La norma que el Congreso aprobó para “ajustar” el IGV y elevar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) ha generado comentarios diversos. Y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya sentó su posición sobre el tema. El ministro Raúl Pérez Reyes dijo estar de acuerdo y aseguró que no generaría un golpe fiscal.
Además, anunció, tras respaldar esta ley, que el Poder Ejecutivo podría observar todavía hasta el 16 de junio, estar evaluando cambiar la regla fiscal del 2025, hoy fijada en 2.2% del PBI.
Ambas posturas del MEF sorprenden a especialistas consultados por Gestión, quienes consideran que se trata de un pésimo referente que podría costarle caro al país, literalmente.
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MEF señala que una ley con impacto fiscal, no lo tendrá
A su salida de su presentación en el CEO & Leaders de El Dorado Investments, Pérez Reyes dijo que la propuesta que cambia la distribución del 18% en el IGV no tendrá ningún impacto fiscal.
“Hemos revisado la norma y estamos de acuerdo. Tenemos claro que no hay impacto fiscal sobre la medida”, declaró a los medios.
Consultado por si esta norma no hará más difícil la misión de cumplir la regla fiscal del 2025, año en el que Perú enfrenta el riesgo de incumplirla por tercera vez consecutivamente, Pérez Reyes anunció que la revisarán.
“Plantearemos una modificación. En 2024 el déficit fue de 3.6%. Queremos llegar de forma intermedia a 2.8%, se planteó una regla de 2.2%, pero es claro que eso implicaría desacelerar la economía”, explicó.
Para el ex ministro de Economía, Alfredo Thorne, lo dicho por Pérez Reyes no solo es inexplicable, sino que pone en riesgo la credibilidad del MEF.
“Pero claro que tiene impacto. Si no quiere que lo tenga, tendría que ajustar las transferencias directas que se hacen a las municipalidades. Pone en riesgo lo que los economistas llamamos el ancla fiscal: plantea dudas sobre la voluntad del Gobierno para mantener la estabilidad de las finanzas”, recalcó a Gestión.
El ministro Raúl Pérez Reyes respaldó la norma aprobada por el Congreso e, inmediatamente, anunció una revisión a la regla fiscal del 2025. Foto: gob.pe.
Por su parte, Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, comentó que es preocupante que, tras registrar ya dos años seguidos de incumplimientos, se busque ajustar la regla fiscal del 2025, que ya había sido acotada antes.
“Vamos a cambiar la regla para poderla cumplir. Eso sí creo que podría ser malentendido por las agencias calificadoras y, en general, todo analista internacional”, lamentó.
Thorne incluso, anticipándose a esta posibilidad de revisión de regla fiscal, consideró que Pérez Reyes sería el primer ministro de Economía que hace esta acotación sin seguir al pie de la letra lo que las normas que lo permitirían exigen.
Estas son Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (Ley N° 27245, modificada por la Ley N° 27958) y la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal (Ley N° 30099).
Entre ambas se indican cinco causales para revisar las reglas fiscales: crisis internacional o emergencia nacional; decrecimiento del PBI real, exceso del límite de deuda pública, desviaciones significativas en el cumplimiento fiscal y medidas tributarias extraordinarias.
Ninguna, a consideración de Thorne, es aplicable a la realidad económica actual del Perú. Sin ir muy lejos, el déficit fiscal en abril fue de 2.9%, ubicándose por primera vez en más de un año por debajo del 3% del PBI.
“Aparte hay precios internacionales altísimos del cobre y el oro. Sería la primera vez que se cambia la regla en ese contexto. El mensaje a las calificadoras y bonistas es que no se cumplirá regla alguna. ¿Si cada ministro las cambia a su antojo, para qué planteamos reglas?“, cuestionó el director principal de Thorne & Associates.
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“Premio” al más ineficaz en gasto de inversión
Hay que decir que la posición de Pérez Reyes, planteada con claridad ayer, no es ninguna novedad.
El 22 de mayo, solo un día después que el Congreso aprobará la ley señalada con 98 votos, el MEF publicó una nota de prensa donde su titular destacó que la propuesta tendría un impacto positivo en la inversión pública.
“Existe una vocación descentralista del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En ese horizonte es importante la reciente aprobación en el pleno del Congreso de un incremento gradual del Foncomun entre el 2026 y 2029, que pasará de 2% a 4%”, remarcó allí Pérez Reyes.
La tasa del Foncomun se elevará progresivamente 0.5% entre esos cuatro años, mientras que la del IGV neto se recortará a 14%. Como ya detalló Luis Arias Minaya, ex jefe de la Sunat, a Gestión, el costo de elevar de esa forma el Foncomun sería de S/ 10 mil millones.
El asunto con esta visión, a consideración de Odar, es que se estaría premiando con más recursos al nivel de gobierno que peor uso histórico les da.
En números gruesos, el año pasado las municipalidades no utilizaron S/ 9,682 millones en obras.
“Hablamos de instituciones que disponen ya de muchos recursos y no los gastan. Ahora se aumentaría su disponibilidad. Eso sería aumentar la presión hacia una mayor ineficiencia en el manejo de la obra pública”, consideró el analista.
Según datos de la Consulta Amigable del mismo MEF, los municipios fueron el nivel de gobierno que menos recursos exclusivos para obras ejecutó en el Estado peruano durante 2024. Tenían en total unos S/ 28,977 millones para inversiones y gastaron el 66.6%. Los gobiernos regionales y central gastaron el 86.9% y 95.4% de sus recursos para dicho fin.
En números gruesos, el año pasado las municipalidades no utilizaron S/ 9,682 millones en obras. Según gremios como ComexPerú y el Consejo Privado de Competitividad, con ese dinero se pudo hacer 1,936 postas médicas, 61 hospitales de complejidad media, 8 hospitales de alta complejidad o pavimentar el 5% de las vías vecinales y departamentales.
Así las cosas, Thorne cree que el MEF no ha calculado que con su visto bueno a esta norma, se expone a mayores presiones presupuestales.
“Aquí lo que se quiere hacer es transferir ingresos del gobierno central a las municipalidades. Si hoy fueron ellos, mañana podrían exigir lo mismo las regiones. El gobierno central se quedaría sin dinero para financiar sus propios gastos”, refirió.
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Precedente peligroso para el próximo gobierno y Senado
Para Thorne, el trasfondo de cara al futuro, aparte de poner en riesgo el cumplimiento de más reglas fiscales, es que el Congreso abiertamente está infringiendo el artículo 79 de la Constitución, que remarca que no tienen iniciativa de gasto.
“El Tribunal Constitucional en un fallo facilitó el camino al Congreso, pero vamos a tener senadores. ¿Van a interpretar ese artículo e infringir la Constitución? Ellos sí podrían exponerse a juicio", se preguntó.
Odar puntualizó también que la labor de la consolidación fiscal, al plantearse una nueva revisión de las reglas desde el MEF, se está dejando a la siguiente administración.
“El riesgo fiscal que se está incubando para el siguiente gobierno es significativo. Es así desde hace dos años y ahora parece acentuarse”, analizó.
Thorne y Odar se mostraron preocupados de que, en los próximos meses, por la presión electoral, el Congreso impulse aún más medidas con altos costos fiscales.
“De repente no es algo que inminentemente estalle, pero sí nos están dejando bombas de tiempo en términos fiscales”, sostuvo el director de Phase Consultores.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
