Existe una relación directa entre los tributos que pagan los ciudadanos y la provisión de servicios públicos esenciales; como acceso a salud, educación, seguridad, infraestructura vial en buen estado, entre otros. ¿Cuánto se ha avanzado para reducir informalidad y aumentar la base tributaria?
Un informe de Videnza da cuenta que 2 millones de personas no cuentan con una conexión del recurso hídrico. Sin embargo, aquellos que poseen el acceso no necesariamente gozan de agua potable.
En educación, existen procesos de autoevaluación y acreditación, no obstante persisten brechas en infraestructura, soporte docente y participación familiar, especialmente en áreas rurales y vulnerables; En tanto, en salud, persisten dificultades para mantener la calidad en atención primaria de salud.
“Sin duda, los sectores que se ven más afectados por la falta de conciencia tributaria, entre otras razones, son aquellos que dependen del Estado, principalmente, salud, educación e infraestructura. Sin embargo, la falta de esta conciencia tiene su origen en múltiples factores, como culturales o la ineficiencia del propio Estado en la manera en cómo se utilizan los recursos recaudados”, dice David Zamora, abogado tributarista.
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Propuestas
Desde diversos sectores, el tema se ha tomado con mucha atención. Durante su presentación ante el Congreso, donde se solicitó el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, propuso un nuevo régimen temporal para la declaración del Impuesto a la Renta de personas naturales.
Inclusive, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, anunció una mesa de diálogo para analizar y combatir la informalidad.
El Marco Macroeconómico Multianual 2024–2027, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, también reconoce a la informalidad como un factor estructural que limita el crecimiento del país. Sin embargo, el documento no plantea acciones concretas ni sostenidas para enfrentarla.
Para el abogado tributarista Raúl Odría, una propuesta de estas características no rompe el patrón de fórmulas que ya han demostrado su ineficacia.
“El diagnóstico es aceptado por todos, pero las medidas para el combate de la informalidad resultan erráticas y, en realidad, no han servido para lograr su disminución: amnistías, implementación de modelos internacionales, regímenes especiales y/o simplificados, exoneraciones, capacitaciones, rigurosidad en las fiscalizaciones, cruce de información, bancarización u otras que, tras ser implementadas, han demostrado su ineficacia en las últimas décadas”, dijo a Gestión.
Unos 3,8 millones de trabajadores en el país tienen una segunda “chamba” para complementar sus ingresos con ocupaciones adicionales, reportó la CCL. (Fuente: Andina)
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¿Por qué la informalidad es una opción?
Para muchos peruanos, la informalidad no es una elección por desconocimiento o falta de información, sino una decisión lógica ante la ausencia de beneficios tangibles por parte del Estado.
Odría plantea una reflexión: “En países como el Perú, donde todos conocemos la calidad de los servicios públicos esenciales, resultaría absurdo pedirle a un emprendedor que inicia actividades o que se desenvuelve en la informalidad que pague impuestos. La respuesta lógica y sustentada sería: ¿para qué?, ¿qué recibo a cambio?”, dijo.
El abogado sostiene que la conciencia tributaria no se construye con capacitaciones ni campañas, sino con evidencia de que los tributos aportan a mejorar la calidad de vida.
“El ciudadano que recibe servicios públicos de calidad, en especial los relacionados a la salud, educación, transporte público o seguridad interna, reconoce la buena utilización del pago de sus impuestos. Sabe que, en caso de dejar de hacerlo, es probable que deje de recibir esos servicios de calidad”, explica Odría.
Por tanto, la informalidad no podrá ser reducida de forma efectiva si no se cambia la relación entre el Estado y el ciudadano.
“Definitivamente la informalidad es consecuencia, entre otros aspectos, de un marco normativo complejo y cambiante, muchas veces arbitrario, sin dejar de mencionar sobre costos no tributarios asociados a trámites burocráticos, permisos o un extremado formalismo al que deben someterse los pequeños empresarios”, agregó Zamora.
Por otro lado, - continuó - la baja calidad de los servicios públicos desalienta la idea de formalizarse, calles inseguras, servicios de salud escasos, servicios de educativos de baja calidad hacen que los impuestos se vean como un costo sin ningún tipo de beneficio para el ciudadano.
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La carga sobre los formales
Mientras tanto, la minoría formal —menos del 30% de la economía según el INEI— soporta el peso completo de la recaudación fiscal. Y cuando el déficit fiscal crece, como ocurre actualmente, la presión recae sobre ellos.
“El fisco no tiene ni tiempo ni interés en perseguir a esa actividad informal y recurre al que conoce, al que tiene identificado y que lucha por mantenerse en el mercado: el formal”, señala Odría.
Desde su experiencia, las fiscalizaciones no buscan necesariamente justicia tributaria, sino recaudar: “El formal debe enfrentar fiscalizaciones tributarias parcializadas, en las que la finalidad no es identificar la verdad material y actuar en justicia; todo lo contrario, la finalidad es recaudar”.
Según David Zamora, “la falta de conciencia tributaria y la ineficiencia del Estado pueden ser la fuente de un círculo vicioso”.
“Esto no solo perjudica a la sociedad en general, ya que la baja recaudación no permite generar los recursos disponibles para políticas públicas, o una mayor seguridad y bienestar para todos, sin embargo, esta problemática también repercute negativamente en los contribuyentes cumplidores, pues deben soportar una mayor carga fiscal para compensar la evasión. De igual manera, también a los inversionistas pues enfrentan entornos menos predecibles y mercados distorsionados”, explicó.
Escribo sobre política, economía, defensa y afines. Nueve años contando historias y analizando problemáticas en prensa escrita, radio y televisión.
