El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló que eventuales cambios en la distribución de los recursos provenientes del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) no afectarán el déficit fiscal, cuyo límite para este año es de un 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI).
Como se recuerda, la semana pasada, el Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que plantea reducir de 16% a un 14% del total recaudado por IGV (18%) lo destinado para el erario público, mientras que eleva de un 2% a un 4% lo orientado al Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que financia el Foncomun.
“Se ha mencionado también que afectará el déficit fiscal [este cambio en el IGV y el Foncomun]. Eso no es correcto. No vamos a aumentar el gasto público simplemente porque se incrementa el IPM. Hay una decisión de política fiscal atrás”, indicó el ministro, la tarde de este miércoles 28 de mayo, en conferencia de Consejo de Ministros.
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Pérez Reyes detalló que esta modificación busca cubrir un problema de falta de financiamiento de municipalidades a causa de su baja población.
“Tiene sentido [la medida] porque a más de 300 municipalidades pequeñas, con menos de 1,000 habitantes, les toca muy poco dinero porque el Foncomun se reparte por población. Muchas de ellas están pegadas a las 8 UIT (poco más de S/ 42,000) que es el mínimo y que cubre gasto corriente y para inversión pública”, mencionó.
En esta línea, el titular del MEF agregó que los recursos que se incrementen para las municipalidades, en el marco de elevar del 2% al 4% lo destinado para el Foncomun, se usará solo para el desarrollo de obras públicas.
“Básicamente, se está reestructurando una fuente de financiamiento. Lo que va a ocurrir es que a, diferencia del actual IPM que va para gasto corriente e inversión, este incremento va solo para inversión pública, ese 2% (...) Lo que se ha hecho es plantear una modificación del reparto [al Tesoro Público y a las municipalidades]”, detalló.
Como contexto, Pérez Reyes agregó que, actualmente, la recaudación por IPM es poco más de S/ 2,200 millones, pero lo que se termina asignando a las municipalidades asciende a los S/ 29,000 millones. Descartó también que este cambio en el IPM active una asignación de recursos a quien no necesite o a quien no lo hace bien.
“Hay un preocupación legítima, también la tenemos nosotros y la manifestamos en distintas reuniones sobre la eficacia del gasto. Una cosa es presupuestar y otra es gastar, devengar. Se observa que no todas las municipalidades tienen el mismo nivel de eficacia”, criticó.
Asimismo, indicó que, en el marco de esta propuesta, realizarán “ajustes” sobre las municipalidades que no ejecutan sus recursos. “De forma tal que no tiene que ver un aumento inmediato de ingresos”, precisó.
De otro lado, anunció que se viene trabajando en un crédito suplementario para impulsar la inversión pública y que considerarán el avance en la ejecución de los recursos.
Sin embargo, diversos expertos consultados por Gestión cuestionaron esta propuesta porque reducirá los recursos con los que contará el Gobierno para elaborar el presupuesto público. Para mantener los niveles actuales de gasto, indicaron que tendrá que asumir un mayor endeudamiento.
“La ley del IGV no afecta al déficit fiscal, tranquilos, ha dicho el titular del MEF. Claro que sí lo afecta. Como el gobierno central tendrá S/ 10,000 millones menos de recursos, y como no recortará sus gastos, tendrá que endeudarse más. Es decir, el déficit fiscal sí subirá”, indicó el extitular del MEF, Waldo Mendoza, en X.
Otros especialistas como el director del Consejo Fiscal y del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, apuntaron que podría peligrar el grado de inversión del Perú ante el riesgo de un nuevo incumplimiento del límite de déficit fiscal.
Apoyo de capital humano
El ministro de Economía, además, indicó que se cuenta con alrededor de 490 gerentes de su cartera que están repartidos en difernetes municipales. Anunció que, para el próximo año, se sumarán otros 60 para esta tarea de apoyar en los trámites de ejecución de obras públicas.
Asimismo, durante la última conferencia, Pérez Reyes, se refirió a un reciente operación de endeudamiento del país con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La cifra monetaria está enfocada en fortalecer ciertas competencias del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
“Hoy se ha aprobado un decreto supremo que aprueba operación de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 68 millones, que busca incrementar las capacidades de vigilancia y control del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agraria). Esto implica laboratorios, centros de vigilancia, unidad de vigilancia, una unidad de inteligencia sanitaria, entre otras cosas”, sostuvo.
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