Este fin de semana el Congreso de la República recibió un proyecto de ley para modificar la distribución del canon minero a nivel nacional, de forma que, temporalmente, y de forma excepcional, incorpore como un nuevo beneficiario de sus recursos a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y a la Policía Nacional del Perú (PNP).
La iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario Avanza País, y propone que, durante un periodo de cinco años, se destine el 10% del canon minero a los ministerios de Defensa (Mindef) e Interior (Mininter), para fortalecer su capacidad operativa.
Ello, añade, con la finalidad de que esas carteras puedan cumplir en forma eficaz con sus funciones en la lucha contra el narcoterrorismo, la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, así como en la atención de emergencias o desastres naturales.
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Para mejorar armamento
Según el proyecto –presentado por el congresista Alejandro Cavero- se busca que esa nueva fuente de ingresos se utilice únicamente para la mejora del armamento y equipamiento de esos sectores, con equipos, armas, maquinaria y unidades operativas para cada sector.
También se destinarían para los gastos corrientes estrictamente asociados a la operatividad y mantenimiento de dichos equipos.
La propuesta legal detalla que, durante los cinco años posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), antes de calcular la distribución (de recursos a los gobiernos subnacionales), deducirá el 10% del canon del ejercicio correspondiente para el fin antes mencionado.
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Sería parte del fondo para fuerzas del orden
El monto resultante, agrega, pasaría a formar parte del fondo creado por la Ley N° 28455, que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En su exposición de motivos, la iniciativa refiere que esta asignación busca cerrar la actual brecha de equipamiento en las referidas áreas estratégicas.
Así, cita como ejemplo que, según cifras del Mininter, solo un 61.83% del patrullaje policial se cubriría con medios de vigilancia adecuada, y que el 12.48% del armamento de las escuelas de formación policial se encontraría inoperativo.
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Actualmente, el canon se distribuye exclusivamente entre los gobiernos subnacionales de los departamentos donde se desarrolla la actividad minera, incluido el respectivo gobierno regional, y las universidades nacionales.
Baja ejecución presupuestal
Sin embargo, la iniciativa legal refiere que la evidencia empírica habría demostrado que los gobiernos locales y regionales generan una baja ejecución presupuestal, que no sería eficiente, y que presentarían proyectos de baja calidad y en algunos casos, corrupción severa.
Argumenta que a lo largo de los años su porcentaje de ejecución del canon y otros ingresos similares osciló en un promedio entre 60% a 70% con algunos años en los que el gasto realizado ha sido inferior (53% en el 2008 y 60% en el 2020).
Así, concluye en que la propuesta de destinar el 10% del canon al Mininter y Mindef se basa en el costo de oportunidad de recursos no ejecutados, que –refiere- promedian los S/4,994 millones anuales entre 2008 y 2021.
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Riesgo de conflictos
Para el experto en tributación minera, Marcial García, la propuesta para modificar la distribución se apartaría del concepto de que el canon, procedente del 50% del Impuesto a la Renta que pagan las mineras, se redistribuye (únicamente) en la zona de influencia de esa industria extractiva.
En tal sentido, el Socio de la División de Tax Services de EY Perú advirtió que redistribuir ese recurso para destinarlo a equipar a las fuerzas del orden puede tener un impacto negativo en los ingresos que perciben los gobiernos subnacionales en zonas mineras y podría generar reacciones sociales en contra.
Tal modificación, concluyó, podría no resultar en lo más prudente en una coyuntura como la que vive el país, donde más bien se quiere impulsar la minería, señalando que por mucho menos se han generado conflictos sociales en zonas de influencia de esa actividad.
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Afectaría a regiones mineras
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se mostró también en contra de esa iniciativa legal, señalando que no se puede pretender generar un ingreso (para las fuerzas del orden) en contra del desarrollo de las regiones, provincias y distritos donde se desarrolla la minería.
Hacer una redistribución del canon como se propone, parafraseó, sería como “desvestir un santo para vestir a otro”, cuando además la competencia del manejo presupuestal recae sobre el Poder Ejecutivo (y no el Congreso).
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Si es que hay recursos no utilizados (por los gobiernos subnacionales), Gálvez consideró que lo que se tendría que plantear es que lo no gastado revierta a la caja fiscal para ser usados, por ejemplo, en el sector Defensa.
Además, recordó que ya un porcentaje de los ingresos provenientes de las regalías de Camisea, se destinan a las Fuerzas Armadas.
En efecto, el Fondo para las FF.AA. y la PNP recibe un 40% de regalías del Lote 88, un 30% de regalías de los lotes 56 y 57, y en el primer semestre del 2024 habría recaudado ingresos por US$ 4,500 millones.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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