En un informe que elaboró el Gobierno sobre las pérdidas que ha ocasionado el desarrollo de la minería ilegal, reconoció que, hasta el momento, esa actividad ilícita le ha costado al Perú más de S/7,500 millones en impuestos no pagados entre los años 2023 y 2025.
Con ese recurso no percibido, refirió, se pudo haber financiado la construcción de 1,500 escuelas primarias rurales, o 500 colegios secundarios urbanos, o 750 centros de salud y 375 comisarías, o construido 750 kilómetros de carreteras, entre otras obras que se pudo haber ejecutado, o mejora de servicios públicos y beneficios que pudo haber percibido la población.
En general, indicó que en los últimos tres años más de 19 millones de hectáreas han sido destruidas por diversos factores, entre ellos por la minería ilegal, que únicamente en la selva, arrasó más de 180 mil hectáreas (de bosques).
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Este año se perdería S/5,200 millones en IR
A mayor detalle, en un pronunciamiento conjunto del Ejecutivo en el que participó la presidenta Dina Boluarte; el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, detalló que este año, se prevé que la minería ilegal genere pérdidas en Impuesto a la Renta (dejado de pagar) por S/5,200 millones.
Igualmente, reconoció (para este año) se espera pérdidas por canon minero (dejado de percibir) por S/2,600 millones, afectando la oferta de bienes y servicios para la población.
Vale recordar que el canon minero se obtiene del 50% del Impuesto a la Renta que paga la actividad minera formal, y que se destina a los gobiernos regionales y municipales de las zonas mineras.
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Específicamente, puntualizó el ministro Montero, se está perjudicando a regiones como Puno, con S/460 millones en pérdida de impuestos; al igual que por el mismo motivo a Arequipa con S/450 millones; a Madre de Dios con S/240 millones; a La Libertad, con S/215 millones; a Apurímac, con S/213 millones, y Ayacucho, con S/160 millones.
“Todas estas regiones se ven afectado afectadas en su recaudación tributaria por acción de la minería ilegal, la cual impide el desarrollo, destruye el medio ambiente y genera inseguridad ciudadana”, aseveró.
Revisarán derechos laborales de trabajadores
Por otro lado, el titular del Minem refirió que los derechos laborales de los trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal han sido sistemáticamente vulnerados por los titulares de registros que actualmente se encuentran excluidos o suspendidos (del Registro Integral de Formalización Minera -Reinfo), y advirtió que el Gobierno no va a permitir que ello continúe.
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En esa línea, indicó que se van a revisar las normas de los derechos laborales de los pequeños mineros de los trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal para que puedan realmente trabajar con salud y seguridad ocupacional “y no vuelvan a ser manipulados por personas que dicen defenderlos, pero solamente los explotan y los exponen”.
Ley Mape no debe regular formalización
otro tema importante sobre el que debemos reflexionar -anotó el ministro Montero-, es sobre la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (ley Mape) la cual se va a seguir discutiendo en el parlamento de la República a partir de la próxima legislatura.
Esta nueva ley que todo el Perú espera -afirmó- es una norma que debe legislar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal formales, pero no es una ley que legisle sobre procesos de formalización de registros vigentes o suspendidos, ni tampoco una normativa que legisle facilidades para que las economías ilegales tengan posibilidad de actuar.
“Esa es una agresión, una lesión grave en el diseño de la ley que necesita el Perú, una ley que debe responder a las necesidades de la pequeña minería y minería artesanal formales, que debe responder a los derechos laborales de los trabajadores que allí laboran, y debe responder a la protección del medio ambiente y la economía nacional”, sentenció.
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