
Si bien la inversión privada es clave para el desarrollo del Perú, lo cierto es que la inversión pública también suma al cierre de brechas de infraestructura. Claro, esto siempre que las obras se entreguen. En ese sentido, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) compartió con Gestión su informe de ejecución física de proyectos que impulsan los tres niveles de gobierno (ministerios, regiones y municipalidades).
Primero, es necesario aterrizar el universo analizado. Al primer trimestre del año, hubo 34,967 inversiones activas con recursos (presupuesto institucional modificado - PIM) registradas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). De estas, el 80% se concentraron en los gobiernos locales.
Sobre esto, el CPC se enfoca en tres indicadores clave de seguimiento: incumplimiento de registro de información, variación del costo y retrasos (en días).
LEA TAMBIÉN: Contraloría reducirá su capacidad operativa a más de la mitad, ¿aumentarían obras paralizadas?
Proyectos públicos y la obligación de informar
De los proyectos activos, por distintas características, 21,827 estaban obligados a informar sobre el avance físico de la obra.
Sin embargo, el CPC reveló que el 43% (9,359) no cumplió esta exigencia. Este valor está por encima de lo registrado en el primer trimestre del año pasado (36%).
“Toda la literatura te dice que el tema de transparencia y rendición de cuentas permite que el ciudadano pueda principalmente exigir mejores obras”, señaló Álvaro Cubas, economista del CPC.


Variación de costo de proyectos
Al primer trimestre de este año, hubo 10,286 proyectos con variación de costo respecto al monto viable. Con ello, se alcanzó una variación promedio de 117% -prácticamente el doble de lo registrado inicialmente en el estudio de preinversión-. En similar periodo del año pasado, la variación era menor (84
A nivel de gobierno, las regiones tuvieron la mayor variación respecto a la viabilidad (123%).


Cubas recordó que el análisis se centra en aquellos que tienen una variación del costo de más de 30%. “Tratamos de estar alineados a este último cambio normativo que aumentó el umbral (a 30%) para adicional de obra”, explicó.
Agregó: “No debería ser normal que haya estas variaciones. No puede ser normal que el costo de un proyecto se duplique respecto al estudio de preinversión. Por más que puedan darse actualizaciones de precios, hay temas asociados a que el estudio de preinversión no era completamente referente y no representó un costo lo más cercado a la realidad”.
LEA TAMBIÉN: Inversión en proyectos del Estado registra su primera caída en abril, ¿dónde se gastó menos?
Retrasos en días de los proyectos públicos
Como parte de su análisis, el CPC también detectó 5,138 proyectos con retraso en su finalización, alcanzando un retraso promedio de 695 días, mayor a lo registrado entre enero y marzo del 2024 (637 días). El Gobierno nacional tuvo el mayor retraso promedio (766 días).


“En este año, nos hemos enfocado mucho en la parte de la planificación. Hay proyectos que, por ejemplo, un año no tienen presupuesto, al siguiente sí, no hay continuidad y se dan los retrasos. Dentro de esta dinámica, a veces hay problemas relacionados al expediente, predios, asignación de más presupuesto, entre otros”, señaló Álvaro Cubas, economista del CPC.
LEA TAMBIÉN: Capeco: construcción tendría su “mejor” primer trimestre de los últimos cuatro años en 2025