Con la lupa sobre los datos. Datum Internacional consultó sobre la percepción de los peruanos con respecto a la actitud del Gobierno ante la minería ilegal. El análisis se desarrolla en un panorama de debate: el Congreso busca aprobar la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal —más conocida como Ley Mape— antes de junio, después que se extendiera medio año más el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El escenario de emergencia se acentúa con las consecuencias sociales, ambientales y políticas que desencadena la actividad ilícita. Pataz, en La Libertad, es un testimonio de ello. Como se recuerda, en diciembre del 2024, cuatro trabajadores murieron luego de un ataque con explosivos —a manos de mineros ilegales— en un socavón.
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La opinión pública sobre la minería ilegal
Datum planteó una pregunta ante peruanos de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, tanto de zona urbana como rural. En detalle, “¿Siente usted que el Gobierno enfrenta o no enfrenta, de manera enérgica, a la minería ilegal?” fue la interrogante.
Al respecto, un 77% fue tajante al considerar que no hay un accionar gubernamental. De hecho, solo el 16% dice que sí hay una lucha frontal.
De hecho, el 80% en la zona norte, donde Pataz (La Libertad) ha sufrido ataques directos de la minería ilegal contra la minera Poderosa, respondió que el Gobierno no está haciendo nada al respecto. En Lima y Callao el porcentaje es de 82%.
Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, comenta que la formulación sobre la minería ilegal es nueva en la encuesta. Analiza, así, el trasfondo del resultado: “Lo que refleja es la percepción de que hay una debilidad del Gobierno. [...] La popularidad de la presidenta se mantiene en 4% y ya es un tema recurrente el hecho de que la población no solo no confía, sino que además observa que no está resolviendo los principales problemas del país, y la minería ilegal es uno de ellos”.
La opinión de Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas (Minem), es similar. “Está demostrado que la actividad ilegal genera el mayor daño a la economía, representa el 2.5% del PBI en pérdidas, y no hay una acción decidida por parte del Gobierno peruano”, sostiene.
Desde su perspectiva, ya no solo se trata de crear un alto comisionado, sino de que lideren esa decisión el primer ministro Gustavo Adrianzén y la presidenta Dina Boluarte. “Por ello el resultado: se siente que el Gobierno hace anuncios, pero no concreta con planes. Debe hacer planes que se puedan medir, que cada cierto tiempo muestren resultados”.
Examina también que, aparte de la baja credibilidad de las voces representativas, hay un factor monetario en descuido. “Otro punto que me parece preocupante es el tema del presupuesto. Desde el 2019, el presupuesto para el combate a la minería legal, en vez de crecer, se reduce”, detecta.
Así opinó el Perú sobre la posición del Gobierno ante la minería ilegal.
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Los ataques por el oro en Perú
El combate de la minería ilegal, advierte Incháustegui, además del presupuesto, requiere de propuestas de desarrollo territorial y de generación de actividades alternativas. Sobre el último punto recuerda una dificultad más: ante el elevado precio del oro, cualquier ocupación opcional resultará insuficiente.
Aborda, en ese sentido, la bandera roja que predomina en Pataz. “Es una mezcla de minería ilegal con criminalidad. La minería ilegal que estaba en la zona ha recibido la presencia de economías y de grupos criminales que toman a los mineros artesanales y los explotan”, enfatiza.
Recalca que la base militar y la declaratoria de emergencia son parte de una actitud decidida, pero debería haber más. “La empresa se siente un poco desvalida. [...] El caso de Poderosa es un ejemplo de una empresa que ha tratado de formalizar a los mineros artesanales, pero que ha entrado en situación de criminalidad, de demandas, y ahí no hay una respuesta fuerte del Gobierno”.
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Promoción de la minería artesanal
El exministro es partidario de la minería artesanal como forma de combatir la minería ilegal. “El Gobierno debe convocar a todos los actores de la minería para promover algo más efectivo: impulsar la minería artesanal, eliminar el Reinfo y proponer una nueva ley Mape”, enumera.
En cuanto al Reinfo y la posibilidad latente de extenderlo, el exministro cree que el actual titular de la cartera tiene toda la voluntad de gestionar bien una salida, pero debe sumar a su trabajo un esfuerzo multiactor.
“Invitar a todos los sectores y al Congreso para tener una propuesta más rápida. No tenemos que esperar a que se venza el plazo para recién reflexionar en torno a esto, porque la demora lo único que hace es que la minería ilegal siga desarrollándose porque la minería artesanal no puede implementarse”, puntualiza.
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Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
