El marco regulatorio del Perú podría empezar a marcar una nueva página, apuntando a elevar el dinamismo de la economía peruana. Esto, en un contexto donde el Gobierno peruano acaba de anunciar su primer paquete de un “shock desregulatorio”, que ha generado significativas expectativas, principalmente, entre los gremios empresariales.
El escenario por atender no es menor. Un informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compartido con Gestión, analiza diferentes aspectos sobre la calidad regulatoria del país, mostrando una fuerte carga que se traduce en costos económicos, ralentización de la actividad, entre otros.
Un reciente reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) recoge, a partir de literatura académica, que una buena regulación, considerando que esté bien diseñada e implementada, no solo promueve la competitividad, sino que también fomenta la innovación y la asignación óptima de recursos.
“El impacto del marco regulatorio se correlaciona, en gran medida, con la pérdida del crecimiento potencial en la última década, con el incremento de la pobreza del país si no logra reducirse y afectando el PBI per cápita, redundando en efectos sobre el poder adquisitivo”, indicó David Tuesta, presidente del CPC, en diálogo con Gestión.
Los resultados de abordar este campo son concretos. Por ejemplo, la eliminación de barreras burocráticas por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) incrementó la Productividad Total de Factores (PTF) de las empresas afectadas, en promedio, en un 11% en comparación con aquellas ubicadas en municipios que no eliminaron tales barreras. A esto se suma que la reducción de tarifas excesivas aumentó el margen de ganancias de empresas.
Procedimientos administrativos
Uno de los aspectos donde enfatiza el CPC, y que requiere una mayor y urgente atención, es en el aumento de la tramitología, reflejado en los números de procedimientos administrativos (PA), incidiendo directamente en elevar la burocracia del Estado.
Como avances, se han implementado herramientas como el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) y el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), pero su ejecución todavía es limitada en los gobiernos subnacionales (regiones y distritos).
Se agrega a este panorama que solo un pequeño porcentaje de municipalidades ha incorporado procedimientos administrativos estandarizados en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA), restringiendo la simplificación efectiva de trámites.
Si bien el Poder Ejecutivo ha venido realizando esfuerzos por aplicar el ACR para mejorar la calidad de sus proyectos normativos, no se ha enfocado en reducir el número de procedimientos.
El informe del CPC halló que, entre el 2021 y el 2024, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aplicó el ACR Ex Ante a 721 proyectos normativos de PA (entre nuevos y modificaciones), de los cuales 161 fueron no validados (22%) y 560 fueron validados (88%).
No obstante, de este total de validados, el 70% (389) son procedimientos nuevos, lo cual demuestra que se está incrementando la cantidad de trámites en el Estado.
Al respecto, se propone una estrategia enfocada en reducir el total de procedimientos administrativos, aplicando lo que ya se usa en países como Alemania, Canadá y el Reino Unido.
Así, para el caso peruano, se recomienda que, por cada nuevo PA que se apruebe, se deba eliminar dos PA ya existentes. La factibilidad pasa porque desde el Consejo de Ministros se dé esta instrucción.
En Alemania, en el 2015, se estableció la regla de “uno dentro, uno fuera”, mediante la cual cada disposición que impone una carga a las empresas (“dentro”) debe ser compensada por otra disposición con un efecto atenuante (“fuera”) al final del periodo legislativo.
En el periodo 2023-2024, las nuevas cargas impuestas (“dentro”) tuvieron un costo estimado de 1.16 mil millones de euros, lo cual fue compensado por los ahorros (“fuera”) de, aproximadamente, 2.63 mil millones de euros. El resultado neto es un “fuera” de, aproximadamente, 1.47 mil millones de euros.
Barreras y estandarización
Otro problema existente en el marco normativo local son las barreras burocráticas, un requisito, exigencia o cobro de impuesto por alguna entidad pública que dificulta el trámite o afecta la economía.
Solo en el 2023, el Indecopi dispuso la inaplicación de 4,720 barreras burocráticas, una reducción en el número de barreras inaplicadas de 22.5% respecto al 2022 (6,093). No obstante, si bien la cantidad de barreras burocráticas inaplicadas disminuyó, el costo económico de estas se incrementó.
En el 2023, el Indecopi estimó que las barreras tuvieron un costo económico de S/ 117.3 millones, mientras que, en el 2022, este costo ascendió a S/ 82.1 millones. La mayor cantidad de barreras eliminadas fueron generadas por las municipalidades provinciales (2,296 en el 2023, lo que representa el 49% del total).
De otro lado, el informe del CPC señaló que el avance del análisis de calidad también ha permitido estandarizar algunos de los procesos, denominándose Procedimientos Administrativos Estandarizados (PAE).
Estos permiten unificar los trámites que brindan las entidades públicas y eliminan las diferencias en cuanto a gestión, requisitos y exigencias que no responden a la normativa vigente. Al 2024, entre otros, se cuentan con los PAE de licencias de funcionamiento, Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y licencias de edificación, que son ejecutados por los municipios.
Sin embargo, el avance en este campo es lento. Por ejemplo, sobre los 12 procedimientos estandarizados de licencia de funcionamiento, en el avance de la implementación se reporta que solo el 11.3% de las municipalidades a nivel nacional ha implementado el 100% de los PAE en sus TUPA.
¿Cómo asegurar resultados?
David Tuesta indicó que, a nivel de gobiernos subnacionales, se observa el panorama más crítico de un ineficiente marco regulatorio. Si bien el Gobierno avanzó en temas de medición, falta actuar.
“Lo primero a tener en cuenta es que son casi 2,000 municipios. Para dimensionar la situación, hay que multiplicar los procedimientos por este escenario. Su grado de libertad es inmenso. El Indecopi puede actuar, pero su capacidad de intervención es reducida”, apuntó.
Al respecto, Tuesta indicó que se le debe nutrir de mayor fuerza a este organismo y promover la estandarización de procesos como una política de Estado, a fin de abordar un escenario disperso por la gestión de municipalidades. A esto, consideró que se le debe sumar ciertos incentivos y vincular la optimización de su regulación a mejores en la asignación de sus presupuestos.
“Luego del anuncio del ‘shock regulatorio’ debe darse señales potentes y claras sobre el rol de implementación, que se plantee rendiciones de cuentas, métricas para medir resultados de lo anunciado”, subrayó.
