El gasto en remuneraciones del gobierno general de Perú ascendió a cerca de S/ 5,700 millones en junio, lo que representó un aumentó en 29.7% en dicho mes. Es decir, se alcanzó el mayor incremento en la primera mitad del año, ¿por qué?
Esto se explicó, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), principalmente por el pago de sentencias judiciales dispuesto en el mes a través del DS N° 113-2023-EF, así como por efecto del aumento dispuesto en los primeros meses del año al personal de los diferentes regímenes del sector público y al personal de Educación en marzo.
De hecho, en junio último, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante dicho Decreto Supremo autorizó la transferencia de partidas presupuestales para este fin.
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“Se trata de juicios ganados en contra del Estado, principalmente contra gobiernos regionales, por un aumento que no se dio, un aporte a la ONP que no se pagó o porque correspondía una escala y no se llevó a cabo”, explica Carlos Casas, exviceministro de Economía e investigador de la Universidad del Pacífico.
La transferencia de recursos autorizada por el MEF ascendió a S/ 1,400 millones, de los cuales S/1,200 millones están destinados al pago de sentencias judiciales del sector Educación. Los S/200 millones restantes están destinados al pago de sentencias judiciales de otros sectores.
Gasto de remuneraciones por nivel de gobierno
De acuerdo con el BCRP, en junio se desembolsaron S/ 711 millones por concepto de pago de sentencias judiciales del sector Educación de gobiernos regionales. Esto ocasionó un incremento del 58.7% interanual del gasto de regiones en remuneraciones: ascendió a S/ 2,900 millones.
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Además, el gasto de los gobiernos regionales, así como del Gobierno Nacional, aumentó también por concepto de los aumentos de noviembre del 2022 y marzo del 2023 al personal del Magisterio.
Cabe mencionar que de acuerdo con el Reporte de Seguimiento Trimestral de las Finanzas Públicas y del Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales del MEF, al cierre del 2022, los gobiernos regionales y gobiernos locales declaran un saldo por pagar de S/ 12,373 millones por sentencias judiciales y arbitrales en ejecución lo cual representa el 1.3% del PBI.
Las sentencias laborales son las más significativas, dejando saldos por pagar que representan S/ 9,597 millones, o el 77.5% del total. Los saldos a pagar al Magisterio representan el 68.3% de ese total.
Un desembolso de esta magnitud podría ajustar aún más la capacidad de gasto del Estado para este año en un contexto en el que van dos meses consecutivos (abril y mayo) en los que se llega al tope máximo del déficit fiscal (2.4%).
“No sé por qué se ha pagado casi el 10% de lo que se debe en un mes. Se me hace que este pago puede estar comiendo gran parte del crecimiento que permite la Regla Fiscal del Gasto Corriente”, señala Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director ejecutivo de Videnza, quien recuerda que solo se puede asignar hasta un 5% del presupuesto para el pago de sentencias judiciales.
Para Carlos Casas, este aumento es “extraordinario” y “hay muchos juicios más que van en camino”.
