En Perumin 37, se advirtió que la exportación ilegal de minerales como oro y cobre ya opera en magnitudes comparables con el comercio formal y está impactando severamente la recaudación.
Según la estimación presentada, el Estado ha dejado de percibir más de S/ 7,500 millones en impuestos entre 2023 y 2025, más otros S/ 2,000 millones por esquemas de evasión vinculados a estas operaciones.
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Rolando Cevasco, socio director de CMS Grau, planteó que la respuesta debe ser sistémica, involucrando a toda la cadena de valor —insumos químicos, maquinaria y explosivos— para impedir el abastecimiento del operador ilegal.
“Se tiene que involucrar a todos los sectores… Si no se les vende insumos ni explosivos al minero ilegal, no va a poder explotar”, sostuvo.
Añadió que deben imponerse sanciones penales a quienes faciliten o abastezcan a la minería informal: “Hay que penalizar al que le venda al informal”.
Foco regional de la evasión
El mapa de riesgo se concentra en jurisdicciones con fuerte actividad minera: Puno, Arequipa, Madre de Dios, La Libertad, Apurímac y Ayacucho, con perjuicios fiscales que, según los estudios citados, oscilan entre S/ 160 millones y S/ 460 millones por región.
El especialista enfatizó que el volumen de tributos dejados de recaudar podría financiar infraestructura crítica —hospitales, carreteras y colegios—, por lo que urge “blindar” la cadena formal y cerrar espacios a la actividad ilegal mediante fiscalización integral y control de insumos.
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