El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha puesto el foco en la sobrerregulación que existe en el país, ralentiza el dinamismo de la economía peruana, pero también tiene otros perjuicios. En el marco del PERUMIN 37 Convención Minera, el viceministro de Economía, Erick Lahura, apuntó a su vínculo con la corrupción.
“Efectivamente, hay una correlación entre la sobrerregulación y la corrupción. Y eso afecta mucho a la economía, a las inversiones. Para tener una idea, estudios a nivel internacional señalan que la corrupción asociada a la tramitología solamente genera pérdidas económicas que equivalen más o menos al 5% del PBI mundial”, refirió la tarde de este 23 de setiembre, durante la mesa “Desregulación para la competitividad” del PERUMIN.
Aunque el abanico de modalidades que abarca la corrupción es amplio, Lahura también recordó que, en el caso de solo sobornos, “que es muy común dentro de la sobrerregulación”, se genera un costo que equivale al 2% del PBI mundial.
“La corrupción, definitivamente, en todas sus modalidades, generan pérdidas económicas y eso definitivamente atenta también contra la competitividad y la productividad de la economía”, sostuvo.
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Ante este escenario, el viceministro profundizó en que resulta en un “problema importante” que un funcionario tenga un alto nivel de discrecionalidad para tomar decisiones en algunos procesos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión.
“Hay dos visiones: la responsabilidad del funcionario público y también quizás el miedo a cometer un error. Y, por el otro lado, la corrupción. Es difícil extraer cuál es la verdadera causa, pero creo que hay que trabajar, en general, en este problema, que es el exceso de tramitología y, como consecuencia, se tiene corrupción”, refirió.
Lahura señaló que las primeras acciones que se posicionan como soluciones son optimizar los procesos administrativos, enfocándose en simplificar los procedimientos, estandarizarlos y digitalizarlos.
Sobre este punto, mencionó que desde el MEF vienen impulsando la digitalización de los procesos, de manera que se pueda ofrecer un sistema potente de trazabilidad.
“La trazabilidad es muy importante. Así como hacemos trazabilidad cuando hacemos un pedido y podemos ver el envío, dónde está, exactamente lo mismo deberíamos hacer a nivel general en el Estado”, ejemplificó.
La idea, precisó el viceministro, es tener plataformas interoperables que permitan hacer el seguimiento al trámite para ofrecer soluciones en línea y de manera automática.
“Para evitar de esa manera la discrecionalidad que pueden tener algunos funcionarios, por buenas o por malas razones. Creo que lo importante es apuntar hacia esa digitalización. Vamos a avanzar mucho en disminuir la corrupción. Es una medida que en el MEF también estamos impulsando mediante la simplificación de trámites, la desregulación”, subrayó.
¿Cómo resta la sobrerregulación?
A su turno, Raquel Soto, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), indicó que existe una brecha de personal en su cartera, lo cual está ligado a las asignaciones de presupuestos, en un contexto donde la sobrerregulación genera pérdidas económicas, entre otros perjuicios.
No obstante, valoró el desarrollo de capacidades para agilizar estos trámites. “Tampoco se trata de llenarnos de personal y seguir teniendo estas dificultades, sino de actualizar los procesos”, dijo.
Por su parte, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), apuntó que este fenómeno de sobrerregulación no solo ocurre en Perú, sino a nivel internacional, ante un escenario donde se proliferan los números de procesos en la búsqueda de mayores estándares.
Expertos apuntaron a la demora en entidades claves, como la ANA, para los permisos de proyectos mineros. | Fuente: Andina
“En la región, los trámites son lentos y terminan excluyendo a los de menores recursos, mientras que las empresas pierden horas productivas. El Estado se enreda en procesos complejos con trámites difíciles y todos pierden”, citó de un documento.
En tanto, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, cuestionó que, pese a contar con un gran potencial en rubros como el minero y el agrícola, la normativa no esté alineada a su dinamismo. “Deberíamos tener el mejor sistema mundial de aprobación”, dijo.
Así, mencionó que la economía peruana registra pérdidas millonarias por el retraso en el inicio de operaciones de proyectos mineros, pues no generan utilidades y, por efecto, el Estado no recauda tributos.
“¿Cómo es posible que algunos funcionarios atrasen [procesos]? Cada año que pasan sin operar, no solo dejan de ganar los accionistas privados, sino también el Estado, que es como uno público. No hay ningún sector en el Perú que, en tan corto tiempo, pueda poner tanto dinero en la mesa fiscal. ¿Qué hacer? El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entre otros, deben internalizar el daño que pueden hacer si se demoran. Tal vez alguna alguna lista de quién es mejor o más eficiente”, planteó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
