El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) comenzará en los próximos días la distribución gratuita de agua potable a ollas comunes y comedores populares en situación de vulnerabilidad, como parte de la implementación de la Ley N° 32416, publicada recientemente en el diario oficial El Peruano.
La norma faculta al MVCS a realizar esta tarea en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), utilizando camiones cisterna.
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En entrevista con Canal N, el titular del MVCS, Durich Whittembury, detalló que la iniciativa empezará en Lima Metropolitana y Callao, donde se han identificado 1,200 locales que atienden a más de 80,000 personas en condición de pobreza y pobreza extrema.
“La próxima semana empezamos con la distribución. Ya tenemos las bases de datos georreferenciadas cruzadas y el marco legal que antes no existía para llegar a las ollas comunes”, afirmó.
El ministro explicó que muchas de estas ollas comunes se encuentran en zonas periurbanas y altas de la ciudad, donde no hay redes de agua y desagüe. Una conexión domiciliaria en zonas urbanas cuesta aproximadamente S/ 2,000, mientras que en áreas periféricas esa cifra puede superar los S/ 100,000.
A pesar de esta brecha, el sector trabaja en megaproyectos como “Nueva Rinconada”, que busca llevar conexiones formales a distritos como Carabayllo, Comas y Jicamarca, con una inversión cercana a los S/ 4,000 millones. Estas obras se culminarían en el primer semestre del 2027.
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Proyectos en cartera
Whittembury también destacó que, además del suministro inmediato de agua, el MVCS impulsa una cartera de más de 700 proyectos de inversión, de los cuales el 90% están dirigidos a zonas rurales en la Amazonía y regiones altoandinas, donde se requieren soluciones no convencionales como sistemas por gravedad o bombeo.
“La brecha es histórica y el crecimiento desordenado de las ciudades la agrava. Por eso, tenemos que planificar con visión de largo plazo”, señaló.
Además, anunció que el ministerio trabaja junto a Proinversión en una cartera de proyectos de asociaciones público-privadas (APP) valorizada en unos US$ 10,000 millones, enfocada en cerrar la brecha de agua potable y saneamiento en todo el país.
