
La jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), María Alejandra Ormeño, advirtió que por primera vez las exportaciones de minería ilegal de oro están por igualar a las legales, incluso podrían superarlas este año de no implementarse un control.
Agregó que desde el 2019 los envíos de origen ilegal se han multiplicado por cuatro, mientras que los legales solo se han duplicado.
“El IPE ha estimado que, por primera vez, las exportaciones de minería ilegal de oro van a igualar las exportaciones legales en 2025, y de no controlarse podrían superarlo, porque el ritmo de crecimiento de las exportaciones ilegales está aumentando más rápido que las legales”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
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Precisó que desde el 2019 las exportaciones legales se han duplicado, sin embargo, las ilegales se han cuadriplicado, siendo un problema que viene tomando mayor auge. Mencionó que la exportación de oro ilegal tiene una proyección de hasta US$ 12,000 millones, lo que representa entre 105 y 115 toneladas.
“Ahí estamos viendo un crecimiento bastante marcado de las exportaciones ilegales, y hay un tema importante, es que este análisis no está tomando en cuenta el oro que se va por contrabando, por ejemplo, a países como Bolivia, ese forado es muy difícil de calcular, no hay data, además que las pequeñas mineras no dicen cuánto están produciendo realmente”, expresó.
Sostuvo que el problema no se restringe al oro, puesto que también se ha identificado indicios de minería ilegal de cobre en regiones como Puno, donde el número de plantas procesadoras se ha multiplicado por seis en la última década.
Además, en lo que va del 2025 se han creado mensualmente en promedio 82 empresas procesadoras y 52 comercializadoras, lo que evidencia un crecimiento sin precedentes de una cadena informal de suministro, alertó.
“Nosotros hemos ido analizando las plantas de beneficio, donde se procesan algunos metales vinculados a la minería artesanal y a la minería en pequeña escala, es así como se ha determinado que se han ido multiplicando a una escala que no se veía antes, entonces la minería ilegal no solo data de exportaciones, sino en toda la cadena de suministro, tanto de comercialización y procesamiento”, afirmó.
Ormeño advirtió que la minería ilegal no solo es una amenaza económica, sino también un problema social y ambiental de gran escala, ya que está estrechamente vinculada con el crimen organizado, generando un aumento en la violencia, extorsiones y homicidios en regiones como La Libertad, Arequipa y Madre de Dios.
“Estas zonas también coinciden con los distritos donde el Estado tiene menor presencia y menor provisión de servicios básicos. Vemos casos en Madre de Dios, Arequipa y La Libertad, donde se encuentran las mayores tasas de homicidio y reinfos suspendidos, ahí está el vínculo bastante claro y lamentable entre minería ilegal, informal y violencia”, anotó.
Además, informó que la minería ilegal, sumada al narcotráfico y otras economías informales, representa alrededor del 4% del PBI nacional, superando incluso a sectores como el turismo y evidencia un fenómeno cada vez más preocupante. Por lo tanto, demandó la urgencia de abordar este problema estructural.
“Entonces no estamos hablando de cifras menores, estamos hablando de que hay un impacto bastante marcado, hasta a veces más de lo que aportan otros sectores económicos como el turismo. Este es un problema que parece que tiene para rato porque viene en aumento, y probablemente el impacto este año sea mucho mayor”, alertó.
Asimismo, Ormeño manifestó que el Reinfo ha permitido que muchos mineros ilegales evadan sanciones penales en regiones como Piura, donde más del 80% de los inscritos están suspendidos, siendo un reflejo del fracaso del proceso de formalización y la falta de incentivos reales para que los mineros abandonen la ilegalidad.
“Tenemos que establecer plazos claros para el Reinfo, implementando trazabilidad efectiva del oro y fomentar actividades económicas sostenibles para reemplazar a la minería ilegal como fuente de ingreso. La solución pasa por una acción articulada del Estado, con enfoque multisectorial, para frenar una economía ilegal”, subrayó.