desarrollo de políticas preventivas; así como contar con los recursos suficientes en las instituciones para enfrentar tales lacras. “Esto debe ser visto por el Estado no como un gasto, sino como inversión”, dijo el jefe de la UIF.
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