
En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca dar un incentivo económico a los fiscalizadores de la Sunafil, en caso se incremente la recaudación por las multas impuestas a las empresas.
Así lo establece un proyecto de ley aprobado el pasado martes 6 de mayo en la Comisión de Trabajo del Congreso. Se dispone que el Ministerio de Economía asigne una partida presupuestaria para el bono de los trabajadores de la Sunafil “cuando se genere un excedente derivado de la mayor recaudación promedio ponderada de los recursos directamente captados por la Sunafil en los últimos tres años fiscales”, señala la iniciativa legislativa (proyecto de ley N° 9744/2024-CR), la cual fue propuesta por el congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial).
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Se agrega que los recursos para el financiamiento de las bonificaciones se asignarán hasta por un 30% del monto que resulte del exceso de recaudación anual obtenida por recursos directamente recaudados, en comparación con la recaudación del año fiscal anterior.
El bono se entregará en forma semestral, no tendrá carácter pensionable, remunerativo, ni estará afecto a cargas sociales. El bono para el trabajador será de un monto no mayor al 50% de su remuneración básica.
Bono a inspectores de Sunafil por aumento de multas generaría “incentivo perverso”
Los especialistas consultados sobre la iniciativa legislativa cuestionaron la propuesta. Ricardo Herrera, abogado laboralista del estudio Muñiz, advirtió que se generaría un conflicto de interés en la labor de los inspectores, frente a las empresas inspeccionadas.
“Es un proyecto con un incentivo perverso, pues promueve que los inspectores sancionen más y pueden perder objetividad, empezar a sancionar a empleadores que cumplen con la ley, pero que comiencen a encontrarles algún pretexto para justificar una sanción, pues a mayor recaudación de Sunafil, mayores posibilidades de que accedan al bono”, subrayó Herrera.
“Es por ello que ni en el Indecopi, ni en Sunat ni en los organismos reguladores hay un bono de este tipo, pues el fiscalizador entraría en un conflicto de interés”, remarcó Ricardo Herrera.
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Por su parte Jorge Toyama, socio en el estudio Vinatea & Toyama, advirtió que la medida recargaría las fiscalizaciones y multas en las empresas formales y de mayor tamaño.
En lugar de un incentivo por un aumento en la recaudación de multas, sugiere que los incentivos se establezcan en función a otras variables, como la formalización de las empresas.
“Se pueden dar incentivos, pero que la variable no sean las multas. Por ejemplo, que se formalicen la empresa, que los trabajadores pasen a planilla, el objetivo no debe ser la multa, sino la formalización y protección social. El Perú necesita de más trabajadores formales, no de más multas”, subrayó Toyama.

Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.