
Los CEO de grandes compañías mineras en Perú advirtieron sobre los principales riesgos que enfrentan actualmente para poder seguir desarrollando esa industria extractiva en el país de forma sostenible, durante el Foro de Líderes Mineros Nacionales que se realizó en el marco del PERUMIN 37.
Para Leandro García, director ejecutivo y CEO de Compañía de Minas Buenaventura, los mayores riesgos hoy para el sector son la informalidad y la minería ilegal, además de la ya continua inestabilidad institucional y regulatoria que afecta al sector desde hace varios años.
A esto le añadió la inestabilidad política, en el sentido que, graficó, cada cinco años (entre periodos electorales) parece que “compráramos el ticket de una montaña rusa”, pues se vuelve a discutir otra vez si se cambia la Constitución o si se aumentan los impuestos a la industria minera.
“Nosotros competimos por capital, y la predictibilidad de un país es una de las grandes ventajas que deberíamos ofrecer al capital que espera por invertir”, apuntó.
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Arrancar una mina puede tomar hasta 40 años
Si bien el Perú ofrece como ventaja competitiva una geología privilegiada, Eduardo Landin, CEO de Hochschild Mining, advierte no debemos confiarnos, porque ahora Brasil y Argentina están ofreciendo mayor agilidad en sus trámites para la actividad minera.
Citó como ejemplo que, en un estado brasileño, obtener un estudio de impacto ambiental (EIA) puede tomar menos de 18 meses, cuando en el Perú, desde que se logra un acuerdo con las comunidades y se concluyen los estudios de línea de base (para el EIA) pueden pasar entre 4 a 5 años.
En general, señala que, según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), se estima que concretar un proyecto minero, desde que se descubrió el yacimiento hasta que se puso en marcha la mina, puede demorar hasta 40 años en el Perú, cuando la media global es de 28 años.
Una de las trabas, según refirió, es que, a pesar de que una empresa obtiene la aprobación de su EIA, debe volver a hacer una consulta previa que puede demorar seis meses, pese a que para la obtención de dicho estudio ya había llegado a acuerdos con la comunidad en el área de influencia de la iniciativa.
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Preocupa proyecto para restringir concesiones
Derek Cook, director ejecutivo y CEO de Cerro Verde, señala que el obtener los permisos de operación en el país puede tomar tres veces más el tiempo de lo que determina la normativa, y que los procesos para su obtención se tienen que simplificar.
Dio a entender que para que una mina empiece a generar ganancias pueden pasar más de 50 años, pero ahora -observa- se están planteando en el Congreso de la República proyectos de ley para reducir el plazo de las concesiones que no reporten producción, de 30 años actualmente, a 10 años.
Ese tipo de iniciativas, según afirmó, acarrea el riesgo de hacer perder todo lo invertido a las empresas, y les genera nerviosismo.
En tanto, Juan Luis Kruger, gerente general de la empresa Minsur, refirió que, en efecto, obtener permisos en nuestro país, que según los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) deberían tomar seis meses, pero en la práctica, demoran hasta dos años.
“Existen TUPA con tiempos regulados pero que nunca se cumplen; hay una buena intención del Gobierno (en acelerar trámites) pero necesitamos tener predictibilidad en los permisos y en la permisología”, invocó.
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Con tres años de IR se pondrían más trenes
Otro factor clave para poder desarrollar los proyectos, apuntó Kruger, es desarrollar más proyectos de infraestructura, que permita a las empresas operar de manera más eficiente y reducir costos.
“Si hay más proyectos entramos en círculo virtuoso, se genera más Impuesto a la Renta, que puede financiar mayor inversión en infraestructura (que permita al Perú) ser el primer productor de cobre del mundo. No hay que descubrir nuevos yacimientos si no poner en valor lo que ya hay”, aseveró.
Estimó que, si sumáramos todo el Impuesto a la Renta que han pagado las empresas mineras, con dos o tres años (de recaudación de ese tributo) se podría construir el proyecto del ferrocarril de Tumbes a Tacna, o el tren de Chancay a Brasil, o el proyecto ferroviario de Marcona hasta Abancay, y conectarlo con el del Cusco.
En este último caso, refirió que, entre Marcona y Abancay, hay siete proyectos mineros que se podrían desarrollar construyendo nueva infraestructura (de transporte).
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