Durante 2024, el Ministerio del Ambiente (Minam) introdujo cambios normativos con el objetivo de hacer más ágil el sistema de certificación ambiental. Juan Carlos Castro, titular del sector, asegura a Gestión que estas modificaciones ya han dado resultados. Ahora, en 2025, van por un objetivo más ambicioso: no solo reducir el tiempo de aprobación, sino los procesos que implica. La misión es seguir “destrabando” grandes inversiones.
Según Castro, hay alrededor de US$ 54 mil millones en proyectos aguardando que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) les dé el respaldo necesario.
Pero, no son las únicas instancias de revisión. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) sigue siendo un punto neurálgico de las trabas burocráticas que demoran la autorización ambiental en Perú.
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-En 2024 usted hablaba de sincerar la normativa ambiental con la visión de acelerar la toma de decisiones. Para eso aprobaron decretos supremos que reducían los plazos, ¿qué resultados dio esto?
Han sido ajustes importantes porque hemos logrado destrabar US$ 13,800 millones en proyectos. Esperamos que a febrero se sumen US$ 3,000 millones más. Con ello, llegaríamos a los casi US$ 18,000 millones que habíamos previsto estaban trabados. Alrededor de US$ 11,800 millones de ese total corresponde a proyectos mineros. El resto son de transportes, agrarios o de vivienda.
Eso se logró por el Decreto Supremo (DS) N.° 004-2024-MINAM, que exigió la modernización de la normatividad. El Senace ya es más veloz en sus procedimientos. Estamos eliminando la sobrerregulación ambiental que se había impuesto por décadas. Ahora los sectores están aprobando sus clasificaciones anticipadas.
-¿A qué se refiere con ello?
Cada sector tiene una gama de proyectos por promover. Con el DS les hemos dicho que identifiquen la tipología por tipo de proyecto. Es decir, cuando un inversionista vaya, por ejemplo, al sector agrario por un campo de cultivo con potencial exportador, se le deberá entregar los Términos de Referencia (TDR) que dicho sector ya preparó.
-¿Sin necesidad de recurrir al Minam?
Ya no tendrían que ir al Minam porque ya está previamente calificado el tipo de proyecto. Eso es importante porque así Senace se podrá dedicar al rol para el que se creó: evaluar grandes proyectos, bajo Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados, como se está haciendo con la Nueva Carretera Central. Los sectores evaluarán EIA semi-detallados, que son proyectos importantes, pero no de gran envergadura.
-¿Eso significa que habrán proyectos para los que bastaría que el ministerio sectorial dé su validación, sin que intervenga Minam o Senace?
Sí, por supuesto. Los EIA de menor impacto, por ejemplo, una vía rural serán aprobadas por el sector. No deberían pasar por el Minam.
-Todos iban al Senace...
Porque no había clasificación y un inversionista no sabía quién debía aprobar finalmente su proyecto. Queremos evitar que esos tiempos se alarguen. Una vez los sectores terminen su tipología, un inversionista irá al sector, si no ve su proyecto entre los tipos ya definidos, tendrá que venir al Minam.
-¿Qué ministerios ya avanzaron con esas tipologías?
Transportes, Agricultura, Producción. Falta Energía y Minas; y Vivienda.
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Los pendientes del Senace y los “opinantes”
-Además de la Nueva Carretera Central, ¿a cuánto ascienden las inversiones que están esperando o se sumarían a la espera de la validación ambiental del Senace entre 2025 y 2026?
Alrededor de US$ 54 mil millones podrían ingresar. En minería está Michiquillay y Los Calatos. También está el posible puerto de Corío. Otro es Majes Siguas, donde hay cinco países interesados. Tenemos algunas represas en Piura, que también son de gran envergadura.
-¿Otros proyectos en torno a Chancay podrían necesitar EIA?
Podrían aparecer fábricas para ensamblar vehículos eléctricos. Eso también necesitará un estudio ambiental. Esperaremos porque, si están en zonas casi urbanas, podrían requerir un EIA semi detallado. Solo el propio sector Transportes los aprobarían. Miraremos la complejidad.
-¿Cuál es la situación en la ANA? Según la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es una entidad vinculante. Sin su visto bueno no avanzan los proyectos. Usted ya ha dicho que es la entidad más “tardona”.
Han avanzado muchísimo. Esos casi US$ 14,000 millones (destrabados) en inversiones no salían sin su opinión. Han hecho dos cosas importantes. Primero, han aprobado su nómina de especialistas. Lo complejo en la ANA era contratar.
-¿En qué sentido?
Contratar un CAS podía tomar hasta tres meses y los procesos se caían. Los locadores hacían sus informes evaluando un EIA, pero su firma no era válida para el informe final si no era CAS permanente. Con la nómina aprobada eso se corrige: la firma del especialista es suficiente para emitir la opinión de la ANA.
-¿Qué otra cosa ha mejorado la ANA?
La aprobación de su nuevo TDR. Ya nos remitieron una propuesta, hemos hecho algunos comentarios y esperamos que a finales de enero nos los vuelvan a remitir. Está pendiente también su mecanismo de aprobación.
-¿Se refiere a quién oficializa el TDR?
La ANA prefiere que sea aprobada por el Minam, pero podrían hacerlo ellos con una resolución jefatural. No haremos cuestión de Estado sobre ello.
-Es una cuestión burocrática...
Podría aprobarse como resolución ministerial porque el Minam es la autoridad ambiental. Pero, no buscaremos problemas, la idea es aprobarlo y rápido.
-En el marco de optimizar la ANA, según la Ley de Recursos Hídricos, debería adscribirse al Minam en algún momento, ¿no se puede considerar ahora?
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) está modernizando primero la autoridad. Si llegamos a un acuerdo sobre cumplir esa ley, recordemos que la ANA tiene un componente agrario, que debería quedarse en el Midagri. No toda la ANA puede pasar al Minam.
-¿Se ha avanzado con ese proceso?
Sí, Perú ya tiene una autoridad nacional de cuencas, que ahora es el Minam, nunca lo asumió la ANA. Aprobamos un reglamento para ello en 2024. Así, ya podríamos acoger a la ANA. Le hemos pedido al Midagri que avance con la modernización. Les hemos pedido que nos incluyan.
-¿Con qué objetivo?
Quitar funciones que por su naturaleza técnica no debería tener. Por ejemplo, hacer obras hidráulicas o administrar maquinaria. Su esencia es ser un ente normativo.
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Líneas base
-Además de continuar con lo planteado en 2024, ¿se harán otros ajustes normativos para la certificación ambiental?
Este año vamos a comenzar con las líneas bases ambientales en Perú. Siempre se le trasladó al titular del proyecto. Por ejemplo, si quiero hacer una operación minera en una cuenca, iban a la ANA, solicitaban una cantidad de agua, pero le piden al inversionista que lo demuestre.
Hemos visto conveniente revertir eso. En Canadá, por ejemplo, tienen una línea base pública. Te la venden y tú solo debes medir el impacto en base a ello. Por eso aprueban proyectos en seis meses. Aquí levantar una línea base te demora mínimo un año.
-¿Cómo cambiaría el proceso que el Estado entregue las líneas base?
El inversionista solo tendrá que demostrar cómo su actividad impactará en una zona y cómo lo remediará. La elaboración del estudio tomará máximo seis meses y su aprobación nueve.
-Implementar ese gran repositorio suena a una tarea bastante compleja.
Por eso se va a armar un grupo de trabajo multisectorial para que cada uno comience a remitir todo lo que tiene hasta hoy armado para la gran línea base. De tal manera que conozcamos también qué tiene el Perú.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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