La nueva ley Agraria aún no da frutos, pero en el Congreso de la República ya buscan desaparecerla de raíz. Según constató Gestión, desde que se promulgó el pasado 11 de septiembre, ya son 6 los proyectos que han presentado diferentes legisladores para derogar este marco normativo.
Esta situación se presenta también cuando aún se aguarda que el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), publique el reglamento que permita su entrada total en vigencia. De hecho, recientemente el Poder Ejecutivo instaló una mesa de trabajo para su elaboración.
Lo llamativo también es que el principal argumento para solicitar la eliminación de la ley Nº 32434, recuerda un cambio de postura respecto a la misma desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Uno que en su momento llamó bastante la atención.
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Los argumentos para derogar la nueva ley Agraria
Los autores de esta búsqueda por desaparecer el nuevo régimen agrario son Margot Palacios, Bernardo Quito, Alfredo Pariona, Alex Flores, Ruth Luque y Sigrid Bazán.
Como contó Gestión, el mismo día que se promulgó la nueva ley Agraria, las congresistas Luque y Bazán presentaron sus propuestas de derogación, acusando que la norma solo beneficiaría a un grupo pequeño de empresas del sector.
Prácticamente con la misma lógica se han sumado durante septiembre con otros proyectos tanto Quito, Pariona como Palacios, esta última la única que no pertenece a la Bancada Socialista o el Bloque Democrático Popular, al ser no agrupada.
Si bien la mayoría de proyectos solo tienen un artículo único, es decir, señalan que su objetivo es derogar la ley sin más, es común encontrar que el “respaldo técnico” de los congresistas es una vieja postura del MEF.
En más de un proyecto se recuerda un comunicado que emitió el ministerio, cuando lo dirigía José Arista, en diciembre del 2024. Allí la cartera insinúo que solo un grupo selecto de empresas se beneficiaría con la ley.
“Se impulsa la aprobación de una propuesta que reduce la tasa de Impuesto a la Renta (IR) a 15% (que se aplica sobre la ganancia de las empresas), según se dice, para beneficiar a los pequeños productores agrarios; pero poco más de 500 empresas serían las únicas beneficiadas, principalmente las grandes agroexportadoras”, dice textualmente el pronunciamiento del MEF de entonces.
Al respecto, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), recordó que, luego de Arista, tanto José Salardi como el actual ministro Raúl Pérez Reyes han respaldado la ley.
“Se trata de un informe que incluso dentro del mismo Ejecutivo ha sido cuestionado, sobre todo desde el Midagri”, aseveró. Pérez Reyes, vale recordar, no solo apoyó esta norma, sino que apuntó que, en todo caso, habría que revisar otros beneficios tributarios en su lugar.
Para Luis Miguel Castilla, extitular del MEF, es lamentable que, más allá de la pertinencia del beneficio tributario, no haya una línea constante de pensamiento desde lo más alto del ministerio.
“Al margen de que uno esté a favor o en contra, acá hablamos del mismo Gobierno cambiando de posición en menos de un año. Eso añade incertidumbre y le pasa factura al MEF, que hoy es errático en sus posturas”, consideró.
Amaro también respondió a la crítica congresal indicando que el nuevo régimen agrario sí incluye entre sus beneficiarios a todos los miembros de la cadena productiva del sector. El MEF de Arista en la misma línea indicó en su momento que “se utilizaba como argumento al pequeño productor agrario, debilitando la recaudación de ingresos públicos“.
“Es una ley marco, es para todos porque hace tiempo al agro se le ve como un ecosistema. Si no fuese así, y estuviese sesgada a un grupo, no funcionaría, a pesar de las ventajas competitivas que tenemos frente al mundo. Hay elementos para promover asociatividad, posesión de tierras, agricultura orgánica y más”, aseguró.
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Las pocas diferencias entre los proyectos planteados
Si bien casi todos los proyectos señalados se limitan a plantear un artículo único para derogar la ley Nº 32434, sí hay un par que incluyen más disposiciones que podrían debatirse.
El congresista Quito, por ejemplo, también propone que el Congreso restituya que el aporte mensual del sector agrario a Essalud vuelva a tener la tasa general, fijada en 9% sobre la remuneración abonada por mes. Hoy el rubro aporta el 6%, aunque se proyecta que vuelva al 9% en 2028.
Desde AGAP señalaron que esta idea no sería una solución a los problemas de salud, ya que su mala gestión responde a la poca duración de sus cabezas. En el Gobierno de Dina Boluarte van cinco.
Gabriel Amaro, presidente de Agap. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)
Pero Castilla cree que ese es un argumento de segundo orden. “El tema de fondo es que se le da una elevada carga social a una actividad con una fuerte estacionalidad en la contratación. Eso disuade el empleo formal”, advirtió el exministro.
Por otro lado, congresistas como Luque o Bazán solo plantean la derogatoria de la nueva ley Agraria, sin proponer una alternativa que la reemplace. Palacios, por su parte, si bien habla de “la entrada en vigencia de un nuevo marco normativo”, indica que mientras tanto vuelva a estar vigente la ley Nº 31110.
Esta es la norma que se aprobó durante el gobierno de Francisco Sagasti y que permitió, hasta ahora, que se incremente la tasa del IR hasta 25% este año para el rubro. Con la nueva, se retoma una tasa de 15% hasta 2035.
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El reglamento en espera
Los nuevos proyectos para derogar el régimen agrario renovado aparecen cuando esta nueva norma ni siquiera ha entrado en operación total. Hace falta que el Ejecutivo publique su reglamento. El Gobierno tiene 60 días calendario, que vencen el 11 noviembre, pero este plazo no se cumpliría, necesariamente.
El último 3 de octubre el Midagri creó un grupo de trabajo sectorial temporal para elaborar la propuesta. Desde su instalación, que debería darse entre esta y la próxima semana, tendrán 45 días calendario para culminar su trabajo. El deadline sería máximo el 4 de diciembre, superando el tiempo dado para publicar el reglamento.
Vale recordar igualmente que la disposición tributaria sobre el IR y el Impuesto General a las Ventas (IGV), entrarán en vigor el primer día del 2026, según la misma ley. Entonces, el 31 de diciembre de este año sería, en última instancia, el plazo final para que esté totalmente en regla.
Al respecto, Amaro destacó que la ley es bastante clara, pero que hace falta se profundicen en ciertos aspectos. De igual forma, recordó que no solo esta normativa es lo que se necesita mejorar en el sector agrario.
“No solo se necesita una ley marco, sino también mejorar la ley de cooperativas y de agricultura familiar. Aparte, se están haciendo reformas en los programas del Midagri, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa). Eso debe acompañar este esfuerzo”, detalló.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes fui parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
