El proyecto de ley que planteó la bancada de Perú Libre para imponer restricciones a la participación del sector privado en el sistema portuario nacional, generó preocupación en diversos sectores empresariales e inclusive en los operadores de puertos.
Como se sabe, esa iniciativa -que pasó a cuarto intermedio y está pendiente de votación en la Comisión de Justicia del Congreso- pretende limitar la intervención privada a un máximo del 40% de participación (y por un periodo de diez años), excluyendo además a las concesiones, arrendamiento, entre otras modalidades de participación.
El dictamen también incorpora la creación de la Unidad de Fiscalización y Control de Salidas en los terminales portuarios, prohibiendo la salida de cargamentos de materias primas y metales en horario nocturno sin conformidad de ese ente fiscalizador, bajo pena de prisión.
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Al respecto, diversos gremios participantes en un evento convocado por Dubai Ports World Callao (DPW) y esa misma empresa, se pronunciaron en contra de esa propuesta, por el riesgo que podría implicar para las futuras inversiones en proyectos portuarios.
Confiep: Se nos quiere retroceder a los 70
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, refirió que ese tipo de proyectos de ley sin duda generan ruido político y preocupación en los inversionistas, y recordó que el 80% de las inversiones en el país vienen del sector privado.
Remarcó que existe una diferencia enorme entre inversión privada y pública, y señaló que, en el caso de puertos, al interior de estos, donde está la inversión privada, las cosas funcionan, pero fuera de éste, donde está el Estado, las cosas no funcionan.
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Además, refirió que (del lado estatal) existen cerca de S/35,000 millones en obras (públicas) paralizadas, y donde el Estado realizó inversiones pero las obras están a medias, recordando que todos los años las inversiones públicas se ejecutan con un 60% a un 65% como máximo.
“Estos proyectos de ley que nos quieren hacer retroceder a los años 70, causarían un impacto pésimo, muy negativo en la economía nacional y a la confianza de los inversionistas”, fustigó, e invocó (al Gobierno) a apostar más por las asociaciones público privadas (APP), las concesiones, Obras por Impuestos y proyectos en activos.
AGAP: No va a ayudar a la competitividad
En tanto, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) cuestionó que este tipo de proyectos de ley no van a ayudar a la competitividad del país, y menos aún en la infraestructura portuaria que requiere para mantener el ritmo de crecimiento del sector agroexportador.
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Citó que sólo la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic va a cuadruplicar las exportaciones agrícolas, y ante lo cual se necesitará cuatro veces más camiones, cuatro veces más capacidad portuaria adicional a la actual, cuatro veces más infraestructura vial, puentes.
Recordó que cuando la infraestructura portuaria era sólo manejada por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) el Perú no tenía planes de inversión y sólo exportaba productos agrarios por US$700 millones, y hoy (gracias a las concesiones portuarias) podemos exportar por cerca de US$12,000 millones.
DPW: Este proyecto es poco sensato
A su turno, Carlos Merino, CEO de DPW para el Perú y Ecuador, señaló que el hecho de que se puedan volver a estatizar los puertos o que volvamos a tener restricciones a la inversión privada en puertos, le parece poco sensato.
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Ello, por cuanto, añadió, se conocen los impactos positivos que su concesión y las de APM Terminals, y los operadores de los puertos de Paracas, Paita, han tenido en las agroexportaciones y la economía en general.
Por su parte, la ex ministra de Economía Mercedes Aráoz, presidenta de In Perú, refirió que, de haberse mantenido la operación de puertos bajo Enapu, hubiera sido difícil llevar a cabo las inversiones en ese tipo de infraestructura, que bajo el sistema público pueden demorar entre cinco a siete años, y que el sector privado puede concretar en 15 meses.
Remarcó que, sin operadores privados en los puertos, el comercio exterior actual no sería posible, y cuestionó que hoy aparezcan voces que quieren nacionalizar los puertos, y que el sólo hecho de que las mismas surjan, indica que no están claros de lo que necesita el país.
“Eso deben tenerlo en cuenta los congresistas que están por votar un proyecto de ley absurdo”, puntualizó Aráoz.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
