En mayo de 2025, el Pleno del Congreso aprobó una ley que duplicará progresivamente la participación del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) en el reparto del IGV, pasando del 2% actual al 4% para el año 2029. La medida, respaldada por el Ejecutivo, busca reforzar las finanzas de los municipios, especialmente en distritos pequeños y rurales.
La norma no modifica la tasa del IGV (que se mantiene en 18%), pero redistribuye internamente el destino de lo recaudado, restando participación al Gobierno central para entregar mayores transferencias a las municipalidades.
Aunque la intención es cerrar brechas y promover la inversión local, la iniciativa ha reavivado un debate más estructural: ¿cómo se están utilizando actualmente los recursos del Foncomun?
Un análisis del gasto ejecutado por las municipalidades en 2024 revela que la mayor parte del Foncomun no se destina a obras ni proyectos de inversión, sino a cubrir gastos operativos como sueldos, servicios y mantenimiento.
Este patrón plantea una interrogante crucial para los próximos años con vista a la eficiencia de las municipalidades: ¿es suficiente con aumentar los fondos, si no se cambia la manera en que, estructuralmente, se distribuyen y utilizan internamente?
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Gasto corriente absorbe la mayor parte del fondo
Una revisión de las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revela que, en 2024, la mayor parte del Foncomun fue usada para gasto corriente. El 38% se destinó a planillas y el 36% a bienes y servicios, dejando solo un 20% para inversión pública y 6% para otros fines.
Este patrón muestra que tres de cada cuatro soles del Foncomun se utilizan en operaciones básicas, como sueldos, servicios administrativos y mantenimiento, en lugar de financiar obras o cerrar brechas de infraestructura.
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El Foncomún se desvió de su propósito: ya no prioriza inversión
Aunque el Foncomún fue creado como un mecanismo de compensación fiscal para municipios con menor capacidad de generación de ingresos propios, su uso actual se ha desviado del propósito original.
Según Luis Arias, exjefe de la Sunat, en sus inicios existía la obligación de destinar al menos el 50% de este fondo a inversión pública.
Sin embargo, cambios normativos posteriores flexibilizaron su uso, permitiendo que los gobiernos locales lo apliquen libremente en distintos tipos de gasto. Hoy, las cifras muestran que solo el 20% del Foncomún se utiliza en proyectos de inversión, mientras que más del 70% se consume en planillas y bienes y servicios.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, coincide con esta lectura y advierte que el desvío en el uso del Foncomún responde a una mezcla de discrecionalidad política, falta de capacidades técnicas y ausencia de fiscalización efectiva.
En muchos distritos rurales, donde este fondo representa prácticamente el único ingreso disponible, se priorizan gastos operativos para mantener la administración municipal, aun si ello va en contra del sentido redistributivo del fondo.
Así, el Foncomún ha pasado de ser una herramienta para cerrar brechas a convertirse, en la práctica, en un recurso que sostiene el funcionamiento diario de los municipios, con escaso impacto en obras públicas.
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Discrecionalidad, poca supervisión y riesgo de uso político
Ambos expertos subrayan que el problema no es solo la falta de recursos, sino la manera en que se distribuyen y ejecutan. Castilla destaca que no hay suficientes controles ni consecuencias por el mal uso, mientras Arias advierte que los consejos municipales priorizan gasto corriente por decisión política. Para ambos, el diseño actual permite decisiones arbitrarias sin rendición de cuentas efectiva.
“Son decisiones políticas. Los alcaldes priorizan lo que consideran urgente, como planillas. Pero ese no es el espíritu del Foncomún”, advierte Arias.
“Hay mucha discrecionalidad, inconducta funcional y corrupción. Incluso, el MEF no ha podido integrar la planilla municipal en su sistema por el desorden”, señala Castilla.
Más allá del monto asignado a los municipios, el principal desafío sigue siendo la limitada capacidad de gestión de los gobiernos locales, especialmente en distritos pequeños y rurales.
Tanto Arias como Castilla mencionan que muchas municipalidades no cuentan con personal calificado, ni con los sistemas administrativos necesarios para ejecutar proyectos de inversión de manera eficiente.
Esta precariedad estructural se traduce en baja ejecución del gasto, acumulación de saldos sin usar, obras mal formuladas o paralizadas, y una dependencia casi total de las transferencias del Estado.
Castilla resalta que, incluso, los sistemas del MEF enfrentan dificultades para integrar la información de las planillas municipales, debido a la atomización, informalidad y desorden operativo en cientos de municipios.
Arias, por su parte, subraya que, al no generar estos recursos por esfuerzo propio, los gobiernos locales no sienten presión por usarlos eficientemente, lo que termina consolidando patrones de gasto inercial.
En ese contexto, incrementar el Foncomún sin fortalecer las capacidades locales solo aumenta la probabilidad de ineficiencia y malgasto, dejando sin resolver los problemas de fondo que afectan la gestión pública a nivel territorial.
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¿Cuál es la solución para el Foncomun?
Frente a un sistema que reparte recursos sin exigir resultados, Castilla plantea que la solución no pasa por seguir incrementando el Foncomún, sino por diseñar mecanismos de incentivos que premien la buena gestión municipal.
Como ejemplo, menciona el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, vigente desde 2009, que transfiere fondos condicionados al cumplimiento de metas diferenciadas según el tipo y tamaño del municipio.
Este esquema ha demostrado ser más efectivo porque fomenta mejoras concretas, como el aumento en la recaudación del impuesto predial, la planificación de inversiones y el orden administrativo.
Castilla sostiene que entregar más dinero sin ningún tipo de condicionalidad equivale a otorgar un “cheque en blanco”, lo que no solo perpetúa la ineficiencia, sino que abre espacio para el uso político o clientelar del presupuesto.
En cambio, vincular los recursos a metas claras y medibles ayudaría a transformar los municipios desde dentro, obligándolos a profesionalizar su gestión y orientar el gasto hacia obras que realmente cierren brechas. Para ambos especialistas, insistir en transferencias automáticas sin capacidad instalada ni rendición de cuentas es una apuesta fiscalmente riesgosa y políticamente miope.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
