Como parte del pedido de facultades legislativas delegadas que sustentará hoy el Gobierno de Perú ante el Congreso de la República, se plantean 24 medidas de crecimiento económico responsable. Una de ellas está vinculada a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
Lo propuesto es establecer diversas medidas para “optimizar el mejor funcionamiento de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) conforme al presupuesto asignado a dicha entidad”.
A continuación, Gestión muestra un resumen de lo que se quiere “ajustar” en la ANIN, según el pedido de facultades:
- La ANIN solo podrá incorporar proyectos en su presupuesto institucional cuando cuenten con financiamiento previsto a la asignación presupuestaria multianual (APM) aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
- La Oficina de Presupuesto de la ANIN deberá solicitar la opinión técnica previa del MEF antes de realizar actos de incorporación presupuestaria o firmar contratos y convenios con gobiernos regionales o locales.
- Se incorpora como falta grave la incorporación de proyectos sin validación previa, en concordancia con lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1440, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que resulten aplicables.
- Antes de aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que supongan la anulación de recursos asignados a inversiones en ejecución, la Oficina de Presupuesto Institucional y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector deben emitir opinión favorable.
Lo propuesto es establecer diversas medidas para “optimizar el mejor funcionamiento de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) conforme al presupuesto asignado a dicha entidad”. (Fuente: Andina)
El segundo punto mencionado es lo que más habría preocupado a la ANIN, según fuentes allegadas a la entidad. De hecho, comentaron que una opinión previa del MEF en este caso “supone una intromisión en la capacidad de dichas entidades de delegar la ejecución de sus proyectos mediante un convenio, generando un control adicional que restringe su autonomía en la gestión de inversiones”.
Además, a consideración de las voces consultadas, se distorsiona el mandato de la Ley N° 31841, con un trámite contrario a la naturaleza ágil que motivó la creación de la ANIN.
