Perú continuaría siendo uno de los países con mayores niveles de burocracia en Latinoamérica. Según el Índice de Burocracia 2025 del Adam Smith Center for Economic Freedom, el país ocupa el cuarto lugar en la región.
El estudio revela que abrir una empresa mediana en el Perú -que representan solo el 0.20% del tejido empresarial- demanda un promedio de 3,332 horas de trámites, lo que equivale a 139 días calendario.
Los tiempos son más altos para mantener el negocio operativo, pues se necesitan 3,471 horas al año solo para cumplir con los trámites de funcionamiento, un tiempo cercano a 145 días calendario.
Estos resultados confirman que el país presenta valores elevados, por encima del promedio regional, tanto en los procedimientos de apertura como en los de operación continua.
El estudio revela que abrir una empresa mediana en el Perú demanda un promedio de 3,332 horas de trámites, lo que equivale a 139 días calendario. (Fuente: Índice de Burocracia 2025)
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El Índice de Burocracia no habría mejorado si se comparan los resultados de los últimos años, que se centraban más en pequeñas empresas, las cuales concentran el 99.8% del tejido empresarial.
En 2024, la apertura de una pequeña empresa requería 1,688 horas en trámites, mientras que los procesos para continuar su funcionamiento sumaban 2,447 horas. En total, el año pasado cumplir con estas exigencias implicó alrededor de 260 días laborales, equivalente al tiempo completo de un trabajador y parte de la jornada de otro.
Los resultados de años anteriores reflejan una tendencia persistente. En 2023, abrir una pequeña empresa demandaba 387 horas, mientras que los trámites para mantenerla operando ascendían a 2,316 horas, especialmente por procesos vinculados a la administración de operaciones, donde Perú exhibía cifras atípicamente altas.
Asimismo, en 2022, este tipo de empresas ya destinaban 591 horas solo para cumplir con las exigencias burocráticas, la mayoría concentrada también en la gestión operativa.
¿Qué pasos debe tomar el próximo gobierno?
Uno de los principales cuellos de botella, según el informe, son los trámites relacionados con la inscripción y los permisos municipales. Perú, junto con El Salvador, Guayana, Paraguay y Trinidad y Tobago, identifica este punto como su principal obstáculo burocrático, con un promedio de 587 horas dedicadas a estas gestiones.
Stephanie Maita, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidió en que varias de las barreras que no solo generan sobrecostos sino que también retrasan decisiones de inversión y frena la puesta en marcha de proyectos, tienen origen en los municipios.
Un análisis del IPE estimó que, al cierre de 2024, tres de cada cuatro barreras burocráticas eliminadas por Indecopi correspondían a municipalidades, principalmente provinciales y distritales. Entre estas se observaban duplicidades y también municipios que excedían sus capacidades.
“Esto resalta la importancia de desarrollar una política que unifique la directriz del Estado. Lo que sucede ahora es que se deja muy abierta la cancha a las municipalidades, lo cual también termina generando mayor discrecionalidad a la hora de establecer este tipo de procedimientos”, comentó a Gestión.
Maita recordó que solo las barreras eliminadas por Indecopi en 2024 tuvieron un costo de alrededor de S/ 57 millones.
¿Se penaliza el crecimiento? Pese al avance económico, no se refleja una mejora en la eficiencia institucional. De hecho, la Asociación de Contribuyentes de Perú indica en el estudio que la estructura tributaria peruana penaliza el crecimiento, haciendo más rentable que los negocios se mantengan como “pequeña empresa” en vez de escalar a la categoría mediana.
Para Jesús Espinoza, exdirector y secretario técnico de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, las barreras más comunes están vinculadas a autorizaciones de funcionamiento, licencias de construcción, permisos para proyectos inmobiliarios o centros comerciales, o incluso exigencias de municipios para cobrar derechos o pedir renovaciones de licencias ya otorgadas.
El especialista recordó que, aunque el Decreto Supremo 059-2022 buscó eliminar medidas declaradas como barreras burocráticas, muchas de ellas siguen vigentes por falta de implementación efectiva.
En ese sentido, indicó que el Poder Ejecutivo debe dejar de permitir que se judicialicen las resoluciones de Indecopi que declaran barreras burocráticas.
“Hay una serie de propuestas que pueden ayudar a fortalecer, como que el Poder Ejecutivo le dé fuerza a las resoluciones en las que el Indecopi ha identificado trámites o barreras burocráticas que de alguna otra manera afectan el ingreso la permanencia de las empresas. Hay casos en las que las propias entidades del Estado son las que han generado, y es necesario que se comprometan a removerlas del ordenamiento y no defenderlas en procesos judiciales”, sostuvo.
Espinoza indicó que ya existen propuestas concretas para elevar sanciones a funcionarios que insisten en aplicar las medidas declaradas ilegales por Indecopi.
Pero, la reforma no solo pasa por eliminar efectivamente medidas declaradas como barreras burocráticas.
“Si bien es cierto que el Indecopi hace su trabajo de identificar y eliminar barreras, eso no soluciona el problema del todo porque se requiere luego que el Ejecutivo también se comprometa a acatar el mandato y fortalecer su capacidad operativa para que cuente con mayor personal, para reducir los tiempos en la identificación de barreras, para hacer una mayor fiscalización de qué autoridades se resisten a cumplir con los mandatos”, refirió.
Los especialistas también indicaron que es fundamental descentralizar los esfuerzos del Indecopi, pues varias regiones aún no cuentan con presencia suficiente para detectar y eliminar barreras.
Por otro lado, el ex viceministro de economía e investigador Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), Carlos Casas, consideró que la próxima gestión deberá enfocarse en una simplificación de procesos. El economista resaltó que actualmente tenemos procesos demasiado engorrosos e incluso poco transparentes.
“Se deben reducir los costos de transacción y eso pasa por una simplificación administrativa que tenga en cuenta los procesos que sigue el usuario. Generalmente lo que tenemos es que cada una de las instituciones que tienen que dar una opinión o un servicio, cada uno establece su proceso de manera más o menos independiente”, precisó.
Casas consideró que sí se podrían lograr avances en la reducción de la burocratización en menos de cinco años, “simplemente es cuestión tener especialistas en la optimización de procesos y tomar la decisión política”.
El Índice de Burocracia 2025 indica que uno de los principales cuellos de botella son los trámites relacionados con la inscripción y los permisos municipales. (Imagen: Andina)
Reforma con avances limitados
Aunque este año se viene impulsando un shock desregulatorio, su impacto aún viene siendo acotado, consideró Maita. La alta volatilidad política, incluyendo cambios de gobierno, afectaron su despliegue.
Pero no solo la situación política lo limita. La economista indicó que otro factor es que se enfocan más en sectores productivos grandes, dejando rezagadas a las micro y pequeñas empresas, que conforman la mayor parte de la economía peruana.
“Tener un entorno tan complejo con tanta duplicidad de procedimientos o incluso alta variabilidad de costos afecta en gran medida al desarrollo de esas empresas y a la creación de empleo. Se ha dejado un poco en el olvido este componente de empresas de menor tamaño que también son las que están ligadas en mayor proporción a la informalidad en determinados sectores”, sostuvo.
Además, la economista señaló que existe ya una Política Nacional de Estandarización de Procedimientos, pero su avance ha sido precario. Por ello, sugiere que el nuevo gobierno debe transparentar resultados, identificar pendientes y asegurar su aplicación efectiva en todo el país.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
