El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, anunció la próxima presentación de un proyecto de ley ante el Congreso para elevar los beneficios de los trabajadores bajo el régimen 276, el de carrera administrativa en el Estado.
“Los trabajadores del régimen laboral 276 constituyen hoy la fuerza laboral más antigua del país y, sin embargo, el Estado no ha retribuido su esfuerzo y experiencia. Por ello, propondremos al Legislativo que dicho régimen sea homologado progresivamente con los otros regímenes laborales”, anunció ante el Pleno del Congreso, durante el voto de confianza, y en un apartado etiquetado como “Hacia un Perú con empleo digno”.
De acuerdo con cifras de Servir, este esquema agrupa a más del 17% del total de trabajadores públicos, equivalente a 263,330 trabajadores.
La medida, de acuerdo con diversos expertos consultados, tendrá un grave impacto directo en las finanzas públicas, cuando ya está en una situación delicada. Además, afecta el objetivo de unificar regímenes laborales.
Finanzas públicas en grave riesgo
Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, explicó que, actualmente, existen hasta cinco tipos de regímenes en el Estado: el 276, el 728 (que es aplicado en el sector privado, pero también alcanza a algunos trabajadores públicos), los de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), los de órdenes de servicios y el Servir.
Katy Noriega, asociada principal de PPU, mencionó que una diferencia importante entre el 276 y el 728 está relacionado al pago de beneficios como las gratificaciones y la CTS.
“En el régimen 276, si bien también existe CTS, esta se entrega al momento del cese y no como fondo acumulativo, y las gratificaciones se otorgan como aguinaldos fijos [hoy con un valor de S/ 300]. Además, los aumentos salariales en el sector público dependen de decisiones gubernamentales y negociaciones colectivas a nivel nacional, lo que limita la autonomía institucional”, explicó Noriega.
Toyama mencionó que el desorden de esquemas laborales en el Estado es tal que, cuando menos, en cada hay entidad pública hay trabajadores de dos regímenes diferentes.
CTS y gratificación para trabajadores CAS, el costo de una medida que parece “inminente”
A su turno, Juan José Martínez, expresidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), señaló que el régimen 276, por su dimensión y antigüedad (desde la década del 80), está en todos los niveles de gobierno: ministerios, gobiernos regionales y municipalidades.
Toyama y Martínez criticaron el anuncio gubernamental porque implicará un significativo gasto público.
“¿De dónde van a salir los recursos financieros?”, planteó Martínez, refiriéndose a que más de 263,000 trabajadores tendrán que recibir una mayor gratificación y CTS.
“La primera crítica aquí es el costo fiscal y es importante destacar que el anuncio se hizo en el voto de investidura del gabinete: si se puso en el discurso es porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya dio su visto bueno”, complementó el expresidente de Servir.
A este cuestionamiento se sumó Cesar Puntriano, socio del Estudio Muñiz, advirtiendo que si esta propuesta se suma a otras iniciativas del Congreso para mejorar las condiciones de los trabajadores CAS, se corre el riesgo de desordenar aún más la planilla pública.
“La propuesta del Premier de homologar progresivamente este régimen con otros más beneficiosos es una medida antitécnica. Representar un mayor gasto público”, anotó.
Los expertos también coincidieron en que un impacto igual de grave que el costo es lo que significaría la propuesta sobre el ordenamiento laboral en el ámbito público: un fuerte retroceso.
“Esto implica la muerte de la Ley Servir, es su estocada final porque nadie querrá migrar hacia este régimen que se impulsa desde el 2014”, precisó Martínez.
Toyama indicó que con este anuncio se está “perforando” una reforma que busca que prime la meritocracia entre los trabajadores del Estado y que termina incidiendo, eventualmente, en un mejor servicio para los ciudadanos.
“El Estado busca homologar regímenes, pero ya hay una solución para esa diferencia: el Servir, cuya lógica es tener un sistema unificado. La medida muestra una fuerte incoherencia por parte del Gobierno de reducir la desigualdad de condiciones”, apuntó y etiquetó la propuesta como una “norma parche”.
Para Puntriano, lo más prudente sería avanzar hacia una unificación de regímenes, ya sea mediante el Servicio Civil o el propio CAS, que actualmente concentra la mayor parte de trabajadores estatales.
“Homologar de esta manera que se plantea es decir que no importa la calidad del trabajo, da igual si está bien o mal, igual se subirá el sueldo y se está consagrando la inexistencia de incentivos para los trabajadores en el sector público”, puntualizó Martínez.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
