Durante su presentación ante el Pleno del Congreso, donde solicita el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció una serie de acciones para enfrentar de manera integral la minería ilegal y el lavado de activos en el país.
“La respuesta estatal no puede limitarse únicamente a operativos de interdicción en zonas de extracción“, afirmó Arana, al anunciar la pronta aprobación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos.
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Esta medida se acompañará de dos proyectos legislativos claves: uno para modificar el tipo penal de minería ilegal, con el fin de “ampliar su alcance y sancionar todas las actividades mineras fuera del marco legal”, y no solo la extracción o producción de mineral; y otro para establecer un Registro Nacional Obligatorio de Maquinaria Minera, que estará a cargo de la Sunarp, con el objetivo de “fortalecer el control y la trazabilidad de los activos logísticos utilizados en el sector”.
En esa misma línea, Eduardo Arana informó sobre la próxima publicación de la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal, calificada como un “cambio estructural en la política pública”, así como del Protocolo de intervención conjunta en Pataz, una zona crítica afectada por esta actividad ilícita.
En otro momento, Arana adelantó que a partir de julio de 2025 se implementará el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, un mecanismo que permitirá la supervisión en tiempo real de la trazabilidad de minerales, explosivos, insumos químicos, maquinaria y productos fiscalizados en estas modalidades de minería.
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Reinfo
En otro momento de su intervención, el premier Eduardo Arana se refirió al uso indebido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), herramienta creada para facilitar la transición hacia la legalidad, pero que —advirtió— ha sido distorsionada por normativas laxas y aprovechada por actores que operan al margen de la ley.
“Se han tomado medidas concretas para depurar el Reinfo“, señaló Arana, al anunciar la revocación automática de 1,425 inscripciones suspendidas en distintos distritos de la provincia de Pataz, una de las zonas más afectadas por la minería informal.
A la fecha, existen 86,000 inscritos en el Reinfo, de los cuales 65,000 se encuentran suspendidos y deberán regularizar su situación antes del 5 de julio. El Ejecutivo proyecta que, vencido ese plazo, se concretarán más de 40,000 exclusiones a nivel nacional.
El jefe del Gabinete reiteró que no habrá una prórroga indiscriminada del Reinfo, y advirtió que se fortalecerá la fiscalización sobre su uso. Cualquier indicio de irregularidad será motivo de exclusión inmediata del registro.
