La inseguridad ciudadana se ha convertido en una amenaza creciente para la actividad empresarial. Un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) reveló que el 66% de las empresas industriales realizó gastos para mitigar los riesgos derivados de la inseguridad en el último año.
Esto significa que casi siete de cada 10 industrias han tenido que destinar parte de su presupuesto a protegerse de la delincuencia, por lo que algunas empresas ha dejado de asumir otras inversiones.
Según el informe, la tendencia va en aumento: el 58% de las empresas del sector industrial incrementó su inversión en seguridad respecto al periodo anterior.
Las principales acciones incluyeron la instalación de sistemas de videovigilancia, la contratación de seguridad privada y la capacitación del personal en protocolos de seguridad, así como gastos en seguros y tecnología de rastreo.
“Las industrias están orientando su inversión a protegerse cuando esos recursos deberían ir al sector productivo, a generar nuevos proyectos, productos, innovación o investigación de mercados”, comentó Dante Carhuavilca, gerente del IEES de la SNI, a Gestión.
El 73% de los encuestados que
gastaron para mitigar la inseguridad, lo destinó a la instalación de sistemas de
videovigilancia. (Fuente: SNI)
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El 58% de industriales afirmaron que sus gastos contra la inseguridad fueron superiores a los de hace un año.
Solo de junio del 2024 a mayo del 2025, cerca de la mitad (45%) de empresarios industriales manifestaron haber sido víctimas de algún hecho delictivo. Ante esto, el 36% de empresas afectadas afirmaron que redujeron, postergaron o cancelaron inversiones.
En detalle, la mayoría tuvieron que paralizar proyectos o planes de expansión, redujeron el aumento de costos operativos y tuvieron una menor rentabilidad.
Otros efectos de esta postergación o cancelación de inversiones fue la pérdida de clientes o la menor demanda, la disminución de la productividad, el incumplimiento de pedidos programados e interrupciones en la cadena de suministro o distribución.
Si bien aún no se puede estimar con precisión el monto total de inversión dejado de ejecutar, Carhuavilca explicó que el impacto varía según el tamaño y la exposición del negocio.
“Las empresas pequeñas como una cerrajería o una panadería, que están en permanente contacto con consumidores, probablemente, son las que tienen una mayor afectación que una gran empresa con muros y seguridad privada”, indicó.
En ese sentido, el representante de la SNI añadió que esta pausa en la inversión también puede tener un impacto en la producción y el empleo.
El 39% de industriales indicaron que la paralización de proyectos y/o planes de expansión fue la principal consecuencia de sus cambios en las decisiones de inversión.
Inseguridad limita el crecimiento
Para Juan Acosta, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la inseguridad ya podría estar reflejándose en el Producto Bruto Interno (PBI).
“La economía se sostiene sobre cuatro motores: gasto público, consumo privado, inversión privada y comercio exterior. La inseguridad afecta a cada componente, especialmente, al consumo privado y a la inversión”, explicó.
Pese a que la inversión privada alcanzó un crecimiento del 9.3% en el primer trimestre del año, Acosta advirtió que “detrás de ese crecimiento se ocultan costos significativos relacionados con la inseguridad”, lo cual reduce la competitividad y limita su crecimiento.
Acosta advierte que la dinámica negativa, que se extiende a toda la cadena productiva, ya se está viendo reflejada en indicadores internacionales.
En el último Índice de Paz Global, el país se ubicó en el puesto 96, muy por detrás de naciones como Chile (62) o Uruguay (48), mientras que en el Índice Global de Estado de Derecho 2024 ubica al Perú en el puesto 90 de 142 países, y en el componente de justicia penal, que evalúa a policías, fiscales y jueces, se desploma hasta el puesto 111.
Estos indicadores, explicó, “influyen en las decisiones de muchas empresas, que suelen preferir países más seguros para operar y proteger a sus trabajadores”.
Con la tendencia actual de inseguridad en el Perú, se podría agravar el problema de obligar a las empresas a reorientar sus recursos para protegerse en los próximos años, alertó Nicolas Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia.
Ante este escenario, Zevallos señaló que, desde el Estado, se debe comenzar a abordar la inseguridad no solo como un tema de orden público, sino como una barrera para la competitividad y la inversión.
“Es una barrera que está haciendo que muchos negocios o emprendimientos dejen de generar dinero y se hagan mucho más peligrosos y mucho más difíciles. Entonces, dejar que escale esto puede que te redunde muy negativamente en cómo ven al país como un espacio de inversión probable”, sostuvo.
Entre las medidas que se podrían adoptar están adecuar modelos contra la inseguridad como del “Águila Negra” para, por ejemplo, dar cobertura a algunos conglomerados comerciales o centros donde hay cierta concentración de actividades económicas y que ya han sufrido el impacto de las extorsiones.
Para ello, añadió, la base de ese trabajo debe estar coordinado entre la policía y la Fiscalía, “pero lamentablemente en términos políticos hay pocas condiciones para que eso sea fluido”.
“La inseguridad ciudadana: un costo creciente para las empresas peruanas”
Por: Felipe James Callao, presidente de la SNI
La inseguridad ciudadana se ha consolidado como una de las principales amenazas para el desarrollo empresarial. Según un reciente estudio de la SNI, el 45% de los empresarios industriales ha sido víctima de algún hecho delictivo en los últimos 12 meses. Esta situación no solo afecta la integridad de los negocios, sino también genera impactos económicos profundos.
Felipe James es el presidente de la SNI. | Foto: César Bueno / GEC
Uno de los efectos más alarmantes es la afectación directa a la inversión empresarial. El estudio revela que el 16% de los encuestados ha tenido que reducir, postergar o incluso cancelar sus proyectos de inversión como consecuencia directa de la inseguridad. Esto ha conllevado a la paralización de planes de expansión (39%), aumento en los costos operativos (32%) y una menor rentabilidad (29%).
Las micro, pequeñas y medianas empresas con menor capacidad financiera para absorber pérdidas o implementar costosos sistemas de seguridad, están enfrentando un entorno hostil que muchas veces compromete su viabilidad. La pérdida de clientes, interrupciones en la cadena de suministro y el incumplimiento de pedidos programados.
Ante este panorama, dos de cada tres empresarios industriales han tenido que asumir nuevos gastos para mitigar los riesgos. Más de la mitad de estos gastos ha sido superior al del año anterior, lo que evidencia un costo creciente que afecta la competitividad del sector.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
