Pataz, con la Minera Poderosa a la cabeza, pareciera haberse vuelto el epicentro de las actividades de la minería ilegal en el Perú. Con el último atentado, donde 13 personas fueron asesinadas, son ya 39 los trabajadores relacionados a la empresa víctimas de este crimen desde 2023. Pero los datos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) demuestran que el problema escapa de allí.
Gestión realizó un ejercicio cruzando los datos de este padrón con las bases de datos de la Sunat y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), usando una muestra entre las seis regiones con más inscritos suspendidos en el Reinfo.
El resultado devela lo que varios analistas han señalado de este registro desde la primera vez que el Congreso extendió su vigencia: hay inscritos que no tienen la más mínima intención de avanzar en su proceso hacia la formalidad minera.
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Los “focos” informales camino a ser “zonas liberadas”
Si bien la situación en Pataz ha captado la atención por la gravedad de los crímenes que la minería ilegal viene cometiendo, esta no es la única localidad expuesta ante esta cruda realidad.
En todo el Perú hay 63,721 personas inscritas en el Reinfo que aparecen como suspendidos, el 76% del total. La Libertad, donde está Pataz, es la sexta región del país con más personas en esta condición, lo que habla de la extensión de la informalidad minera en el territorio nacional.
Le ganan en este infame ranking Arequipa (12,142), Puno (7,871), Madre De Dios (6,882), Ayacucho (6,410) y Apurimac (5,566). Cada departamento tiene una provincia donde se concentran sus Reinfo suspendidos.
Para Dante Vera, director fundador V&C Analistas, Pataz “está en proceso a convertirse en una zona liberada”, es decir, controlada por el crimen y donde el Estado no tiene presencia.
Según explicó a Gestión, la localidad de La Libertad puede verse así porque se están cumpliendo condiciones como el aprovechamiento de la poca estabilidad institucional del Estado, existe un recurso minero abundante (el oro) y las organizaciones criminales usan la extorsión o corrupción para asegurar sus ganancias.
“Podríamos decir que Pataz cumple con todo ello, pero aún no es una zona liberada, aunque está en proceso. Así será en la medida que las organizaciones criminales logren el control territorial, venzan a las fuerzas del orden y controlen a la población mediante el miedo”, sostuvo.
Consultado por cuáles otras zonas del Perú están camino a ser “liberadas”, Vera listó varias. Algunas están fuertemente vinculadas con los registros de suspendidos del Reinfo.
Por ejemplo, el analista en temas relacionados a economías criminales y seguridad nacional resaltó la gravedad de la situación en Sandia, Puno, la provincia con más Reinfo suspendidos en este departamento: 3,192.
También mencionó a La Pampa, distrito de la provincia de Tambopata, el lugar con más Reinfo suspendidos en Madre de Dios: 3,577. “Hace unas semanas viajé allí y no pude ingresar a La Pampa porque hay una guerra abierta entre mafias por la disputa de socavones y el transporte del oro”, aseguró.
Otras áreas del país en camino a ser zonas liberadas serían El Cenepa, Putumayo, frontera con Colombia; y el río Nanay, en Loreto.
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Sin intención de formalizarse
De cada una de las seis regiones con más suspendidos en el Reinfo, Gestión seleccionó una muestra aleatoria de 30 personas registradas en su provincia más representativa. Luego, cruzó los datos con Sunat y el Ingemmet para conocer su situación tributaria y minera administrativa.
Como resultado, entre los 180 casos estudiados, se observan rasgos llamativos. Abundan las personas con RUC dados de baja desde hace más de 15 años (el Reinfo se creó en 2012), derechos mineros extinguidos (concesiones) y que se dedican a profesiones lejanas a la minería.
Por ejemplo, Exaltación Portillo Bravo tiene un Reinfo suspendido en Ayacucho. También tiene su RUC dado de baja desde el 2004 y su derecho minero extinguido. Según Sunat, su actividad económica principal es el cultivo agrícola.
Otro caso similar está en La Libertad. En Pataz, Santos Olortegui Mendoza tiene un Reinfo suspendido, su RUC inactivo desde 2006 y su derecho minero extinguido. La Sunat señala que su labor principal es la fabricación de muebles. También se identificaron hasta seis ciudadanos que comparten un mismo derecho minero, pero extinguido.
Y en Arequipa, la región con más suspendidos en el Reinfo, también se encuentra lo mismo. Eusebio Bellido Larico es uno de ellos. Su RUC está dado de baja desde 2011. Si bien tiene su concesión minera vigente, la Sunat señala que su actividad económica principal es “pompas fúnebres y actividades conexas”.
De acuerdo a la clasificación de la autoridad tributaria (CIIU REV 4.0), esto significa que se dedica a todos servicios funerarios relacionados con el fallecimiento de una persona. Ninguno de los tres inscritos en el Reinfo señalados registra una actividad económica secundaria en Sunat.
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“Dejadez” del Ejecutivo y Congreso para enfrentar a la minería informal e ilegal
Para el ex ministro de Energía y Minas (Minem), Carlos Herrera Descalzi, lo encontrado por Gestión en la muestra de los Reinfo suspendidos es altamente representativo del mal uso de este registro.
“Son irregularidades graves y nadie los retira. Yo puedo entender de todo ello que el Reinfo se ha vuelto un negocio, un salvoconducto para la minería ilegal”, lamentó.
Por su parte, el ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, apuntó que ha recibido información que incluso fallecidos aparecerían en el Reinfo como inscritos, ya sea suspendidos o vigentes.
“El Reinfo tiene un manejo poco pulcro, con sospechas de corrupción. Por eso ha sido usado por la minería ilegal: lo han usado como un mecanismo de promoción, en vez de apoyar al minero artesanal. Está contaminado”, remarcó.
Los ex funcionarios del Minem criticaron fuertemente al Ejecutivo. Nada impide hoy que puedan retirar voluntariamente a personas como la de los casos retratados por Gestión, sostuvieron.
La prueba más evidente de ello es el anuncio de la presidenta Dina Boluarte, a raíz de la tragedia de Pataz de este fin de semana. Todos los suspendidos en este distrito en el Reinfo, unas 737 personas, serán retirados automáticamente.
“Por dejadez, el Ejecutivo y el Congreso se han vuelto cómplices de la minería ilegal. En 2026 habrán elecciones y se necesitan fondos para la campaña, dinero que hay en la minería de ese tipo. No parecen querer pelear con ellos”, apuntó Herrera Descalzi.
El ex ministro dijo esto luego de recordar que, como manifestó el titular del Minem a Gestión, Jorge Montero, el Reinfo volverá a prorrogarse mientras se prueba el sistema interoperable de formalización minera que reemplazaría al padrón.
Sobre ello, Gamio insistió en que la salida es mejorar la trazabilidad de la actividad ilegal minera. “Hay mucha mediocridad en el combate a este crimen. Hace falta gobierno digital: hay experiencia en el monitoreo satelital en lo forestal que podría replicarse”, comentó.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
