Las investigaciones internas han tomado un papel clave dentro del sector empresarial en Perú, con un enfoque en detectar y sancionar actos, por ejemplo, de corrupción. El foco recae en la búsqueda de las compañías por impedir haya cualquier tipo de mala práctica o irregularidad que ponga “en jaque” su desempeño.
En entrevista con Gestión, José Antonio Payet, socio fundador de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, e Iván Meini, Counsel en Derecho Penal Empresarial del Estudio, explicaron cómo estas situaciones afectan a las compañías y cuál es la respuesta legal frente a estos casos.
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Casos que más preocupan a las empresas
Según expertos en derecho penal y corporativo, las irregularidades que se podrían ver en empresas privadas incluyen sobornos en procesos de contratación, colusión entre competidores, fraude financiero, uso indebido de información privilegiada y conflictos de interés.
En el ámbito comercial, la colusión entre empresas y formación de cárteles ha sido otro fenómeno detectado en investigaciones internas. Según Meini, este tipo de prácticas han sido objeto de sanciones por parte de Indecopi y representan un riesgo importante.
“Las compañías han tomado conciencia de que la colusión es un tema de alta sensibilidad y que, si es detectada, las consecuencias pueden ir desde multas millonarias hasta la inhabilitación de participar en procesos de contratación con el Estado”, señaló.
En esa línea, Payet advirtió que muchos trabajadores pueden incurrir en estas prácticas sin darse cuenta. Un ejemplo común es cuando empresas acuerdan dividirse clientes o territorios, restringiendo la competencia sin saber que están cometiendo una infracción.
También ocurre en licitaciones, donde empresas coordinan precios para manipular el proceso. Incluso algo tan simple como preguntar a un competidor: “¿A cuánto estás vendiendo?”, y ajustar tarifas en base a esa información puede ser sancionado.
“Las empresas han reforzado la capacitación en estos temas, porque muchas veces estas conversaciones ocurren sin mala intención, pero pueden derivar en sanciones graves”, explicó Payet.
Por otro lado, el uso indebido de información privilegiada es una de las irregularidades que ha generado un creciente número de investigaciones internas en los últimos años. “El acceso a información interna es un riesgo latente, y por eso las empresas han desarrollado sistemas de monitoreo de comunicaciones y registros de acceso a documentos clave”, explica Payet.
En ciertos sectores, las empresas han implementado restricciones más estrictas sobre el manejo de información confidencial y sanciones internas más severas para quienes incurran en este tipo de prácticas.
Los conflictos de interés en la contratación de proveedores han sido detectados en múltiples investigaciones internas. Según Meini, muchas veces el problema no es que el proveedor elegido sea ineficiente o más costoso, sino que “el proceso no fue transparente y no se exploraron otras opciones”.
Para reducir estos riesgos, las empresas han comenzado a exigir declaraciones de conflicto de interés y evaluaciones de mercado más exhaustivas, garantizando que la selección de proveedores responda a criterios objetivos y no a intereses personales.
Según Payet, uno de los problemas más comunes es el soborno en procesos de adquisición, donde proveedores ofrecen incentivos económicos o beneficios a empleados para asegurar contratos.
“Muchas compañías ya exigen que los proveedores y los propios empleados presenten declaraciones de conflicto de interés, lo que permite identificar relaciones personales o comerciales previas que podrían comprometer la transparencia en los procesos de compra”, explicó Payet.
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El rol de las investigaciones internas
Tras lo mencionado, las empresas han reforzado sus mecanismos de supervisión para detectar y sancionar casos de corrupción, apoyándose en investigaciones internas que han revelado fraudes que, de otro modo, habrían pasado desapercibidos.
Uno de los métodos más efectivos ha sido la implementación de canales de denuncia anónimos, que permiten a los trabajadores reportar irregularidades sin temor a represalias.
También se han fortalecido las auditorías internas y el análisis forense de documentos y comunicaciones, herramientas clave para identificar patrones sospechosos en transacciones y correos electrónicos.
Según Iván Meini, estos procedimientos han cobrado mayor relevancia, ya que la recopilación y análisis de datos digitales han facilitado la detección de irregularidades. Además, en algunos casos, las empresas han optado por presentar denuncias penales para deslindar responsabilidades y evitar sanciones.
“Cuando se descubre un caso de corrupción interna, la empresa debe evaluar si la conducta constituye un ilícito penal y, en ese caso, decidir si denuncia a los responsables”, explica Meini, resaltando que esta acción puede ayudar a mitigar riesgos legales.
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Compliance y la responsabilidad penal de las empresas
Las empresas en Perú enfrentan mayores responsabilidades en la prevención de delitos corporativos, ya que pueden ser penalmente responsables si no implementan mecanismos adecuados para evitar irregularidades dentro de sus operaciones. Según Iván Meini, actualmente pueden ser investigadas por más de 40 delitos, como corrupción, lavado de activos y defraudación tributaria.
Para mitigar estos riesgos, las empresas han adoptado programas de compliance, que establecen controles internos para prevenir fraudes y corrupción. Si una compañía demuestra que cuenta con un sistema de cumplimiento efectivo, puede exonerarse de responsabilidad en caso de que un trabajador cometa un delito.
Además, la capacitación se ha vuelto clave en este proceso. Payet enfatiza que muchas empresas han reforzado la formación de sus equipos, especialmente en temas de libre competencia, para evitar prácticas que, aunque no intencionales, puedan derivar en sanciones.
“No solo se trata de evitar actos dolosos, sino de educar a los trabajadores sobre qué prácticas pueden representar un riesgo para la empresa”, señaló.
Los expertos subrayaron que el fortalecimiento de los mecanismos de control ha generado cambios en la forma en que las empresas gestionan los riesgos de corrupción y fraude. Según los especialistas consultados, el crecimiento de las investigaciones internas ha sido una tendencia en los últimos años, impulsada tanto por las regulaciones legales como por la necesidad de proteger la reputación corporativa.
“La tolerancia de las empresas frente a estos casos ha disminuido considerablemente. Hoy existe una mayor sensibilidad en temas de cumplimiento y se han establecido mecanismos más robustos para la detección de irregularidades”, explica Payet.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
