
El Perú no ha visto desarrollarse un nuevo proyecto minero greenfield de gran envergadura desde la construcción de Quellaveco, una situación que genera preocupación en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Así lo advirtió Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del gremio, quien señaló que esta ausencia representa un riesgo para la sostenibilidad de la producción minera en el largo plazo.
Ortiz remarcó que el desarrollo del sector depende de tres pilares clave: estabilidad institucional, mayor inversión en exploración y una política firme frente a la ilegalidad.
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“El Perú tiene el potencial geológico y humano para liderar la transición energética global, pero eso solo será posible si se garantiza seguridad, predictibilidad y respeto al Estado de derecho”, afirmó a través de una columna publicada en el boletín Semáforo Minero.
En ese sentido, saludó los resultados preliminares reportados por la canadiense Hannan Metals en su proyecto aurífero Valiente, ubicado en Huánuco. Para Ortiz, este tipo de hallazgos “son claves para dinamizar la etapa de exploración, que es la base de toda actividad minera futura”.
Minería ilegal: una amenaza creciente
Ortiz también expresó su preocupación por el avance de la minería ilegal, fenómeno que —según dijo— se ha vuelto insostenible. Recordó, en particular, la reciente masacre en Pataz (La Libertad), donde 13 personas perdieron la vida. Si bien reconoció como positivo el despliegue de las Fuerzas Armadas para recuperar el control en la zona, consideró que se requieren acciones de mayor alcance.
Ortiz consideró necesario implementar una política integral que se replique en otras regiones como Madre de Dios y Apurímac.

Cuestionamientos al Reinfo
Otro de los puntos críticos señalados por el representante del IIMP fue el proceso de formalización minera, actualmente basado en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Ortiz cuestionó su efectividad, destacando que, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, más de 50,000 registros han sido excluidos del padrón, mientras 31,000 aún continúan en proceso.
“El Reinfo debe ser reemplazado por un modelo con reglas claras, plazos definidos y herramientas técnicas que realmente conduzcan a la formalización”, sostuvo.
Protestas informales y respaldo político
El ejecutivo también criticó las recientes protestas encabezadas por gremios de mineros informales que exigen la derogatoria del cierre del Reinfo. Estas manifestaciones —que desde finales de junio han incluido bloqueos de carreteras en distintas regiones— podrían generar pérdidas diarias de hasta S/400 millones, según estimaciones.
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“El respaldo político que han recibido estas movilizaciones por parte de algunos congresistas es alarmante. No se puede construir un sector minero sólido si se cede ante presiones de la ilegalidad”, advirtió Ortiz.
Finalmente, el vicepresidente del IIMP reiteró la necesidad de avanzar hacia una política nacional de minería que articule la atracción de nuevas inversiones con mecanismos sólidos de fiscalización. También pidió fortalecer la institucionalidad del sector para brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas.