La minería ilegal sigue siendo uno de los problemas latentes para el país debido a que afecta a la cadena productiva de una de las principales economías del Perú: la extracción de recursos minerales.
El reciente asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, región La Libertad, por parte de organizaciones criminales que presuntamente trabajan en conjunto con mineros ilegales, así como la ampliación de Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), han desatado una crisis en el país, ampliando aún más el problema.
Sin embargo, otros sectores, además del minero se ven afectados ante estas actividades ilegales, ¿cuáles son? Gestión conversó con Carla Montes, abogada asociada del Estudio Linares y especialista en el tema, así como el economista Juan Carlos Odar, para analizar el impacto.
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Las regiones donde se practica la minería ilegal
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, a enero del 2025, estas son las regiones del país donde más se practica la minería ilegal: Cajamarca, La Libertad y Madre de Dios.
En los últimos meses, la provincia de Pataz ha sido escenario de una escalada de violencia vinculada a la minería ilegal.
Madre de Dios: Es la región más afectada, con zonas críticas como La Pampa, Tambopata, Las Piedras, Inambari, Laberinto, Manu, Huepetuhe y Madre de Dios (distritos).
Minería ilegal, fuente Minam
A esta regiones se suman Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco y Ucayali, donde hay un incremento de minería ilegal, especialmente en ríos y cuerpos de agua
Perdidas económicas para el país
La minería ilegal afecta a la economía del país, debido a que el mineral extraído no es declarado y, por ende, el Estados no recibe el dinero hacia el erario nacional mediante impuestos.
“El mineral que tú extraes no lo comercializas formalmente (en la minería ilegal). Por este mineral no declaras tus impuestos al fisco, con lo cual el Estado no es beneficiado, sino los únicos beneficiados son los mineros ilegales”, indicó la abogada del Estudio Linares.
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Ausencia de servicios en zonas de minería
El economista Juan Carlos Odar advierte que la minería ilegal trae como consecuencia que no lleguen servicios como banca o inversión privada hacia las zonas donde se realizan estas actividades ilícitas.
“Acentúa la informalidad y, en ese sentido, también es que se acentúa el bajo incentivo del sector privado, y en particular de la banca, si se quiere a llegar a esos segmentos, donde puede haber mucho dinero generado, pero dinero generado de manera informal e ilegal también. Entonces, las personas que se ven afectadas por la existencia de esta actividad informal terminan precarizando su empleo y reduciendo las posibilidades de entrar a un circuito formal", mencionó.
“En general todo lo que tiene que ver con servicios, no solo financieros, sino servicios en general es afectado. Es decir, todo lo que tiene que ver con parte formal en alimentación, en transporte, en entretenimiento, todo eso se disuade porque termina habiendo un círculo vicioso en contra de las actividades formales que tienden a no establecerse en esas regiones porque finalmente es más complicado para ellos operar”, añadió.
El director gerente de Phase Consultores dijo también que - entre otras afectaciones - están la falta de servicios como el alumbrado público o contar con personal policial, ello como consecuencia del no pago de impuestos.
“También eso influye en la parte pública, porque con informalidad alta hay un bajo pago de impuestos, un bajo generador de ingresos para el sector público, no solamente a nivel nacional, sino también específicamente en esa región, en esa municipalidad, en esa provincia. Esto reduce su capacidad de contratar policía municipal, redes de alumbrado público, etcétera”, señaló a Gestión.
El medio ambiente se ve perjudicado
Una de las principales afectaciones es al medio ambiente. Carla Montes resalta que el sector minero debe cumplir ciertos requisitos para operar de manera forma, entre ellos la protección al ecosistema donde se trabaja. Esto es algo que, la minería ilegal, no cumple, representando un peligro.
“Cuando operas de manera formal, debes tener todos los permisos para realizar el procedimiento de extracción de minerales y procesarlos. Tiene que garantizar, además, la protección al medio ambiente. Esto quiere decir que, por ejemplo, los desechos que se obtengan después de procesar el mineral no pueden ser tirados en cualquier parte, sino que tienen que ser debidamente procesados”, indicó.
“Para eso, las empresas mineras construyen lo que son una especie de relave en el que se les da un tratamiento especial a estos desechos después de haber procesado el mineral”, añadió.
Minería ilegal en Perú. Foto: ANDINA
Corrupción y delitos conexos
La cadena de daños al país continúa. La minería ilegal genera otros delitos como corrupción a funcionarios, tráficos de armas, trata de personas, entre otros. Esto se reporta en zonas donde se ejerce esta ilegal actividad debido a la naturaleza de esta.
“Cuando ejerces minería ilegal, como no cuentas con la terminología y el ejercer minería ilegal está penado, generas en este caso otro tipo de impacto. Por ejemplo, se escucha mucho el tema de la corrupción de funcionarios, porque ¿cómo transportas mineral? Aquí entras en otro tipo de delitos penales. Puede ser tráfico de armas, corrupción de funcionarios, trata de personas y todo lo que hemos visto recientemente, que es el secuestro de personas”, precisó.
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La actividades mineras ilícitas generan un daño en cadena en diversas actividades en el Perú como la afectación a la economía, medio ambiente, así como la aparición de delitos como corrupción, tráfico de armas, entre otros. Foto: Observatorio CEPLAN.
Se pierde el trabajo digno por minería ilegal
Otras afectaciones directas se ven reflejadas en la ciudadanía. Montes indicó que, al existir este tipo de actividades ilícitas, el acceso a un empleo formal y digno se pierde. Esto también deriva a la perdida de otros derechos como el respeto a las condiciones laborales dignas, jornada laboral e incluso la vida.
“Cae la oportunidad de tener un trabajo dignamente. Ejercer un trabajo digno que lo que haga es respetar tu derecho a tener un trabajo en el que se respete tu vida, que se respeten las condiciones laborales, que se respete la jornada. Todos los derechos que uno como trabajador tiene cuando ejerce una actividad formal”, mencionó.
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Pataz, región La Libertad. (Foto: Andina)
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Desplazamiento de personas
Juan Carlos Odar advirtió que este escenario puede provocar el desplazamiento de la población que vive en localidades donde opera la minería ilegal debido al deterioro del nivel socioeconómico del lugar.
“En un caso extremo sí. Podría ser que ese proceso de deterioro de la situación socioeconómica de la región influya en que las personas consideren que les puede resultar más atractivo migrar, buscar otro lugar donde vivir por la proliferación de esas actividades ilegales”, explicó.
“Además, como genera mucho movimiento efectivo, mucha riqueza en comparación con otras actividades. Esto genera una mayor atracción a que se sigan haciendo esas actividades informales, desplazando a las legales refirió.
Por ejemplo - sostuvo - en Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios, la minería ilegal ha terminado también generando otros efectos como contaminación, deterioro de la Amazonía, deforestación. “Entonces, ya estamos hablando de que no es solamente un efecto directo, para la población, sino también un efecto indirecto para todos, la erosión, etc. Y finalmente reduce el atractivo a vivir en la zona”, puntualizó.
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¿Reinfo, la causa del problema?
La abogada Carla Montes del Estudio Linares indicó que el tanto el Registro Integral de Formalización Minera y la falta de planeamiento para combatir la minería ilegal agravan la problemática. Precisó que el Reinfo, cuyo objetivo es formalizar a los mineros, mantiene a personas que presuntamente se encuentran involucrados en actividades ilícitas.
“Lo que hace el Reinfo es mantener a estos mineros que están inscritos ahí y que se encuentran en vías de formalización. Muchas veces son estos mineros, lamentablemente, quienes podrían estar inmersos en estos actos delictivos. El Estado, lo que hace al mantener este registro de formalización minera es darles las herramientas para que ellos sigan ejerciendo actividad minera y no puedan ser denunciados penalmente. Justamente ese es el marco jurídico legal de protección que les da el Reinfo. Ellos pueden seguir ejerciendo actividades mientras el Reinfo no desaparezca”, indicó.
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No obstante, refiere que el problema no radicaría únicamente en la ampliación del Reinfo, sino también en que el Estado no establece medidas para hacer frente a la minería ilegal y cómo incentivar, finalmente, a que los mineros puedan ser formales.
“Incluso esto ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en el que han emitido una sentencia en la que, si bien han declarado la improcedencia de una demanda que se ha planteado por el Colegio de Abogados de Loreto, lo que está indicando es que el Estado es quien se tiene que abstener de contemplar un marco jurídico de exención, de responsabilidades penales”, añadió.
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En esa línea, también cuestionó que el Estado no realiza la fiscalización para determinar si, efectivamente, estos mineros están cumpliendo con condiciones de permanencia. “Lo que tienes es un Estado deficiente, que no puede detectar que tú ya cruzaste hasta el marco de la legalidad”.
