La inseguridad ciudadana es hoy la principal preocupación de los peruanos. El avance del crimen organizado y el aumento de delitos violentos han intensificado la sensación de vulnerabilidad y puesto en duda la capacidad del Estado para recuperar el control. En este contexto, el sistema penitenciario vuelve a ocupar un lugar central en el debate público.
En las últimas semanas, el presidente José Jerí ha encabezado requisas, operativos simultáneos y visitas inopinadas a penales con el objetivo de frenar el autogobierno de los internos, limitar las operaciones criminales desde las cárceles y restablecer el principio de autoridad.
“El INPE va a desaparecer”, afirmó el mandatario para remarcar que el modelo actual no responde a la magnitud del problema. Hoy la privación de libertad no funciona como un puente hacia la reintegración, sino como un factor que agrava la crisis.
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Por encima de su capacidad
El sistema penitenciario es un componente clave de la seguridad pública y el último eslabón de la justicia penal. Su misión es contener, rehabilitar y reinsertar a los reos para reducir su reincidencia y proteger a la sociedad. Sin embargo, cuando opera con severas deficiencias –especialmente el hacinamiento– se violan derechos fundamentales, se fortalecen organizaciones criminales y se desperdician recursos públicos, todo lo cual genera un círculo vicioso que incrementa la inseguridad.
A septiembre último, el país alberga 103,000 internos en instalaciones diseñadas para 42,000 plazas. La sobrepoblación llega al 147%, lo que significa casi dos personas y media por cada espacio disponible. Este no es un problema coyuntural, sino estructural. Siete de cada diez penales están saturados y la mitad supera el 200% de sobrepoblación, con situaciones extremas como Huancavelica (462%) y el Callao (440%).
Centros penitenciarios. Elaboración: Videnza Instituto
La distribución regional confirma la magnitud del problema: Lima concentra casi la mitad de la población penitenciaria (47,995 internos) con una sobrepoblación del 173% y 13 de sus 18 penales en hacinamiento.
El norte del país mantiene también una presión elevada, con diez de once penales por encima del límite y un exceso del 189%. La situación más crítica se presenta en el sur, con una ocupación superior al 270%, seguido por la zona centro (215%).
En total, 50 de los 69 establecimientos penitenciarios del país operan por encima de su capacidad.
Centros penitenciarios. Elaboración: Videnza Instituto
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Sobrecosto y avance
Al presente mes, el INPE administra una cartera de 53 proyectos activos por S/ 5,293 millones, monto que supera en 90% lo originalmente aprobado. Pese al volumen de recursos, 25 de esos proyectos están detenidos, sin ejecución financiera en los últimos seis meses, lo que compromete S/ 1,326 millones. La Oficina General de Infraestructura de la entidad registra un avance global de apenas 35.8%, habiendo ejecutado solo S/ 59 millones del presupuesto asignado.
Las proyecciones tampoco resultan alentadoras. Aunque dos de cada cinco proyectos deberían culminar entre el 2026 y 2027, la experiencia muestra que será insuficiente.
Entre el 2007 y 2024 la población penitenciaria creció de 41,546 a 99,448 internos, mientras que la capacidad de albergue apenas pasó de 23,290 a 41,764 plazas. La sobrepoblación, en consecuencia, se disparó de 78% a 138%.
La población carcelaria sigue aumentando a un ritmo anual de 5%, muy por encima de lo que crece la infraestructura necesaria para albergarla. Incluso con la incorporación de más de 20,000 nuevas plazas en los próximos dos años, la sobrepoblación solo se reduciría a 88% hacia el 2028. De los 13 proyectos priorizados, únicamente cuatro concluirían dentro de ese plazo, mientras otros se extenderían hasta el 2033.
En este escenario, cobra relevancia el apoyo del sector privado. ProInversión ha identificado una cartera de 18 proyectos penitenciarios valorizados en S/ 1,422 millones para ser ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.
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Tecnología y prevención
Cerrar la brecha de hacinamiento es solo una parte del desafío. Se necesita bloquear las comunicaciones ilegales que permiten la operación criminal desde los penales, así como implementar un sistema integrado de información que reduzca la discrecionalidad y las oportunidades de corrupción en la asignación y traslado de internos.
Fortalecer la inteligencia penitenciaria también es fundamental para recuperar el control. Al mismo tiempo, se requiere disminuir el ingreso de personas al sistema mediante alternativas a la cárcel en delitos menores y una justicia más eficiente para evitar la saturación de establecimientos ya al límite.
A largo plazo, cualquier reforma debe considerar los factores sociales que alimentan la criminalidad.
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Combatir la corrupción
INPE.
En medio de este escenario, la corrupción se convierte en un elemento determinante y agravante. El Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO 2024), elaborado por la Contraloría General de la República, ubica al INPE en el top 10 de entidades del Gobierno nacional con mayor riesgo de corrupción, junto a instituciones que deberían liderar la lucha contra el crimen, como la Policía Nacional, el Ejército y el Ministerio del Interior.
Además, investigaciones recientes registran entre 49 y 50 trabajadores penitenciarios investigados por corrupción en este 2025, en un contexto donde el crimen organizado busca cooptar al personal clave del sistema.
El Perú no resolverá su crisis de inseguridad sin transformar el sistema penitenciario. Las cárceles deben dejar de ser centros de operación criminal para convertirse en espacios efectivos de contención, disciplina y rehabilitación.
La reforma implica construir más infraestructura, pero también modernizar el control tecnológico, profesionalizar la gestión, transparentar la administración y fortalecer programas reales de reinserción social.
Tras años en los que se privilegió una precaria estabilidad interna a costa del control efectivo, las organizaciones criminales se consolidaron desde dentro. Recuperar el dominio del Estado sobre las cárceles y convertirlas en una herramienta efectiva de seguridad ciudadana ya no es una opción: es una urgencia impostergable.
