
En diálogo con Gestión, la titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, expresó su preocupación por el reglamento de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y por la propuesta de texto sustitutorio para una nueva Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE.
-¿Qué lectura tiene la SNMPE del reglamento de la ley N° 33213, de rectoría y ampliación de la vigencia del Reinfo?
En nuestra opinión, en ese Decreto Supremo (N° 009-2025-EM) el Ministerio de Energía y Minas (Minem) está rehuyendo a sus competencias de fiscalización y sanción otorgadas por la misma ley (N° 33213) para controlar tanto el proceso de formalización de los inscritos en el Reinfo como las actividades de la minería artesanal y pequeña minería.
En este DS el ministerio no asume esas competencias a pesar de que la ley sí le otorga al sector para la fiscalización y sanción en materia ambiental y de seguridad minera.
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-¿Por qué considera que el sector está rehuyendo?
En mi opinión, el sector no parecería entender bien la norma, cuando debería asumir esa responsabilidad que es grande. Recordemos que originalmente eran los gobiernos regionales los que tenían asignadas estas funciones, pero como no las han cumplido, la ley le encargó al Minem esa nueva competencia.
-Pero, el reglamento menciona que el Minem se consolida como ente rector..
Sí, y también le hace responsable de la implementación y administración del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA). Esa parte es muy buena.
Pero, (el Minem) rehúye porque se crea el sistema SIPMMA, sí, pero no están asumiendo expresamente las competencias de fiscalización y sanción que les ha dado la ley. A pesar de que esa ley les autorizaba a controlar y fiscalizar a esa actividad, el reglamento no lo dice expresamente.
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Formalización sujeta a asignación de recursos
-Entonces, ¿cuál es el reto en este tema?
Hay que avanzar rápidamente con el presupuesto adecuado para esta implementación porque, además, en la norma dice (que esto se realizará) dependiendo de los recursos y en fases. Eso preocupa.
-¿Cuál es el riesgo de ello?
Que (el proceso de formalización) se quede “colgado” a la mitad por falta de recursos. Sabemos que esto no se puede hacer al 100% de inmediato, pero deben ponerse plazos cortos para poder avanzar con cada una de estas fases.
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-Mencionó la importancia de que el Minem fiscalice y sancione, pero ¿podría delegar esa función?
Entendemos que el Minem no va a hacer solo la fiscalización, sino que tendría que firmar algún acuerdo o delegarle esa tarea al Osinergmin o a OEFA. Pero ellos (el ministerio) son los que deberían mandar en esa labor.
-Si es que el Minem no lo menciona en el reglamento, ¿se podría entender que la fiscalización seguiría recayendo en los gobiernos regionales?
Exacto, y por eso es que hay que ser muy claros porque si no, otra vez, se van a estar “tirando la pelota” entre unos y otros.
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Preocupación por propuesta para Ley MAPE
-¿Cómo observan el avance del proyecto de la Ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas del Congreso?
En realidad, hay más de un proyecto que se está revisando, pero hay varios temas que nos preocupan y como SNMPE le hemos hecho llegar al presidente de esa comisión, Paul Gutiérrez, comunicaciones donde le expresamos formalmente cuáles son esos puntos.
-Hay una propuesta de texto sustitutorio que encendió las alarmas en el gremio...
El texto introduce una definición de minería informal donde establece que se trata de la actividad minera realizada sin haber iniciado el proceso de formalización con el Estado.
-¿Cuál es el efecto de introducir esa definición?
De por sí se estaría dando una “carta blanca” a que se realice minería sin ningún título, cuando lo que deberíamos buscar como Estado es que todos los mineros artesanales o los informales sean legales, que den ese paso a fin de que puedan conocer sus derechos, pero también sus obligaciones.
Entonces, no se puede definir minería ilegal o informal en una norma que está orientada a regular una actividad (formal) como la minería.
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Se estaría legitimando la minería ilegal
-¿Se podría entender que si se aprobara ese texto sustitutorio se estaría legitimando a la minería ilegal?
Sí, es un sin sentido, es como si de ahora en adelante se diera también carta blanca al contrabando y que regulemos a los contrabandistas y esa no es ni la labor del Estado, ni tampoco es algo legal. Es inconstitucional.
-¿Este texto estaría excluyendo la responsabilidad penal, civil o administrativa hacia la minería ilegal que consagró un fallo de Tribunal Constitucional?
Sí, efectivamente, es un fallo que se dio recientemente. Esperamos que la Comisión de Energía y Minas pueda revisar nuestras observaciones y estamos llanos a poderlas explicar nuevamente para poder tener una nueva Ley MAPE que se pueda cumplir.
-¿Qué otros aspectos han observado en esta propuesta?
En el texto sustitutorio han omitido las modificaciones que estableció la misma Ley N° 32213 y que comprende la reasignación de competencias que se requieren para la culminación del proceso de formalización que está a cargo del Minem; y el marco legal para el impulso y promoción de actividades formales, sostenibles para la minería artesanal y pequeña minería.
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-¿Por qué es importante incluir esas modificaciones?
Porque se trata de las competencias de las autoridades involucradas que tienen capacidad técnica de gestión y de fiscalización, además de incluir lineamientos de prevención y protección ambiental, obligaciones en seguridad y salud ocupacional y herramientas de trazabilidad para la cadena productiva, gestión de insumos y maquinaria, transporte de mineral, capacitación e incentivos para la eficiencia productiva.
Cómo mínimo debería contener esos aspectos y no los tiene, eso es grave porque sin eso no podremos tener una actividad competitiva, segura, que respete al medio ambiente y contribuya al desarrollo nacional.
-¿Qué han pedido a la comisión?
Esperamos que nos convoquen para poder revisar cada una de estas observaciones. Que convoquen al Minem, a Osinergmin, OEFA, puedan revisar ese articulado y lograr que se cumplan los objetivos que acabo de mencionar.
-¿Qué tan urgente es que se apruebe esta propuesta legal? ¿cuál es la fecha límite en que se debe concluir ya su debate?
Deberíamos tener ya la nueva ley máximo en julio próximo porque ya se vence (la reciente ampliación del Reinfo, que se extiende hasta junio). Entiendo que podamos necesitar uno o dos meses más para el debate, pero no hasta diciembre para poder cumplir con una nueva ley que regirá esa actividad.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.