El Ejecutivo publicó este jueves 2 de octubre la ley 32460, que establece cambios en la normativa que impulsa la inversión pública a nivel regional y local con la participación del sector privado. Con esto se busca optimizar el desarrollo de las Obras por Impuestos (OxI).
La ley contempla una serie de cambios sobre la ejecución de inversiones de las entidades públicas del Gobierno Nacional. Así, se autoriza a las entidades públicas a ejecutar proyectos de inversión; inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición; entre otros.
“Esta autorización comprende también el desarrollo de actividades de operación o mantenimiento de las inversiones, de acuerdo con sus competencias”, precisó el documento.
Para esto, se autoriza a la Dirección General de Tesoro Público (DGTP) a emitir los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN), que buscan la cancelación del monto que ejecute la empresa privada que suscriba el convenio de inversión para financiar y/o ejecutar estas inversiones.
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“Esta modalidad de ejecución no constituye una operación oficial de crédito”, se precisó.
Asimismo, se indicó que los CIPGN se sujetan a las disposiciones establecidas para los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). Aquí también se efectúan modificaciones.
“Los CIPRL pueden ser utilizados por la empresa privada hasta por un porcentaje máximo del 80% de los pagos a cuenta, de regularización, de deuda u otra obligación tributaria”, se lee.
Los conceptos abarcan impuesto a la renta de tercera categoría, impuesto temporal a los activos netos, impuesto a la renta del régimen especial, impuesto a la renta régimen del MYPE tributario, impuesto especial a la minería, impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo.
En este ámbito, también se apuntó que el financiamiento de los CIPRL corresponden a fuentes de financiamiento, como recursos determinados provenientes del canon o sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones que perciba el gobierno regional o el gobierno local o la universidad pública respectivos.
También por recursos ordinarios para la ejecución de proyectos de inversión a cargo de los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las universidades públicas.
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