El territorio peruano concesionado para actividades mineras alcanzó su punto más alto desde 2016. Sin embargo, un reciente análisis del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) advierte que estas áreas concesionadas para la extracción de metales vienen creciendo en zonas con más minería ilegal.
Casi el 16% del territorio nacional está concesionado para la minería, lo que significa un poco más de 20 millones de hectáreas. Si bien la mayor parte del incremento de concesiones mineras se observa en Puno, La Libertad y Áncash, hay un avance inusual en la Amazonía.
El economista e investigador principal de CooperAcción, José de Echave, señaló que este peculiar crecimiento de las concesiones mineras se evidencia principalmente en zonas como Loreto y Ucayali, que vienen mostrando una tendencia a aumentar el territorio concesionado desde el 2023.
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Si bien la mayor parte del incremento de concesiones mineras se observa en Puno, La Libertad y Áncash, hay un avance inusual en la Amazonía. (Foto: Andina)
Los datos muestran que, en total, los departamentos de la selva concentran alrededor de un 11% de la superficie de concesiones mineras hasta octubre del 2025.
“En la Amazonía no hay minería formal, no hay gran minería, lo que hay -sobre todo- es minería ilegal. Lo que podría dar a entender este aumento de las concesiones mineras es que los que están haciendo minería ilegal están buscando un ‘nivel de formalización’ para comenzar a ser titulares de los derechos mineros”, comentó durante la presentación del OCM.
La tendencia al alza de estas concesiones mineras también se observa en territorios andinos con fuerte presencia informal.
Según indicó el especialista, hay una expansión de concesiones mineras en las zonas amazónicas de departamentos como Cusco - en áreas como Quispicanchi y La Convención- y Puno, que aunque tiene una fuerte presencia de minería formal, también se observa pequeña minería y minería informal.
Un factor fundamental para este avance, recordó, es el precio del oro, que se encuentra actualmente en más de US$ 4,000 la onza.
Si bien la mayor parte del incremento de concesiones mineras se observa en Puno, La Libertad y Áncash, hay un avance inusual en la Amazonía. (Gráfico: CooperAcción)
Esta expansión de la minería ilegal se vería facilitada por la existencia de grandes extensiones de concesiones “ociosas” que no están siendo utilizadas por sus titulares.
De las más de 20 millones de hectáreas concesionadas a nivel nacional, los datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem) revelan que solo se utilizan para exploración y explotación menos de 2 millones. Esto implica que existen alrededor de 18 millones de hectáreas “improductivas” que, aparentemente, no están siendo utilizadas.
Además, hay una gran concentración de derechos mineros en pocas manos pues un 4.23% de los titulares -de gran y mediana minería- concentra el 63% de las concesiones, y en promedio solo un 1% de los titulares mineros del país controla más de la mitad de la superficie total concesionada.
“No se va a poder encontrar salidas a la expansión caótica de la minería ilegal si es que no se discute el tema de las concesiones mineras”, indicó de Echave.
Solo el 1% de los titulares mineros del país controla más de la mitad de la superficie total concesionada. (Gráfico: CooperAcción)
Ley MAPE no sería suficiente
Aunque se esperaba que no se volviera extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) -ampliado ahora hasta diciembre del 2026- y se optará por impulsar la ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) para solucionar el latente problema de la minería ilegal, de Echave afirmó que eso no sería suficiente.
El especialista explicó que el problema de fondo se encuentra en la Ley General de Minería, que data de 1992.
“La Ley General Minería tiene unos 200 artículos de los cuales solo dos hablan de este tipo de minería y son artículos que mencionan básicamente extensión de concesiones y toda la política de concesiones mineras está en la ley. Hay cuellos de botella que tienen que ser discutidos y resueltos y La ley MAPE que no va a resolver eso”, indicó.
Además de la falta de voluntad política para abordar el problema de la minería ilegal de manera estructural, Ana Leyva, vocera de CooperAcción, indicó que se observa un debilitamiento de la institucionalidad ambiental.
“El debilitamiento siempre se ha centrado en el único instrumento ambiental que permite prevenir daños que es el sistema de evaluación de impacto ambiental (EIA)”, señaló.
Leyva sostuvo que los plazos para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados se han reducido de 150 días a 120 días, y se observa un retroceso en la capacidad de las entidades para discrepar, pues aunque se aprobó la certificación única para el EIA, se estableció que no puede haber opiniones contradictorias de las entidades que se pronuncian.
