Fitch Ratings se manifestó respecto al rápido juicio político y la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Congreso peruano el 10 de octubre.
La calificadora subrayó la persistente volatilidad política del país y consideró que este cambio repentino de gobierno, aumenta la imprevisibilidad de las políticas públicas de cara a las elecciones generales de abril de 2026.
“Fitch Ratings prevé riesgos de que la deriva política y las medidas populistas, a medida que el Congreso y el Ejecutivo entran en campaña, compliquen los esfuerzos de consolidación fiscal, que ya enfrentan desafíos debido al débil impulso de las reformas y al reiterado incumplimiento de la regla fiscal”, advirtieron.
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El análisis en torno al uso de la vacancia sobre Boluarte
Fitch sostuvo que el juicio político, formalmente anclado en la cláusula constitucional de “incapacidad moral permanente”, parece reflejar factores como el deseo de los congresistas de distanciarse del aumento de la delincuencia —la principal preocupación del electorado— en medio de una amplia insatisfacción con los resultados en materia de seguridad y unos índices de aprobación presidencial muy bajos.
“El juicio político fue aprobado por 122 de los 130 votos a favor, lo que refleja el desplome del apoyo a Boluarte entre los partidos de derecha y centroderecha que la habían mantenido en el cargo. La vacancia de Boluarte se suma al historial de rotación presidencial de Perú (siete presidentes desde principios de 2018), así como a la frecuente rotación del gabinete”, explicaron.
La calificadora recordó que Boluarte asumió el cargo en 2022 después de que el Congreso destituyera a su predecesor, Pedro Castillo. Para Fitch, el proceso constitucional mediante el cual José Jerí, expresidente del Congreso y miembro de la dirección del partido Somos Perú, toma la presidencia apunta a un período de transición preelectoral.
Así, indicaron que se espera que Jerí busque la continuidad en la gestión macroeconómica, priorizando al mismo tiempo medidas de seguridad de alto perfil, y posiblemente solicitando facultades especiales al Congreso.
“Prevemos que un gabinete de centroderecha conserve el apoyo legislativo a la agenda de Jeri. Sin embargo, a aproximadamente seis meses de las elecciones y sin un mandato popular claro, la capacidad del Ejecutivo para resistir el populismo del Congreso será limitada. Los incentivos políticos del Congreso favorecen medidas con atractivo para los votantes durante el mandato (por ejemplo, retiros adicionales de pensiones), lo que erosionaría la sostenibilidad fiscal a mediano plazo”, refirieron también.
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La visión de cara al próximo gobierno
A criterio de Fitch, tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo, se encontraban en un prolongado estancamiento antes del impeachment de Boluarte, lo que amplió los desafíos de gobernabilidad. En ese sentido, de cara al próximo proceso electoral, ven oportunidades de corregir esto.
“El retorno al bicameralismo en las próximas elecciones, con un Senado de 60 escaños con mayor poder de veto efectivo y un umbral del 5% para que un partido político tenga escaños en el Congreso, podría reducir moderadamente la fragmentación, pero es poco probable que genere un consenso rápido sobre reformas complejas en la próxima legislatura”, manifestaron.
Una deuda pública moderada (30.8% del PBI al cierre de 2024), un banco central creíble y una sólida liquidez externa siguen respaldando la calificación crediticia de Perú (‘BBB’/Estable) y sus indicadores de crédito soberano en comparación con sus pares, recordó Fitch.
Sin embargo, para la calificadora, el incumplimiento reiterado de las metas fiscales, la dependencia de medidas extraordinarias de ingresos y administrativas, y la ausencia de una reforma tributaria amplia aumentan el riesgo de que la deuda supere las previsiones de las autoridades.
Iniciativas adicionales que erosionan los ingresos y rigideces en el gasto corriente dificultarían mantener un déficit duradero por debajo del 2% del PBI después de 2026 sin un mayor impulso al crecimiento ni mejoras estructurales en los ingresos, agregaron.
Las perspectivas de crecimiento son sólidas. La actividad a corto plazo debería beneficiarse de la desinflación y la mejora de las condiciones de liquidez, junto con unos términos de intercambio aún favorables, plantearon también.
“Nuestra opinión base es que la vacancia podría generar volatilidad temporal en el mercado, pero no alterará fundamentalmente la estabilidad macroeconómica de Perú a corto plazo”, estimaron.
Fitch también recordó que la minería sigue siendo una fuente de potencial de mayor crecimiento gracias al aumento de la exploración y la inversión, pero ha estado sujeta a problemas de permisos y protestas sociales en algunas regiones que la han perturbado. Aparte, el crecimiento de la inseguridad podría frenar la inversión no minera.
De cara al manejo gubernamental una vez se escojan las nuevas autoridades, la calificadora lamentó que las señales políticas ofrecen poca claridad sobre el impulso de las reformas postelectorales.
“Fitch prevé continuidad de la política macroeconómica, pero existe el riesgo de que el candidato ganador busque cambios en el modelo económico peruano”, concluyeron.
