Uno de los campos que se busca abordar con el lanzamiento del primer paquete del “shock desregulatorio” son mejoras en aspectos netamente tributarios, relacionadas principalmente a acciones de la Sunat, aunque también se contemplan modificaciones al Código Tributario.
En detalle, se trata de 24 acciones con impactos en el rubro de comercio, minero, pesca, construcción y de manera transversal, a todos los sectores. Tres están en condición de “trabajado”, 11 están “por iniciar” y el resto “en proceso”.
Sobre este grupo tributario, que forma parte de un primer paquete total de más de 400 medidas, Gestión identificó que el Gobierno apunta también contra la minería ilegal, que avanza a pasos agigantados. La última semana, por ejemplo, al menos cuatro trabajadores de Minera Poderosa fueron asesinados en dos ataques de esta actividad ilegal.
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¿Cómo se combirá la minería ilegal?
Son cuatro acciones puntuales con las que el Gobierno plantea ampliar las facultades de la Sunat en el control de diversos productos y así tener un rastreo más preciso de las actividades relacionadas con la minería ilegal, tanto en etapa de procesamiento en las plantas, como en la compra de insumos y su propio transporte.
“Es importante monitorearlos para que la minería ilegal no se expanda. Por ejemplo, en las plantas de procesamiento de minerales también se trabaja con los inscritos y suspendidos en el Reinfo, donde también están los ilegales. Se necesita controlar el oriigen del concentrado”, mencionó Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas.
Puntualmente, dos de las medidas ya fueron trabajadas e incluyen, según se precisa, la optimización del sistema de detracciones para asegurar el pago de las obligaciones tributarias del sector minero informal, así como el perfeccionamiento de la trazabilidad del comercio de minerales metálicos, permitiendo la mejora del cumplimiento tributario y la recaudación.
Inchaustegui señaló que lo planteado para la Sunat es parte del sistema interoperable para la minería a pequeña escala, anunciado en la norma que extiende el Reinfo una vez más. “El Gobierno está yendo lento. Debió ser mucho antes”, observó.
A su turno, Walker Villanueva, socio del estudio PPU, apuntó que, en el marco de estas acciones, el Gobierno promulgó recientemente una norma (Resolución de Superintendencia 86-2025/SUNAT) que introduce modificaciones legales para que la Sunat “persiga” al mineral que sale de la mina hacia las plantas procesadoras. Esto se implementa mediante detracciones, que sirven como una garantía para el Estado.
Sin embargo, planteó observaciones ya que no queda claro cuáles son los valores que deben usarse para definir los montos de las detracciones. En esta línea, apuntó que, si bien la medida es positiva porque permite un mejor rastreo, su aplicación es general y podría afectar a la minería formal.
“El objetivo del Estado, que es definir esta trazabilidad, está bien porque los informales –donde están los ilegales– no pagan impuestos y, además, generan violencia. El lado negativo es que no distingue entre los diferentes grupos ni es clara sobre el monto para deducción”, refirió.
Las otras dos acciones, actualmente “en proceso”, están orientadas a perfeccionar la identificación de los compradores de insumos destinados a la minería (como explosivos, maquinaria y equipos), mediante la incorporación de nuevos bienes al sistema de percepciones; y la inclusión de insumos químicos al sistema de detracciones. La primera requiere de una ley para su ejecución.
“[El cambio en percepciones], que también servirán para cobrar el IGV adelantado, permitirá identificar a los compradores de los insumos químicos para procesar el concentrado”, explicó el abogado de PPU.
Por su parte, Inchaustegui señaló que, más allá de las medidas, se requerirá fortalecer la intervención con el Ejército y la Policía.
Indicó que, al requerirse de la intervención del Congreso en estas medidas “en proceso”, se abre una nueva oportunidad para que se evidenie su lucha contra la minería ilegal.
“Es una buena oportunidad para que el Congreso demuestre que quiere combatir la minería ilegal y no que pareciera que están alineados con ellos”, enfatizó.
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Régimen tributario emprendedor
Un aspecto adicional que se destaca en el grupo de acciones tributarias dentro del “shock regulatorio” es el exceso de regímenes tributarios aplicables a las MIPYME, para lo cual se plantea una ley que cree el ‘Régimen tributario emprendedor’, absorviendo dos y pasando de cuatro a tres esquemas. Esta acción se encuentra “proceso”.
Villanueva recordó que, actualmente, existe el régimen general, el especial, el RUS y el MYPE, ante lo cual deslizó un escenario probable.
“Seguramente podría eliminarse el de la MYPE y el RUS, que no han tenido resultados. Sin embargo, se trata de un cambio que se viene discutiendo hace 12 o 15 años porque, precisamente el RUS, ha fracasado”, mencionó el abogado.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
