En las primeras semanas del 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunciará la estrategia legal contra las normas aprobadas por el Congreso de la República que carecen de sustento presupuestario y comprometen la sostenibilidad fiscal del Perú.
La titular del MEF, Denise Miralles, adelantó que las normas que incrementan el gasto corriente sin considerar la realidad de los recursos estatales serán llevadas ante el Tribunal Constitucional (TC). Pero, como paso previo, van a observarlas antes que se vuelvan ley.
“Antes del 15 de enero, vamos a dar ya alguna pauta más detallada de cómo se está manejando esta estrategia, pero desde el primer momento lo hemos dicho: vamos a observar lo que tengamos que observar”, comentó a RPP.
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Estrategia formará parte del acuerdo fiscal
Esta demanda de inconstitucionalidad formaría parte del “Acuerdo fiscal por el Crecimiento Sostenible” que viene impulsando el MEF. La acción se lleva a cabo en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Justicia.
Durante su intervención, la ministra resaltó que luego de la pandemia no se ha logrado recuperar las líneas de comportamiento mínimo para mantener la sostenibilidad fiscal.
“Un principio básico es garantizar que podamos gastar lo que tenemos. No podemos prometer cosas que no tenemos y tampoco aprobar leyes que no tengan un respaldo financiero”, dijo.
Aunque Miralles evitó precisar cuántas de las normas aprobadas por el Congreso serán impugnadas, previamente el Consejo Fiscal ya advertía la existencia de cerca de 200 medidas con efectos potencialmente negativos.
Tal como lo había dicho en una conversación con Gestión, la titular del MEF indicó que el panorama legal se ha vuelto más claro tras un reciente pronunciamiento de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Esas precisiones abrieron una ruta más definida para que el Poder Ejecutivo pueda defender la responsabilidad fiscal ante medidas aprobadas por el Legislativo.
La meta final, añadió, es “dejar la casa ordenada” para la siguiente gestión y evitar un deterioro del déficit fiscal, cuya proyección oficial para este año es de 2.2%.
