En el Congreso de la República de Perú se ha presentado un proyecto de ley que busca uniformizar la jornada laboral en el sector salud. La propuesta plantea que médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo cumplan un mismo horario de seis horas diarias, en lugar de los esquemas diferenciados que existen actualmente según el régimen contractual.
Si bien el objetivo declarado es ordenar la normativa y garantizar condiciones equitativas, surge la pregunta de cómo podría aplicarse esta medida en hospitales y centros de salud que ya enfrentan problemas de sobrecarga laboral, falta de personal y restricciones presupuestarias.
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Los detalles detrás de “uniformizar” la jornada laboral en el sector salud
El proyecto de ley plantea que la jornada laboral sea de seis horas diarias ininterrumpidas, lo que equivale a 36 horas semanales o 150 mensuales. Esta regla se aplicaría de manera obligatoria a todos los regímenes vigentes en el sector público y privado, incluyendo los decretos legislativos 276, 728, 1057 (Contratos Administrativo de Servicios), la Ley del Servicio Civil y contratos por locación de servicios.
Además, las guardias médicas o de retén serían consideradas parte de ese límite, con derecho a descanso compensatorio o a un pago adicional, según corresponda.
Posteriormente, todas las entidades del sector tendrán hasta 90 días para adecuar sus normas internas y operativas. Con ello, se busca ordenar los diferentes esquemas laborales que hoy conviven en hospitales y centros de salud bajo criterios distintos.
En la exposición de motivos se argumenta que la medida responde a la necesidad de reducir la sobrecarga laboral y los riesgos asociados a jornadas extensas, como el agotamiento físico y mental.
Se sostiene que la uniformización no generaría mayores gastos para el Estado, pues se implementaría con los recursos humanos y presupuestales ya existentes, orientando los cambios principalmente a la reorganización de turnos y a la gestión del personal sanitario.
El proyecto de ley plantea que la jornada laboral sea de seis horas diarias ininterrumpidas, lo que equivale a 36 horas semanales o 150 mensuales. Fuente: Getty Images
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Una propuesta redundante
Para Jorge Luis Acevedo, socio del área laboral del estudio Benites, Vargas & Ugaz, la jornada reducida de seis horas ya existe desde hace años para médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares.
Recuerda que este régimen está regulado en leyes sectoriales que buscaban evitar el desgaste físico y mental del personal y garantizar una atención adecuada a los pacientes. En ese sentido, sostiene que el proyecto no plantea una novedad para el personal asistencial, pues su jornada diferenciada ya está reconocida legalmente.
El punto de controversia surge en la extensión de esa jornada reducida al personal administrativo del sector salud. Hoy en día, este colectivo cumple una jornada de ocho horas, como ocurre con el resto de los trabajadores del Estado.
Tanto Acevedo como Mario Pasco, socio del Estudio Rodrigo, coinciden en que esta equiparación es errónea, pues no se trata de funciones comparables. Mientras el personal asistencial está expuesto a turnos de alta exigencia y riesgos físicos y emocionales, el personal administrativo no enfrenta esas condiciones, por lo que aplicar un mismo régimen horario no resulta justificado.
Ambos abogados, en consecuencia, se muestran en desacuerdo con la propuesta de uniformizar la jornada en todo el sector.
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Consecuencias económicas y laborales
En el plano económico, Pasco advierte que una reducción de ocho a seis horas implica un recorte del 25% en el tiempo de trabajo.
Esto obligaría a recortar la atención brindada o a contratar más personal para cubrir la demanda, lo que generaría costos significativos tanto para los empleadores privados como para las finanzas públicas.
Acevedo añade que otorgar este beneficio solo al sector salud podría provocar un efecto dominó, con trabajadores de otras áreas del Estado reclamando también una jornada reducida. En conjunto, sostienen, el proyecto abriría un debate más amplio sobre el tiempo de trabajo en el país y los recursos necesarios para sostener una medida de este alcance.
Pasco enfatiza que iniciativas de este tipo suelen tener un trasfondo político, al buscar generar simpatía en sectores amplios de trabajadores. Subraya que la exposición de motivos del proyecto no analiza en detalle los costos ni las consecuencias prácticas de una reducción de jornada de tal magnitud.
Acevedo, por su parte, considera que cualquier discusión sobre la jornada laboral debería darse de manera integral para todos los trabajadores y no limitarse a un sector específico, a fin de evitar desigualdades y conflictos dentro del Estado.
La posición del Ministerio de Salud
Consultado sobre la propuesta, el Ministerio de Salud precisó que aún no puede emitir un pronunciamiento oficial hasta que el proyecto sea remitido al Poder Ejecutivo para su evaluación.
De esta manera, la decisión sobre la viabilidad de la iniciativa quedará en manos del análisis técnico que realicen las entidades competentes una vez recibido el texto aprobado por el Congreso.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
