El pleno del Congreso de la República aprobó recientemente el dictamen que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural en el país. Sin embargo, el texto que recibió luz verde va en sentido contrario a lo que buscaba el Poder Ejecutivo en su momento y a lo que habían pedido las empresas del sector.
En concreto, se aprobó –entre otros detalles– que se cree un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado al gas natural. Esto iba a permitir alcanzar una “tarifa nivelada o única” entre el gas natural en Lima y Callao y las otras regiones del país.
Lo que el Parlamento aceptó es que se nivelen los precios finales del gas natural para los usuarios regulados del servicio de distribución de gas natural por red de ductos a nivel nacional “que no superen los 50,000 m3/ mes”.
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Esto ya había sido cuestionado, pues solo beneficiaría a usuarios del tamaño, por ejemplo, de hasta una bodega, cuando el foco era atraer a usuarios de gran consumo, como industrias.
“Esta decisión frena las inversiones necesarias para llevar este recurso a 5 millones de nuevos hogares, que se estiman en US$ 6,000 millones. Al colocar un tope para los consumos hasta 50,000 m³/mes, se está excluyendo a los vehículos a GNV, comercios e industrias locales”, alertó Promigas Perú a Gestión.
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Justamente, en su segmento “Diálogos”, Gestión había recogido las declaraciones de Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), quien estimó que contar con una tarifa única ara todo usuario permitiría generar inversiones en conjunto hasta por US$ 6,000 millones en cinco años.
De estos, US$ 2,300 millones lo generarían la instalación de plantas petroquímicas.
Promigas agregó: “Se limita la demanda necesaria para sustentar el desarrollo de infraestructura, se desincentivan nuevas inversiones y se perpetúan la desigualdad, la centralización y la pobreza energética”.
